Democracia y memoria oficial

Por Francesc-Marc Álvaro (LA VANGUARDIA, 05/11/07):

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado miércoles la llamada ley de Memoria y el Parlament de Catalunya aprobó la ley de creación del Memorial Democràtic el miércoles 24 de octubre. Estas leyes han traído a la agenda política cuestiones que vinculan el combate ideológico actual con los recuerdos más duros de la gente. Aunque el laberinto histórico hispánico es tan peculiar como angosto, la discusión política, social e intelectual sobre la conveniencia de legislar sobre el pasado reciente no es un fenómeno exclusivo de nuestros pagos. Está presente en varios países.

Recordemos algunas singularidades del caso español, para analizar con cierta perspectiva las trampas del debate político local sobre la memoria.

Nuestra Guerra Civil fue un prólogo y un ensayo terrible de la Segunda Guerra Mundial pero, a su vez, España quedó al margen de la gran contienda que enfrentó las potencias del Eje y los aliados, quienes, finalmente, optaron por dejar a Franco en el poder en el marco de la guerra fría. La Guerra Civil desembocó en una larga dictadura que terminó con la desaparición del dictador por muerte natural y la transición fue una reforma pactada entre los sectores más realistas del franquismo y una también realista oposición antifranquista que, consciente de sus límites, desechó la inicial idea de ruptura. El empate entre unos y otros forjó la democracia actual, y ello implicó, entre otras cosas, que nadie pasara cuentas a los que habían dirigido aquella tiranía. La reclamada ley de amnistía en beneficio de los opositores a Franco era, en su reverso tácito, una ley de punto final para los servidores de la dictadura. De ahí que la actitud coherente de Felipe González cuestionando hoy la conveniencia de estas leyes contraste con la incoherencia cínica de Santiago Carrillo jaleando una iniciativa que él frenó cuando mandaba.

Hoy no tiene sentido que critiquemos a quienes tomaron esas decisiones. No nos corresponde, a los que llegamos más tarde a la mayoría de edad, especular con ucronías, sino entender el porqué de aquellos actos en su contexto. Además, con todos sus claroscuros, hay que valorar como un gran éxito de la generación de la transición el evitar una nueva confrontación. Pero, en cambio, sí podemos impugnar el peso paralizante del relato mitificado de la transición, porque éste encierra algún malentendido enorme que ahora, precisamente, aflora al poner los legisladores la vista en los años de la II República, la Guerra Civil y la dictadura. Para homenajear y ampliar las ayudas a las víctimas del franquismo, algo que nadie discute, no hacía falta elaborar leyes tan equívocas.

El malentendido más importante es el que establece que, entre 1975 y 1978, se dio una reconciliación. Todos sabemos que no fue así, que la reforma democrática se basó en un simple “dejarlo estar” y que todos echaron a andar con sus esqueletos – y sus fantasmas- a cuestas. La reconciliación reclama, como ejercicio generoso de encuentro y superación del conflicto, la asunción pública de las respectivas responsabilidades en el ámbito moral, al margen de lo que puedan dictaminar los tribunales, si ello procede. Si la reconciliación hubiera tenido lugar, efectivamente, entre las elites, la derecha condenaría hoy sin excusas la dictadura franquista (y nadie del PP relativizaría su carácter opresor, criminal y corrupto, verbigracia Mayor Oreja hace pocos días) y la izquierda condenaría, también sin excusas, la violencia asesina en la zona republicana. Pero no es así. Aunque formalmente se acepten estos hechos – los preámbulos de las mencionadas leyes los recogen tras muchas negociaciones- hay una reticencia de fondo, que esconde una pugna por la hegemonía de la razón histórica y un desprecio por el otro. Desprecio que, además, deja fuera siempre a los moderados de entonces, a esa Tercera España que corrió la peor suerte.

Para sectores duros de la derecha española, queda el recurso engañoso de intentar situar el verdadero comienzo de la Guerra Civil en 1934, justificando así, oblicuamente, el alzamiento golpista de 1936 que dio lugar a la contienda. Para la izquierda española más enrocada en el dogmatismo, la respuesta a este revisionismo es idealizar la II República y negarse a reconocer que no todos los que lucharon contra Franco, tanto en la Guerra Civil como en la posterior oposición clandestina, eran demócratas. ¿Por qué no aceptar que muchos fueron militantes de partidos totalitarios que propugnaban dictaduras de otro color, igual o más sangrientas que la nuestra? Si no se dan estos pasos imprescindibles de rigor ético, todo el debate de la memoria es una impostura. Tan falso y ofensivo es que alguien se refiera al bando franquista como portador de “valores cristianos y occidentales” como que alguien mantenga que todos los antifranquistas fueron “luchadores por la libertad y la democracia”. La trampa también reside en plantear la realidad a partir de una simplificación que toma sólo un fragmento de la verdad. Por ejemplo, se habla de la línea que separa democracia y franquismo, silenciando que la Guerra Civil fue muchas guerras a la vez, no sólo la de la República contra Franco: fascistas contra comunistas, estalinistas contra anarquistas, totalitarios contra reformistas republicanos, etcétera.

La ley del Memorial Democràtic, en su exposición de motivos, proclama algo indispensable, que debe suscribirse: “La grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas de la intolerancia, más allá de sus opciones personales, ideológicas o de conciencia de cada uno”. El problema es que este noble principio es desmentido sistemáticamente por los que, investidos de guardianes oficiales de la historia, la instrumentalizan para apuntalar su propaganda. Son los mismos que afirman cosas como que el régimen de Fidel Castro no es una dictadura.