La expansiva convicción de que sólo la democracia ofrece un principio válido legitimador del poder político no salva por sí las distancias entre su proclamación y su vigencia práctica en los sistemas establecidos. Este hecho provoca un traslado del centro de atención desde la teoría inicial hasta la comprobación de la forma en que toman cuerpo. La aceptación de los principios democráticos, cuando dejan de ser en sí mismos cuestionados, acumula posteriores exigencias dirigidas a la consecución de una democracia participada. Para su valoración es, por tanto, capital el chequeo acerca del rigor con que se reconocen y garantizan las libertades públicas, de la eficacia con la que se proyectan en el conjunto de relaciones propias de un sistema de convivencia política y de su arraigo en los hábitos y comportamientos de los ciudadanos y de los poderes públicos. Puede decirse, sin exageración, que allí donde el ordenamiento jurídico está presidido por una Constitución receptiva del principio personalista y propulsora con fuerza normativa hacia la plenitud democrática, las verdaderas cuestiones se suscitan en torno a la intensidad y extensión del derecho de participación.
Una democracia no se asienta en la presunta adhesión, sino en la expresión de una sociedad viva y dinámica y en el comprometido respaldo activo y consciente de los ciudadanos. El objetivo es un sistema de convivencia en el que florezcan las virtudes cívicas y en el que se erija en factor institucional el continuado ejercicio del derecho de participación en la vida comunitaria y no sólo con ocasión de las convocatorias electorales. El derecho de participación no se agota en el orden estrictamente político. Un sistema democrático profundamente participativo debe atender a la efectividad de aquel derecho «en la vida política, económica, cultural y social». A nadie puede ofrecer duda la importancia del cotidiano ejercicio de los derechos inherentes a la persona y de su enraizamiento en los hábitos que forman el cañamazo real de la vida en comunidad. Una incondicionada lealtad en el ejercicio y en el respeto de tales derechos ha de ser el foco iluminador de la libertad y la democracia. La consecución de un orden democrático en el que sea efectiva la participación ciudadana requiere un grado de confianza social en el sistema, en su fundamento legitimador y en la validez y limpieza de sus instituciones. El aliento reformador, prendido entre limitaciones y posibilidades, se percibe así en una ponderación de la sociedad, de su vertebración, de la capacidad individual de iniciativa y creación. La sociología y la psicología social harán sus diagnósticos y quienes, por vocación o profesión, por decisión o por azar, cumplen funciones dirigentes habrán de emprender las reformas necesarias.
Y es preciso precaverse frente al riesgo de asociar el progreso y las reformas, necesariamente, con medidas de carácter legislativo. ¡En cuántas ocasiones se ha exhibido la necesidad de grandes reformas, de nuevos planteamientos, de ambiciosas leyes innovadoras como pretexto para la huida de la reforma asequible cada día! Consecuente, en todo caso, con mi preferencia natural por la selección más que por la acumulación, y, tras decir lo que he dicho, me referiré ahora a la simultánea puesta en escena de las técnicas de comunicación, los particularismos nacionalistas y la tendencia a la integración en organizaciones supranacionales; son cambios, expresables en términos cuantitativos, pero que traspasan el umbral crítico en el que lo cuantitativo se trasmuta en cualitativo.
Las democracias contemporáneas parecen emplazadas a arbitrar respuestas eficaces a los envites de los nacionalismos que, por vía de generalización, cabría considerar jaques a la realidad vertebradora de los Estados nacionales. Los problemas se perciben, en una ojeada globalizadora, con perfiles propios del tiempo y con motivos diferentes en una u otra de las realidades políticas empíricamente analizables. A nadie se le deberían ocurrir infundadas equiparaciones entre el impulso nacionalista disgregador de organizaciones sin arraigo en la historia y las aspiraciones agudizadas en el seno de realidades que la historia ya ha decantado. Pero nadie puede cerrar los ojos ante el dato objetivo de sus manifestaciones en «contemporaneidad» ni debe desdeñar los flujos en los que recíprocamente se alimentan. Hay, junto a nacionalismos de signo integrador, como el que se ha hecho presente en la reunificación alemana, otros nacionalismos disgregadores de Estados que, por decirlo en términos orteguianos, fueron y no dejaron de ser prótesis porque no fueron ni pudieron ser piel. Pero hay también particularismos de sesgo nacionalista, efervescentes bajo la piel de Estados nacionales en los que, incluso cuando se traducen en explícitas pretensiones de secesión e independencia, no son inteligibles más que como referencias para la expresión de la propia identidad. Fácil es la tentación de descalificar este último fenómeno por su carácter regresivo y ahistórico. Obligado es valorarlo a la vista de una transformación en la que no pugnan, sino que convergen, la integración en unidades supraestatales y el fortalecimiento de los vínculos de mayor cercanía. Es una forma de humanizar, de personalizar. En cualquier caso, pese a augurios contrarios, el protagonismo del Estado nacional no se debilita ni presenta síntomas de debilitamiento; por ello, han de ofrecerse respuestas a partir de la autenticidad democrática del propio Estado, enriqueciendo el orden de convivencia infraestatal y haciendo circular la savia democrática, desde él, hacia las instancias supraestatales.
Entre la democracia griega y la de los Estados nacionales hay más que diferencias; existe, sobre todo, un dato primario determinante de la transformación per saltum: el paso desde unidades de convivencia asequibles, con sus posibilidades de aplicar de modo natural mecanismos de democracia directa, a la realidad de organizaciones políticas, territorial y poblacionalmente irreductibles a un ágora, y en las que señorea la democracia representativa, sintetizando en ese rasgo una significada identificación de nuestras conocidas democracias. De manera análoga, la contemporaneidad nos sitúa ante un cambio de escala, acusado en la incorporación a comunidades supraestatales. El reajuste de las concepciones democráticas ante ese cambio se habrá de traducir en reformas coherentes para que en esas comunidades superiores la democracia florezca y no se anegue.
Es un dato que la función esencial está asumida y desempeñada por los Estados. Y el traslado de las esencias y las formas democráticas a las nuevas instancias no supone un desplazamiento hacia arriba del centro en el que las exigencias democráticas operan, sino que, por el contrario, requiere con mayor rigor corresponder a tales exigencias en las unidades de organización y convivencia políticas que están encarnadas por los Estados. De ahí que un impulso democrático reformador al hilo de las circunstancias de nuestro tiempo se ha de orientar hacia el fortalecimiento de los Estados, no ya en cuanto centros de poder afirmados en reciprocidad, sino en cuanto marcos de convivencia trazados desde los presupuestos democráticos, de forma que en la realidad enmarcada se acrediten todos los valores que convienen a una democracia realizada y no meramente nominal. No parece, hoy por hoy, que para la verdad democrática de la Unión Europea pueda confiarse solventemente en que, a partir de reformas institucionales o instrumentales de la propia Unión, quede ésta sellada por la democracia. La realidad está tan condicionada y transida por los «sagrados egoísmos nacionales» que el esfuerzo reformador ha de aplicarse a la realidad de cada uno de los sujetos componentes o integrados. La medida democrática de la UE vendrá determinada por la recepción en ella, para empaparla, de los soportes genuinamente democráticos de sus componentes.
Landelino Lavilla, expresidente del Congreso de los Diputados.