En el artículo anterior (EL CORREO, 3-9-08) argumentaba cómo la consulta es un procedimiento constitutivamente opuesto a la imposición, y cómo determinadas prácticas participativas complementan, refuerzan, la densidad democrática. Otro de los argumentos centrales de los críticos de la consulta es el de la división, el enfrentamiento, la confrontación. Veamos. Indudablemente el mejor modo de no asumir la existencia de diferencias en la sociedad es desconocerlas, negar su existencia. Esta opción a favor de la pacificación a través de la ceguera funcionaría todavía mucho mejor si se eliminasen las elecciones. Si se da por supuesto que todo el mundo piensa igual y quiere lo mismo, el gobernante de turno es perfectamente capaz de conocer tan simple y homogéneo pensamiento, y puede prescindir de las elecciones... y de la democracia. Todo proceso en el que los ciudadanos hacen públicas sus opiniones implica la expresión de diferencias, de los conflictos existentes, nos gusten o no los mismos. A lo mejor no les gusta a algunos (o bastantes) que una gran mayoría de la población vasca desee tener un mayor autogobierno asentado en la capacidad de decisión política de su sociedad. Es razonable que tal deseo no se comparta por todos. Lo que resulta absurdo es decir que tales mayorías no deben expresar tal deseo, porque ello puede llevarnos a problemas y tensiones. Parecería que lo que deben hacer los políticos es resolver los problemas, las tensiones que existen y se expresan en la sociedad, y no especular sobre las que a ellos les gustaría que existiesen. La política es la gestión del conflicto derivado de la diferencia, la diversidad, la desigualdad. De las realmente existentes.
Decía en el primer articulo que, mirando al futuro, casi la única certeza que nos queda es esperar a la próxima iniciativa. Ruiz Soroa (EL CORREO, 3-7-08) propone coger el toro por los cuernos y hacer, sin más, un referéndum sobre la independencia. Sólo sobre la independencia; es decir, no iniciar un proceso secesionista que derive hacia una mayor autonomía, sino plantear a la población siempre la misma disyuntiva: separación sí, separación no. Es evidente que la propuesta no responde a los deseos independentistas del articulista, sino a todo lo contrario, a sus convicciones inmovilistas. Y lo explica. Un referéndum así planteado supondría la derrota de los independentistas. A los vascos nacionalistas se les habría concedido la oportunidad de lograr sus deseos y objetivos, y como no lo van a conseguir, se acabó para siempre la historia de sus 'mitos' y 'leyendas'. Nada podrá cambiarse. Estratégicamente, la propuesta es astuta (eliminar por elevación el problema), pero lo que no resulta sostenible es que se defienda, con posiciones de principio, que éste es el único proceso posible. Afirma Ruiz Soroa que un conjunto de normas universales, que rigen el cómo deben formarse las naciones y cómo deben relacionarse entre sí, establecen de forma concluyente y excluyente qué es lo que debe y puede hacerse en estos casos. Y tales normas y principios democráticos dicen (¿dónde?) que la única forma de ejercer un proceso de autodeterminación es la separación pura y dura.
El articulista sabe que en este asunto no existen normas universales, sino procesos y prácticas históricas que, dependiendo de distintos contextos nacionales e internacionales, han llevado (y cada vez llevan más) a fórmulas específicas, 'ad hoc', y diferentes entre sí -asociación, federación, soberanía compartida, etcétera- de relación entre naciones. Por tanto es perfectamente razonable plantear un proceso de autodeterminación con el horizonte final que previamente haya sido decidido por los afectados y sus representantes. Y sobre todo el articulista sabe (o debería saber) que un proceso específico es democrático, y uno predeterminado por excluyentes, y afortunadamente inexistentes, normas universales no es democrático.
Ello es así porque la calidad democrática se asienta en la voluntad mayoritaria de la comunidad, y también en cómo precisar democráticamente esa voluntad. Esa voluntad colectiva, democráticamente definida, puede querer establecer una relación que no lleve ni a la independencia ni al mantenimiento del estatu quo. En consecuencia y en nuestro caso, es democrático iniciar un proceso de soberanía/asociación que conduzca a una nueva relación -bilateralidad, más autogobierno (o más autonomía)- entre el País Vasco y el Estado español. Una relación específica y distinta tanto de la actual como de otras relaciones entre comunidades nacionales. A lo mejor no es lo que se debería pretender. Pero si es lo que mayoritariamente pretende la comunidad vasca, resulta imposible oponerse, con argumentos democráticos, a la misma.
Lo más probable es que dentro de muy pocos meses los críticos de la consulta tengan un muy serio motivo para sentirse satisfechos. La consulta no se celebrará. Pero no deberían sentirse tan satisfechos por el cómo han argumentado su crítica a la misma. Resulta lamentable, aunque por supuesto legítimo, que hayan asentado su ataques en adjetivos y frases descalificatorias, sin razonar ni justificar tales descalificaciones. Creo que el récord lo ostenta el profesor Montero en su reciente articulo (EL CORREO, 20-8-08). Afirmaciones como «absurdo», «desatino», «costes brutales», «aventurerismo», «milongas», «puerilidad», «radicalidad monomaniaca», «embestir a ojos ciegas», «que a la ciudadanía la parta un rayo», «victimismo», «esperpento», «suicidio creativo», «al borde del abismo», «rematar la faena (entiéndase literalmente)», «ridículo», más «victimismo», etcétera, en ningún momento merecen su explicación.
Resulta pintoresco, aunque por supuesto legítimo, apoyarse en San Pablo para denostar al nacionalismo vasco, e implícitamente la consulta, tal como hace el profesor Arregi (EL CORREO, 18-8-08). Pero lo que en modo alguno resulta legítimo es que crean que la derrota de la consulta es el triunfo de la democracia. Todo lo contrario. ¿O no?
Pedro Ibarra, catedrático de Ciencia Política de la UPV-EHU.