Democracia reforzada

Por Juan José Lucas, presidente del Senado (EL MUNDO, 14/03/03):

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Partidos Políticos es una excelente noticia para los amantes de la libertad y el pluralismo democrático. Refuerza el Estado de Derecho que proclama la Constitución más abierta y generosa de nuestra Historia.Supone un elemento decisivo en el proceso de lucha contra el terrorismo de raíz totalitaria que pone en peligro la convivencia de todos. Gran noticia, en efecto, para tantos españoles de bien, que desean transmitir a las generaciones futuras un modelo de democracia concebida como «forma de vida», según la certera expresión de Carl J. Friedrich. Orgullosa de la transición política y de la norma constitucional que ampara nuestra libertad ciudadana, la sociedad española exige rigor y justicia, una actitud firme en defensa de las víctimas, de su dignidad y su memoria; una postura inequívoca en contra no sólo de los autores, sino también de quienes son cómplices en el terreno moral y político, porque alimentan una ideología perversa que justifica y a veces aclama los crímenes terroristas.

La reacción social frente al terror hace más fuerte a nuestra democracia. Ciudadanos heroicos, capaces de arriesgar su vida cada día por defender la libertad de todos: concejales de los partidos constitucionalistas; miembros de la red de asociaciones cívicas que hablan alto y claro contra la barbarie y sus cómplices; miles de personas que anteponen la dignidad y las propias convicciones al miedo, a la comodidad, al desinterés. Ellos hacen política en el sentido más pleno y valioso de la palabra; son ejemplo de areté, de virtud cívica al modo de la democracia clásica, donde participar en los asuntos públicos era el máximo honor para los seres humanos. HombreS y mujeres que dan testimonio de coraje, de valentía, a veces de pasión por la libertad, cosa excelente, como dijera hace siglos Herodoto, padre de la Historia.No se ocultan, no esconden la cabeza, no eluden su responsabilidad.«Los vascos que se rebelan contra el miedo nos dan ejemplo», ha escrito recientemente Carmen Iglesias.

Es mérito de los partidos políticos con más amplia representación parlamentaria haber formalizado en el Pacto por las Libertades esa exigencia social. La Ley de Partidos, la puesta en marcha del proceso para la ilegalización de Batasuna y el proyecto de Ley relativo al cumplimiento íntegro y efectivo de las penas son los frutos más relevantes del acuerdo. Es elogiable y prueba la madurez de nuestro sistema que la discrepancia en otros asuntos del máximo relieve no haya afectado al Pacto. Es preocupante, en cambio, que algunas posiciones individuales ofrezcan una imagen de aparente desunión entre los demócratas, que sólo puede beneficiar a los enemigos de la Constitución. He aquí una grave responsabilidad que todos hemos de afrontar con energía y sentido de Estado.También, cómo no, con ese patriotismo que aquí y ahora se identifica con la España moderna, plural y situada a la altura de los tiempos en la compleja sociedad contemporánea. No debe darnos miedo llamar a las cosas por su nombre, ni debemos ser prisioneros de viejos tópicos que nos oprimen. «En un cierto momento ya no es tiempo de huir», reflexiona el personaje mejor perfilado de Rosa Chacel, espléndida novelista castellana.

Dicho con toda claridad; la democracia española será mejor y más fuerte cuando se consume la expulsión de los enemigos de la libertad. Sólo los ingenuos y los malintencionados pueden cuestionar los resultados de un pacto que significa un rearme moral para los defensores del Estado constitucional. Los argumentos son irreprochables. El régimen democrático, en contra de algunas opiniones interesadas, no se identifica con el relativismo moral.Muy al contrario: nuestra Constitución proclama como valores superiores el ordenamiento, en su artículo 1.1., la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los poderes públicos y los titulares de cargos y funciones públicas deben promover de forma positiva esos valores. ¿Cómo aceptar en las instituciones a quienes se niegan a condenar los asesinatos?

En nombre de una sedicente libertad de opinión, se ha ofendido a la moral pública y se vulnera el derecho fundamental primario, el derecho a la vida, así como la dignidad de las víctimas y de las gentes de bien. La sentencia del Tribunal Constitucional acierta a dar expresión en plenitud las bases y fundamentos del Estado de Derecho. El profesor García Pelayo, primer presidente del alto tribunal, ha escrito que «no hay posibilidad de actualizar la libertad si su establecimiento y garantías formales no van acompañadas de unas condiciones existenciales mínimas que hagan posible su ejercicio real». Nuestra democracia otorga un protagonismo singular a los partidos políticos, como se recoge en el artículo sexto de la Constitución. Es imprescindible que los propios partidos asuman y promuevan los valores de la norma fundamental. De ahí la plena constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/2002, ahora enjuiciada favorablemente. En su día, decidirá la Sala competente del Tribunal Supremo acerca de la ilegalización de Batasuna, un partido cuyos dirigentes -como es público y notorio- se niegan a respetar las reglas más elementales de la convivencia ciudadana.La sentencia del intérprete supremo de la Constitución ofrece a este respecto pautas rigurosas, argumentos sólidos y valiosa doctrina jurídica al más alto nivel jurisprudencial en materia de garantías constitucionales.

El poder constituyente de la nación española, en uso de su soberanía, determinó hace ahora 25 años la forma de nuestra existencia política: estado social y democrático de derecho; sistema de autonomías territoriales; monarquía parlamentaria. No caben fómulas extrañas para disfrazar un pacto hipotético que altere el consenso plasmado en el texto vigente. La inmensa mayoría de los españoles otorga legitimidad moral y política a las instituciones tal y como aparecen reguladas en la Constitución de 1978. El final de la violencia terrorista depende decisivamente, en el plano político, de la aceptación leal y sin reservas de esta realidad social indiscutible.Después de años de dudas y vacilaciones, los partidos han sabido dar respuesta al clamor de la sociedad.

El próximo reto al que se enfrenta nuestro estado constitucional tiene fecha fija. Es obligado garantizar el próximo 25 de mayo la libertad de todas las opciones que, de forma legítima, puedan concurrir a las elecciones municipales en el País Vasco. El derecho a participar en los asuntos públicos, en calidad de candidato o de votante, es la base de la democracia representativa. Las alternativas llamadas «constitucionalistas» reclaman igualdad de condiciones y es deber de todos los poderes públicos lograr que se haga realidad esa regla elemental del sistema pluralista.También la sociedad vasca, como el resto de España, debe elevar su exigencia moral en este terreno: la calidad de la democracia en aquella comunidad autónoma no puede ser inferior al conjunto de nuestro país y de la Unión Europea. Dejó escrito con razón John Stuart Mill, gran pensador de la libertad, que «el valor de un Estado, a la larga, es el valor de los individuos que lo componen». El Senado, Cámara de representación territorial en el seno de las Cortes Generales, proclama con firmeza su compromiso de velar, en el marco de sus competencias y funciones, por el cumplimiento de las reglas que garantizan la libertad, amenazadas por una minoría antidemocrática.

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