Democracia, partidos, casta

Una cosa reconozco a Podemos, solo una, pero importante: su denuncia de una nueva clase, la «casta», que rompe la igualdad entre los españoles y es por tanto incompatible con la democracia. Fue el mayor error de los padres de la Constitución del 78, que, bien por su poca experiencia democrática, bien por el movimiento pendular al que somos tan aficionados los españoles, pasamos de prohibir los partidos políticos a darles todos los poderes, el ejecutivo, que les pertenece; el legislativo, que deben pactar entre ellos; y el judicial, que no les pertenece en absoluto. Aquellos demócratas de nuevo cuño acusaban a los franquistas de creer que España les pertenecía por haber ganado una guerra. Ellos parecieron creer que les pertenecía por ganar unas elecciones. Así los hemos visto crecer orondos y lustrosos abrazados al tronco y ramas del Estado, como hiedra que ahoga al árbol. Y así nos ha ido.

A mi mesa llegan regularmente informes de la España de hoy, un ente cada vez más difuso, cuarteado y ocupado por quienes debieran ser sus servidores y se han convertido en sus dueños. Echo mano del último para describirles la situación: sin ser el país más grande ni más rico de Europa, España es el que más políticos tiene. El doble que Italia, que le sigue en la lista, y 300.000 más que Alemania, con el doble de la población y más descentralizada. La cifra total de nuestros políticos con cargos era de 445.568 en 2011, repartidos en las tres administraciones, la nacional, la autonómica y la local, sin que pueda decirse cuál de ellas está más lastrada por la corrupción, entendiendo por corrupción priorizar los intereses personales y del partido sobre el interés general. Es verdad que la mayor parte de los políticos son honestos, ¡faltaría más! Pero demasiados no lo han sido y todos ellos se aseguraron privilegios que no tenían el resto de los ciudadanos.

Se los enumero. Pensiones más generosas y con muchos menos años de cotización que el español de a pie. Dietas de todo tipo sin controlar. Descuentos varios. Cargos en el partido o en cualquier organismo de la Administración al abandonar el poder, como empresas con participación estatal, Cámaras de Comercio, Cajas de Ahorro, INEM, entidades culturales, financieras, de conservación del patrimonio, de preservación de la igualdad, de publicaciones estatales, de estudios sociales, y paro de contar porque, de seguir, agoto la página, y no he terminado. Con opción a quedarse en esos puestos de por vida o, al menos, mientras su partido gobierne en el país, la comunidad o el ayuntamiento. E incluso si ya no gobierna, al haberse convertido en funcionario de una forma u otra. La corrupción se ha convertido en sistémica, la excepción se ha convertido en regla. Lo más grave de todo.

Aparte de que esa elefantiasis impide al Estado actuar con la agilidad que exige la economía moderna, lo más grave es que crea una conciencia colectiva que va contra la esencia misma de la democracia: la idea de que el camino más corto y sencillo para avanzar en la vida es arrimarse a uno de los grandes partidos, que, tarde o temprano, alcanzará el poder y asegurará a sus cuadros y seguidores el bienestar junto con el de su familia. Cuando hace no mucho se preguntaba a los jóvenes españoles qué deseaban ser, la respuesta más corriente era, sin importar la clase social o la filiación política, «funcionario». O empleado de una empresa estatal. La muestra más elocuente de aquel estado de ánimo fue el grito oído en un mitin, no recuerdo dónde ni tampoco importa, de «¡Felipe, colócanos a todos!». Pongan, en lugar de Felipe, José María, José Luis o Mariano, y tendrán el espíritu de toda una época de la historia de España. O la respuesta de aquel niño andaluz a la pregunta ¿en qué trabaja tu padre?: «En el paro».

La crisis económica ha descubierto que el rey iba desnudo. Un país donde la mayoría de sus súbditos aspiran a vivir de las arcas públicas se atrofia, hasta quedarse parado como un motor sin gasolina. Que era hacia donde íbamos. E iba Europa, donde el Estado del bienestar se había convertido en «Estado de beneficencia», garante del confort de sus ciudadanos desde la cuna a la sepultura. Fue en lo que devino la Unión Soviética tras ensayar durante tres cuartos de siglo el colectivismo y en lo que está deviniendo Venezuela bajo el tándem Chávez-Maduro, pese a su extraordinaria riqueza petrolífera.

Por ese camino iba España, con unos partidos convertidos en Deusex-Machina en el Estado, las autonomías y ayuntamientos que gobernaban, gastando el dinero como si «no fuese de nadie», según una ministra. La geografía española está llena de monumentos improductivos a tal derroche, y los juzgados, atestados de causas por la corrupción que trajeron. Más de 2.000 individuos tienen abierta causa por este tipo de comportamiento. Rajoy puso un torniquete a tal sangría con sus ajustes, pero le queda la segunda parte: regenerar el Estado desde dentro, liberarlo de la ocupación que los partidos vienen ejerciendo desde hace casi cuatro décadas. Si la primera parte fue difícil, esta lo va a ser más. Nadie renuncia de buen grado a los privilegios. A revés, todos desean entrar en ese club exclusivo de bulas y privilegios. Pero los privilegios son incompatibles con la democracia, y si no se eliminan de nada servirán las reformas ni los sacrificios realizados. Solo con ejemplo y servicio pueden los partidos políticos españoles recuperar el prestigio perdido. Es decir, dejando de ser «casta». En otro caso, continuará oyéndose el grito de «¡cualquiera menos estos!», clave del éxito de Podemos.

Lo que menos podíamos figurarnos era que Podemos, aparte de ser totalitario al considerar prescindibles todos los demás partidos, es también «casta». Esos profesores sin relieve científico que lo lideran, dispuestos hacer tabla rasa en la escena política nacional y ocuparla ellos, han vivido tan ricamente del Estado –o Estados, pues han ordeñado a varios– con sueldos, informes, conferencias, consultorías y otras prácticas más o menos legales, no pueden presumir de puros entre corruptos. Y si actúan así antes de llegar al poder, es fácil imaginar qué harán de llegar a él. Solo un país grogui por la crisis, cegado por la indignación, sin experiencia democrática, como el nuestro, puede no verlo. De ahí la urgencia de que los partidos asuman su papel en democracia: el de representantes de una «parte» de la sociedad plural. Cada uno con su ideario, fórmulas y soluciones de los problemas, compitiendo para obtener los votos que les permitan gobernar. Y, de no lograrlo, pactar gobiernos de coalición. Pero sin pretender nunca la representación de todo «el pueblo» –eso es totalitarismo- ni que el país les pertenece.

A unos españoles indignados por las sinecuras de los políticos y resentidos por habernos hecho creer que todos podíamos gozar del festín, esto puede sonarles a música de las esferas. Pero hasta que los partidos no sean modelo de ciudadanía y no nos metamos en la cabeza que no hay barra libre para nadie, no tendremos una verdadera democracia ni España será una auténtica nación moderna. Así de sencillo. Y difícil.

José María Carrascal, periodista.

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