Democracia en defensa propia

La actual crisis en el país altiplánico y amazónico, cuyo último episodio se escribió la pasada noche del 11 de noviembre con la renuncia y salida del país del ex presidente Morales y otros miembros de su gobierno hacia México, está larvada desde hace años. Seguramente desde que el proprio Morales impusiera en 2005-2006 como objetivo la hegemonía política, ideológica y cultural con su «proceso de cambio».

La manipulación electoral del pasado 20 de octubre ha sido el detonante de este episodio, que recuerda la caída del ex presidente Sánchez de Lozada en 2003. Entonces fue una revuelta social en la que andaba el propio Morales lo que desencadenó aquellos trágicos episodios y la huida del entonces presidente; hoy, en cambio, estamos ante la comisión de delitos electorales muy graves, protagonizados por quienes se habían empeñado en permanecer en el poder a toda costa, pues la candidatura de Morales y García Linera era contraria a la Constitución Política de Bolivia, «su» propia Constitución, un texto que han diseñado, impuesto, modificado e interpretado a su antojo para conseguir incluso lo que ella misma prohíbe.

Bolivia es un país fragmentado y complejo (oriente y occidente, tierras altas y tierras bajas, collas y cambas, altiplano, valles y amazonia) que desde la inapelable victoria de Morales en las elecciones de 2005 se había convertido en el mayor campo de experimentación etno-comunista del mundo. Desaparecido el icónico Castro, constatada la ruina total venezolana, el caos ecuatoriano, la farsa argentina y también el inesperado giro de los acontecimientos en Brasil, el país de la tricolor parecía sede inexpugnable y punto de referencia de las organizaciones de la órbita del Foro de São Paulo, pero el mandatario indigenista no ha conseguido, de momento, materializar su reelección indefinida bajo apariencias democráticas.

Evo Morales y su vicepresidente, García Linera, verdadero gobernante del país y cuya fortuna en este momento será seguramente incalculable, en estos casi 15 años se habían instalado en la arbitrariedad, cambiando las leyes a su antojo para controlar y permanecer en el poder; colonizando todas las instituciones y organismos de control; eliminando progresivamente a sus adversarios políticos con acusaciones de lo más disparatado con la complicidad de la propia justicia, llegando a inventarse intentos de atentados contra su persona para apuntalar su liderazgo. Se equivocan quienes ven un golpe de Estado estos días contra Morales e ignoran sus continuos abusos antidemocráticos durante años.

El mayor abuso de todos seguramente ha sido esta nueva candidatura presidencial. La Constitución boliviana no le permitía un nuevo mandato, pero para superar esta dificultad llegó a organizar incluso un referéndum constitucional para habilitarse. El 21 de febrero de 2016 lo perdió, pero sólo un año después el Tribunal Constitucional sentenció que podía acudir a la reelección de manera indefinida alegando que era parte de sus «derechos humanos». El Tribunal Supremo Electoral, controlado por un pariente suyo, le rehabilitó. La hoja de ruta trazada era ya cristalina.

La disparatada sentencia del Tribunal Constitucional, insistimos, bajo control del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales), vino a decir que esa prohibición de la Constitución era inconstitucional. El desenlace no podía ser consiguientemente otro y todos hemos visto cómo se habían organizado unas elecciones fraudulentas, ojipláticos con la manipulación informática la misma noche electoral. Así lo afirma el informe de los observadores electorales y confirma la auditoría de la OEA, que señala los gravísimos vicios en el proceso y recomienda un nuevo proceso electoral bajo otra autoridad electoral, cuyos miembros han sido detenidos cuando intentaban huir, como el proprio Morales y Linera.

La vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Añez, ha comenzado a viabilizar un nuevo proceso electoral tras las renuncias de las autoridades bolivianas según lo dispuesto en el art. 170 de la Constitución, que establece que en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.

Para que la Asamblea funcione es necesaria la participación de los representantes del MAS, que deberían contribuir al restablecimiento del orden constitucional. Las frágiles instituciones bolivianas, que con el apoyo y ayuda de Policía, Ejército y grupos de diputados, están encauzando la situación para organizar unos comicios limpios y transparentes, con una nueva autoridad electoral y la supervisión de los observadores electorales, no merecen las acusaciones que están llegando desde el exterior. A Evo Morales y compañía nadie le ha dado un golpe de Estado.

Juan J. Gutiérrez Alonso es Profesor de Derecho administrativo en la Universidad de Granada.

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