Democracia y consulta (I)

Parece que el asunto de la consulta está en fase terminal. Los tribunales darán la razón al Gobierno; surgirán moderadas protestas; la consulta no se llevará a cabo; aunque esto ya es otra historia, los partidos nacionalistas podrán -o no- obtener alguna ventaja electoral en las próximas elecciones. Y a esperar a la próxima iniciativa
Por eso ya puede ser el momento de evaluar el proceso, y hacerlo considerando una de las críticas más persistentes hechas a la consulta. Su carácter antidemocrático. Nada que oponer a que los líderes de opinión de esta especie de 'frente anticonsulta', tan omnipresente en los medios de comunicación, se queden satisfechos por que la consulta no se celebre, pero sí mucho que oponer a su previsible afirmación de que tal fracaso es el triunfo de la democracia frente a la imposición.

Decir que Euskadi no es una comunidad nacional y que por tanto no puede decidir sobre su autogobierno, y ni siquiera hacer un consulta no vinculante sobre la cuestión, es por supuesto algo muy discutible, pero también argumentable. Que los fustigadores de la consulta afirmen (y sientan) que su nación de referencia es la española y que por tanto sólo ella es la que tiene la, irrestricta en origen, capacidad de decidir sobre el autogobierno, es una libre y razonable opción. Las naciones no son objetos eternos sino que se construyen y defienden a partir del concurso de las voluntades individuales. Y optar por tanto por la identidad española y su correspondiente comunidad nacional en modo alguno puede ser calificado como algo irracional o falso o injusto. Sin embargo, lo más sorprendente del caso es que este tipo de argumentación anticonsulta casi nunca ha aparecido en los artículos de este supuesto frente de opinión. Parecería como si sus redactores no se sintiesen cómodos a la hora de asumir esta opción identitaria española.

Por el contrario, la crítica democrática ha sido la dominante en su argumentación, y también por el contrario tal argumentación (cuando ocasionalmente se argumentaba, en la mayoría de los casos eran sólo adjetivos descalificatorios) sí es irracional, falsa e injusta.

Se dice que no es democrática porque constituye una imposición del lehendakari. Es el más asombroso de los argumentos utilizados. La historia real de esta consulta consiste en que un Parlamento, a instancias del poder ejecutivo, pregunta a la población a ver si le parece bien que ETA abandone de una vez por todas la violencia, y que si todos los partidos políticos deberían dialogar de cara a lograr un nuevo y bilateral marco de autogobierno en el Pais Vasco. Lo que se ha acordado en el Parlamento no es una ley impositiva, obligatoria para nadie. Es simplemente una pregunta que a nadie se obliga a contestar y que se puede responder como a uno le dé la gana. Por otro lado, y sobre todo, hay que recordar que del resultado de la pregunta no se deriva ninguna norma ni exigencia impositiva. En caso de que se diese una mayoritaria respuesta positiva a la consulta, ETA no estaría obligada a desaparecer (ahora sí resulta una lástima que esta decisión no sea impositiva) y los partidos políticos, si les da gana, se reunirán a debatir y lograr acuerdos. Pero nadie les obliga, ni les impone el hacerlo. Son una resolución y un proceso caracterizados por su nula capacidad impositiva.

Un paréntesis para aclarar un asunto. Es obvio que aunque fuese impositiva seguiría siendo democrática. En este punto da la sensación de que los detractores de la consulta han perdido la cabeza. Sostienen que una resolución establecida por los órganos y procedimientos democráticamente elegidos y establecidos deja de ser democrática y pasa a ser impositiva porque les cae gordo quien la propone o aprueba, o porque no les gusta el contenido de la propuesta. ¿Será posible tal desatino? ¿Será posible que sesudos (algunos) analistas políticos otorguen la categoría de democráticas sólo a aquellas normas (o a los emisores de las normas) que a ellos les gustan?

Pero, insisto, en este caso ni siquiera tal resolución tiene la caracterización de obligatoriedad intrínseca a toda norma. Así incrementa su densidad democrática, en cuanto que su implantación depende del concurso (diálogo/acuerdo) de otros actores políticos. Al no tener carácter obligatorio resulta menos útil, menos operativa. Es así un acto radicalmente democrático y bastante... ineficaz.

También se dice que no es democrático porque no se asienta en el consenso. Veamos el procedimiento. Iniciativa del poder ejecutivo que entra a debate y resolución en el Parlamento. A continuación se refuerza la dinámica de participación con la consulta ciudadana. Y finalmente debe llegarse a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que establezca el desarrollo de ese nuevo autogobierno, que a su vez será refrendado por todos los ciudadanos. Iniciativa, Parlamento, consulta, consenso entre todos los partidos, refrendo ciudadano. La verdad es que un proceso así puede ser largo y aburrido; pero será una aburrida cura contra la falta de consenso.

Es cierto que siempre es deseable que exista un mayor acuerdo en el arranque, y sin duda el Ejecutivo vasco debería haber buscado más acuerdos previos. Pero también resulta evidente que tanto el PSE como el PP desde el primer momento manifestaron una firme oposición, y sobre todo: ¿por qué todo el mundo tiene que estar de acuerdo, en todo, en una consulta? Una consulta sirve precisamente para saber cuántos ciudadanos están de acuerdo con determinadas leyes o iniciativas políticas. Para eso se hacen las consultas. Para saber si existe una mayoría suficiente que apoye el establecimiento de una norma o la puesta en marcha de un proceso. Si todo el mundo estuviese de acuerdo en todo no se necesitaría hacer consultas, ni elecciones, ni nada.

La democracia representativa complementada con procedimientos participativos pretende resolver conflictos en sociedades heterogéneas, plurales. Para eso hace elecciones y para eso toma decisiones teniendo en cuenta opiniones e intereses mayoritarios. Cuando se dice que las consultas no son necesarias porque ya se sabe lo que quiere la gente parecería que hay miedo a saber qué es lo que quiere realmente. Y si no hay miedo, pues se pregunta y asunto liquidado. No hay nada tan antidemocrático como la exigencia de un consenso imposible. Tal exigencia llevada a sus últimas consecuencias, provoca en la práctica que la minoría impida (ahora sí impone) a la mayoría tomar las decisiones oportunas. Y resulta que la democracia es el gobierno de las mayorías. ¿O no?

Pedro Ibarra, catedrático de Ciencia Política de la UPV-EHU.

Leer segunda parte: Democracia y consulta (II).