La democracia, dicen los manuales, es un sistema en el que los ciudadanos y ciudadanas, que son los titulares de la soberanía, eligen libremente a sus representantes de entre opciones políticas diversas, que se presentan periódicamente a las elecciones, para que legislen y gobiernen.
España ingresó en la Unión Europea en 1986, lo que ha sido enormemente beneficioso. El problema es que la Unión Europea no sabemos exactamente qué es desde la perspectiva de su organización institucional. La Unión Europea está integrada por un conjunto de Estados democráticos mediante unos tratados internacionales cuyo resultado es que sus instituciones se caracterizan por lo que eufemísticamente se denomina déficit democrático, lo cual quiere decir que no tienen una legitimación democrática suficiente del conjunto de la ciudadanía de la Unión.
Los ciudadanos y ciudadanas no participamos más que muy indirectamente en la elección de las instituciones de la Unión Europea. Si analizamos la institución con más poder, que es el Consejo de la Unión Europea, que forma parte tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo de la Unión, comprobamos que está integrado por un ministro de cada uno de los Estados miembros. Pues bien, los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, por ejemplo, elegimos a los diputados al Congreso, los cuales eligen al presidente del Gobierno, el cual elige a sus ministros, uno de los cuales forma parte del Consejo de la Unión Europea, junto con los otros 26 ministros de los Estados miembros de la Unión, que no han sido elegidos, de ninguna manera, por nosotros. Todos ellos deciden temas que nos afectan directamente.
Por otra parte, la Comisión Europea, que viene a ser una especie de Gobierno de la Unión, aunque con poderes compartidos con el Consejo de la Unión Europea, está formada por 27 comisarios elegidos, en la práctica, uno por cada Estado miembro y que tienen orientaciones políticas diversas.
El Parlamento Europeo, que es la única institución elegida directamente por la ciudadanía europea, no tiene los poderes propios de un Parlamento contemporáneo, dado que no puede aprobar por sí mismo las normas europeas, los reglamentos y las directivas, sino que también deben ser aprobadas por el Consejo de la Unión Europea; ni puede controlar a las dos instituciones que forman el Gobierno de la Unión, porque puede controlar parcialmente a la Comisión, pero no a la institución con más poder, que es el Consejo de la Unión Europea. Por ello, es prácticamente irrelevante lo que vote la ciudadanía en las únicas elecciones de alcance europeo en las cuales puede participar, las del Parlamento Europeo, porque no se ofrecen políticas alternativas diferentes, dado que las decisiones se adoptan por el conjunto de Estados, con independencia de la composición del Parlamento Europeo.
Efectivamente, quien adopta las decisiones estratégicas es el Consejo Europeo, que está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros y que no debe confundirse con el Consejo de la Unión Europea ya referido. El Consejo Europeo ha elegido, en la práctica, a José Manuel Durão Barroso presidente de la Comisión Europea y a Mario Draghi presidente del Banco Central Europeo, y han influido decisivamente en la elección de Christine Lagarde como presidenta del Fondo Monetario Internacional, todos bajo la supervisión de Angela Merkel, canciller alemana. Estas personas, que nosotros no hemos elegido y que forman lo que se denomina la troika comunitaria, deciden, desde la perspectiva económica, lo que deben hacer diversos países como España, Grecia, Italia o Chipre. En España hicieron reformar la Constitución e hicieron aprobar la reforma laboral que entendieron que convenía; en Italia y en Grecia decidieron quién sería el primer ministro, Mario Monti y Lukas Papademos, respectivamente; y entre otras muchas cuestiones también deciden, por ejemplo, el precio de las hipotecas de toda la Unión Europea. En este sentido, no es ocioso preguntarse cuál es el poder de decisión del ministro de Economía español, que es a quien los ciudadanos y ciudadanas elegimos, aunque indirectamente, de acuerdo con nuestro sistema institucional interno.
Por ello, es preciso democratizar las instituciones de la Unión Europea para legitimar sus decisiones, es decir, es preciso que quienes dirigen la Unión hayan sido elegidos por los ciudadanos y ciudadanas europeos y que periódicamente les rindan cuentas mediante unas elecciones. Tenemos una moneda única y contradictoriamente no tenemos unas instituciones de las que el electorado europeo decida la orientación política. Así, la troika comunitaria va decidiendo lo que entiende que conviene, independientemente de la voluntad de los diversos Estados miembros, en particular de aquellos que son más débiles económicamente. La democratización de la Unión es urgente porque ello comportaría una mayor integración europea y se evitaría su progresiva pérdida de importancia frente a los grandes Estados, como Estados Unidos, China, Brasil o India.
Se dice que la causa última de la profunda crisis en la que estamos es que nos hemos endeudado demasiado. ¿A qué responsables políticos debemos exigir la responsabilidad por cómo han gestionado la economía durante los últimos años?
Francesc Pau i Vall es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra.