Democracia y mayoría

Las elecciones que vienen, que se rematarán con los comicios generales de 2012, aconsejan resaltar lo que tienen de expresión democrática, más que de constatación en las urnas de los resultados presagiados en los sondeos. La fiesta cívica que significan no se agota en la cantidad de votos que se emiten, se escrutan y otorgan el poder municipal, autonómico o estatal, sino que debe vincularse a un ámbito más ambicioso: la profundización de la democracia.

No son estos tiempos propicios para la épica de las ideologías, cuando quienes gobiernan abdican de los principios y promesas que esgrimieron para alcanzar el poder, en aras, ahora, de cumplimentar las exigencias económicas que los acreedores mundiales imponen, con el talante del cobrador del frac, y sin compromiso alguno de clemencia futura. Pero es preciso que los nuevos procesos electorales no ofrezcan un saco de propuestas a incumplir, sino de proyectos creíbles para la ciudadanía y que apliquen los valores democráticos.

El comportamiento reciente de los partidos invita a la desesperanza. La atención dedicada a las encuestas ha dejado en muy segundo plano la democracia de los avances sociales y los derechos humanos. Ha primado más asegurarse una mayoría parlamentaria para decretar y prorrogar el estado de alarma, rebajar la justicia universal o restringir la participación electoral que la dedicación al debate sobre el contenido democrático de cada uno de esos acuerdos.

Y ante cualquier profundización mediática de la democracia -como el reciente festival informativo de los papeles de Wikileaks, en el que ha participado EL PAÍS, gozosamente para sus lectores- los grandes partidos hacen cálculos electorales sobre el impacto que las puras noticias puede producir sobre sus votantes, con olvido doloso del derecho de los ciudadanos a conocer los engaños, pequeños y grandes, que se perpetran contra ellos desde el poder. Preocupados solo por los votos y sin reconocer ante la ciudadanía que han quebrantado la dignidad institucional a la que están obligados, objetan a quienes han cumplido con su deber democrático la falta de complicidad con los poderes públicos para mantener en secreto las mentiras oficiales, en nombre de la razón de Estado.

La obsesión por la mayoría y el olvido de la democracia lleva a los dos grandes partidos de ámbito estatal, ante reclamaciones de los nacionalistas periféricos, a pertrecharse tras la Constitución española y a invocar la llave que ellos poseen para reformarla. En una reciente obra, José María Ruiz Soroa asegura que las reclamaciones secesionistas o autodeterministas de una parte de la población “son plenamente legítimas y la democracia como sistema de gobierno y de sociedad debe de ser capaz de atenderlas” (El esencialismo democrático, Editorial Trotta y Fundación Alonso Martín Escudero, Madrid, 2010, página 166). Y añade: “De lo contrario, estaríamos ante un sistema constitucionalmente irreformable en un aspecto de su arquitectura (como es la delimitación de sus fronteras), cuando no existe ninguna razón sustantiva para que ese aspecto concreto sea tratado como intangible” (obra citada, página 173).

Este jurista considera inaceptable la apelación al procedimiento que la propia Constitución establece para su reforma, “puesto que resulta bastante claro”, razona, “que esas cláusulas de reforma constitucional no están al alcance de las minorías (…) a las que podrían interesar”, sino solo “de los partidos mayoritarios nacionales capaces de reunir las mayorías requeridas”. Desde su criterio de que la reclamación debe atenderse, “por incómoda y desagradable que resulte”, Ruiz Soroa plantea una fórmula original, que llevaría consigo la reforma constitucional, en su caso, solo al final del proceso.

Se trataría de establecer, mediante una ley ordinaria, el principio de que, “si en el futuro la representación parlamentaria de una comunidad autónoma, por una mayoría cualificada, solicitara del Gobierno central la apertura de un proceso de debate, discusión y decisión en torno a una posible secesión de tal comunidad autónoma, tal proceso se abriría obligadamente, conforme a los pasos y etapas establecidos en ese mismo texto”, entre ellos la “comprobación de la voluntad democrática clara de la población afectada, a través de un referéndum”. Y si el proceso condujera a la conveniencia de admitir la secesión negociada, “la nueva ley establecería la obligación del Gobierno de promover la reforma de la Constitución, de manera que se modificara la estructura territorial española” (obra citada, página 174).

La singularidad de esta audaz e imaginativa propuesta reside en que, inspirándose en el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre la secesión de Quebec, Ruiz Soroa no vincula su validez democrática a la existencia de una mayoría favorable a la secesión, sino a la claridad de la decisión y a la evaluación cualitativa de la misma. Por ello, en cuanto al caso vasco, este jurista puntualiza que “difícilmente podría admitirse que en una sociedad donde se ha vivido intensamente un terrorismo activo de motivación secesionista durante un periodo muy prolongado de tiempo, puedan darse las condiciones de reflexión y deliberación necesarias, mientras no transcurra bastante tiempo desde el fin total del terrorismo” (obra citada, página 170). No bastaría la mayoría. La decisión democrática exige más matices.

Bonifacio de la Cuadra

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *