Las democracias del siglo XXI necesitan transformarse para que puedan tanto realizar mejor sus propios valores como evitar disfunciones y deficiencias generales: corrupción, escasa separación de poderes, partitocracia, poca participación ciudadana, ineficiente regulación de grupos económicos, reducida incidencia en cuestiones globales (pobreza, ecología). No todas las democracias son iguales, pero todas presentan márgenes de mejora. En nuestro contexto se añaden dos deficiencias específicas: la ausencia de tratamiento de la plurinacionalidad del Estado, y un modelo de descentralización muy insuficiente. Dos cuestiones diferentes que requieren soluciones también diferentes, pero que han sido confundidas desde la transición.
En la cuestión territorial, la Constitución del consenso (1978) pagó el precio de las indefiniciones y ambigüedades. Recordamos que se hizo con un ejército amenazante, aún muy vinculado a la dictadura, y bajo la dirección de élites surgidas del régimen anterior. Quedaron sin definir aspectos fundamentales susceptibles de interpretaciones no sólo diferentes, sino contradictorias. Se creía que el esfuerzo de consenso que posibilitó aprobar el texto permitiría resolver los conflictos de futuro. Error. Más de tres décadas después, el modelo autonómico se ha vuelto obsoleto en términos de reconocimiento y acomodación del pluralismo, y de autogobierno efectivo (interpretación de derechos, leyes de bases, leyes orgánicas, competencias de ejecución, política europea, etcétera).
El Estado español no ha hecho nunca suyo el pluralismo nacional y lingüístico internos. Es un Estado del que las instituciones y ciudadanos de Catalunya se tienen que defender constantemente –en términos de derechos, bienestar, fiscalidad, lengua, ámbito internacional–. Tras los esfuerzos de los primeros tribunales constitucionales por poner cierto orden, la sentencia sobre el Estatut del deslegitimado Tribunal Constitucional del 2010 ha establecido un marco legal rígido, estrecho y de muy poca altura política e intelectual. Este marco ya no es una realidad ambigua con respecto a Catalunya: es una realidad hostil. El independentismo de la mayoría de los catalanes es hoy una posición totalmente racional.
El Partido Socialista (tanto el PSOE como el PSC) pretende defender una tercera vía. La llaman la vía federal. Podría parecer una propuesta atractiva. La política comparada ofrece diferentes modelos federales –hay 23 federaciones en el mundo, ninguna de ellas coincidente, junto con estados asociados, federacies y confederaciones–. Los modelos más pluralistas, descentralizados y asimétricos ofrecen elementos interesantes para el caso de Catalunya, pero otros resultarían totalmente desacertados: según cuál fuera el modelo federal que se adoptara, el resultado sería aún peor que el Estado de las autonomías. No se sabe cuál es el modelo que el Partido Socialista propone. Sus documentos internos son de un nivel analítico decepcionante. Parece que no saben de qué hablan. Defender el federalismo sin decir qué modelo se propone es vender humo. Y tras tres décadas, en Catalunya la situación ya está muy quemada como para comprar humo. Recientemente, Rubalcaba ha resumido en cinco puntos lo que entiende por federalismo: reforma del Senado, menos centralización, reforma de la financiación, cooperación (conferencias de presidentes) y más autonomía municipal. Todo establecido desde la perspectiva de la igualdad de los españoles. Eso, o bien es como no decir nada o es simplemente anticuado o perverso. El centro de gravedad es precisamente establecer qué son y cómo se estructura el reconocimiento del pluralismo, las competencias, el órgano que decide sobre los conflictos (y quién lo nombra), la fiscalidad, los derechos colectivos y de veto, las asimetrías de diferentes ámbitos (simbólico, económico, social, europeo, internacional), etcétera. El poder municipal es competencia de las unidades federadas en la mayoría de los países federales. La cooperación no es mejor por principio que la competitividad, etcétera. El líder socialista todavía piensa en términos de Estado unitario; no en términos federales, y aún menos en términos plurinacionales.
La propuesta socialista resulta conceptualmente deficiente e institucionalmente obsoleta. De hecho, no es una propuesta. Para serlo tendría que concretar su contenido y establecer cómo se implementa. Los socialistas no han hecho nunca ninguna de las dos cosas. El lenguaje usado, además, refleja una cultura política unitarista, afrancesada, así como un nacionalismo muy impermeable al pluralismo.
Tanto la experiencia como la racionalidad de futuro indican que los catalanes hemos de tirar por la calle de en medio. Hemos de construir nuestro propio Estado de derecho para convertirnos en una sociedad más libre, con más bienestar e influencia en el mundo. Es una cuestión de dignidad colectiva. En el país sobran recursos para hacerlo, y para hacerlo bien. El Govern y el Parlament tienen que liderar el proceso. Con rigor, profesionalidad y generando legitimidad interna e internacional. Pero la sociedad civil y la ciudadanía son la base y el motor del cambio. Habrá un momento de ruptura, sea a través de un referéndum o a través de elecciones, movilización popular y legitimidad internacional. Un futuro mucho mejor es posible. En términos de democracia de calidad, de bienestar y de reconocimiento internacional.
Ferrán Requejo, catedrático de Ciencia Política en la UPF y autor de Federalism beyond Federations, Ashgate , 2011.