Turquía atraviesa una de las peores crisis políticas de su historia reciente. El país asiste al agudo enfrentamiento entre el partido islamista moderado en el Gobierno, el AKP dirigido por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, y las fuerzas políticas laicas, divididas entre sí pero respaldadas en último término por el Ejército. El detonante de la crisis ha sido la elección del presidente de la República, un cargo con poder ejecutivo y capacidad de veto, hasta ahora reservado a un político fiel al ideario kemalista laico. El AKP ha propuesto para la jefatura del Estado a Abdullah Gül, el actual ministro de Asuntos Exteriores, y la oposición ha boicoteado la elección abandonando el Parlamento e impidiendo así que hubiese dos tercios de diputados presentes. El Ejército, al mismo tiempo, se ha descolgado con la advertencia de que no aceptaría una votación favorable a Gül. La UE ha reclamado al Ejército turco que permanezca al margen de la política y respete el Estado de Derecho, argumentando que se trata de una clara prueba de la voluntad de Turquía de ser una democracia. Los militares se ven a sí mismos como los defensores absolutos de los valores seculares en los que fue fundada la República en 1923, frente al islamismo y la teocracia que avanzan y amenazan al régimen laico. El poderoso Ejército turco ha intervenido al menos cuatro veces en los últimos cincuenta años para decidir el gobierno al margen de los procedimientos legales establecidos. Al final, el Tribunal Constitucional ha hecho una lectura del requisito de quórum favorable a los opositores a Erdogan, todo ello en medio de masivas protestas ciudadanas contra la progresiva islamización del país. La salida provisional de la crisis son las elecciones anticipadas, el 22 de julio. Además, el AKP se ha crecido y quiere promover una reforma constitucional que permita la elección del presidente de la República por sufragio universal y redefina sus poderes. Todos los analistas coinciden en que la llamada a las urnas puede ser sólo un aplazamiento de una inestabilidad aún mayor.
En el fondo, la crisis turca puede entenderse como la competencia entre dos partes del país que mantienen visiones contrapuestas e imperfectas de la democracia. Por un lado, los islamistas moderados, que conforman una clara mayoría parlamentaria (aun cuando sólo recibieron el 34,2% del voto en 2002), quieren ejercer sus derechos y elegir a un presidente de la República afín. Es cierto que su agenda religiosa a medio plazo entra en conflicto con libertades fundamentales y con los valores laicos de la República turca fundada en 1923 por Kemal Ataturk. Enfrente de esta mayoría relativa de islamistas moderados se encuentran los diferentes partidos laicos, que quieren preservar las esencias republicanas y pretenden salvar del islamismo al menos a la jefatura del Estado. El Ejército, por desgracia todavía muy activo en la política, respalda estas actitudes de cautela republicana y, si es necesario, de resistencia al poder de la mayoría parlamentaria islamista.
La paradoja de la situación turca es que el único punto de encuentro de las dos mitades del país y de salida de la crisis es profundizar en la democracia. Sólo así cada parte podría legítimamente hacer avanzar su programa y limitar los excesos del programa contrario. La democracia avanzada, tal y como hemos aprendido durante el siglo XX, consiste en «equilibrar el miedo a los pocos con el miedo a los muchos», en frase de uno de los grandes politólogos norteamericanos. Es decir, se trata de no permitir que las mayorías arrasen a las minorías o que éstas gobiernen usurpando el lugar de la mayoría. Un problema previo en Turquía es saber dónde está la mayoría real, dada la dispersión del voto laico y las dificultades para la participación kurda. Pero supongamos que hay una mayoría islamista y unas minorías republicanas, de acuerdo con los últimos resultados electorales. Sólo las renuncias simultáneas a la intervención del Ejército en la política y a la islamización de la vida política, un resultado de tablas entre estos bandos, garantizaría el funcionamiento del sistema y contribuiría al avance hacia la democracia.
El otro vector para resolver la crisis turca es la presión inteligente externa; en especial, la europea. Tanto el sometimiento del Ejército al poder civil como el correcto entendimiento de la libertad religiosa y la libertad de religión son criterios de entrada en la UE. La modernización política y económica realizada por Turquía desde 1923 consiguió uno de sus mayores éxitos en octubre de 2005, con la apertura de negociaciones de adhesión a la Unión, un objetivo largamente deseado por la República turca. Desde entonces, la negativa del Gobierno de Ankara a reconocer a Chipre, miembro de pleno derecho de la UE, y la no puesta en práctica por Turquía de algunas reformas sobre derechos humanos, sobre todo en torno a la libertad de expresión, han hecho embarrancar políticamente la negociación y hoy el proceso está prácticamente congelado. Además, las actitudes miopes francesas y austríacas de propiciar un veto al eventual ingreso de Turquía (nunca antes de 2014) han complicado mucho las cosas. Sería preciso introducir racionalidad y pragmatismo de nuevo en este acercamiento mutuo y volver a utilizar la baza europea como un incentivo para la transformación interna del país.
José M. de Areilza Carvajal, profesor de Derecho Comunitario, Instituto de Empresa.