Democracia y Monarquía

Por Bonifacio de la Cuadra (EL PAÍS, 10/11/07):

Gian Piero Dell’Acqua, un veterano periodista italiano vinculado durante muchos años al diario La Repubblica, mostraba su asombro, en 1977, por la escasa oferta política republicana para las primeras elecciones democráticas, tras el franquismo. Cuando conoció mejor la realidad española, Dell’Acqua, como tantos otros analistas, comprendió que la dialéctica política de la Transición no era Monarquía / República, sino democracia / dictadura.

Y que fue precisamente don Juan Carlos quien propulsó, desde su condición de Rey designado por Franco, el advenimiento de un sistema democrático superador del franquismo, con una Monarquía parlamentaria como forma política del Estado y un sistema de derechos y libertades consagrados en la Constitución.

La pregunta es si el gran servicio que don Juan Carlos prestó al pueblo español y a la convivencia en paz es capaz de convertir en democrática una institución como la Monarquía, que histórica y consustancialmente no lo es. Y más aún: a los 32 años de que el Rey ejerza satisfactoriamente la jefatura del Estado, y a los 26 años de que salvara al sistema constitucional del atentado golpista del 23-F, ¿es planteable la causa republicana, como reivindicación de una forma de Estado que, entre otras muchas esencias democráticas, elige a su máximo mandatario, a diferencia de la Monarquía, hereditaria? ¿O, por el contrario, la reconocida contribución de don Juan Carlos a la causa democrática obliga a la ciudadanía a renunciar sine die a la República?

Obviamente, durante la Transición, tras escuchar en 1976 a la ultraderecha gritar “¡No queremos Monarquía, ni Juan Carlos ni Sofía!”, con la muy probable simpatía de unas Fuerzas Armadas ancladas en el franquismo que se alzó contra la II República, y dado que la opción republicana era acaudillada por personajes como Antonio García-Trevijano, no resultaba políticamente sensato plantear entonces batalla por una III República, que en aquellas circunstancias ofrecía menos garantías que don Juan Carlos de instaurar un sistema democrático.

Pero ¡han pasado más de 30 años desde entonces! Es comprensible que se plantee ya abiertamente la opción republicana, sin que esa propuesta, por muy incendiaria que se manifieste, tenga necesariamente que hacer tambalearse el actual sistema constitucional ni disparar las alarmas.

En 1996, el inolvidable Eduardo Haro Tecglen, en la cariñosa dedicatoria de su libro El niño republicano, escribió: “A Boni, compañero, con un abrazo y la esperanza de que llegue él a la III”. No hay buenas expectativas para los deseos de Haro, entre otras razones porque, como señalaba recientemente Santiago Carrillo, la situación política actual carece de madurez suficiente para abordar ese cambio. Además, la realidad constitucional es que la Monarquía se encuentra “atada y bien atada” a la democracia.

Durante el proceso constituyente, la izquierda, tradicionalmente republicana, se dividió entre quienes, como los comunistas, aceptaron con pragmatismo la Monarquía, y los socialistas, que amagaron con defender “hasta el final” su enmienda republicana, pero depusieron su actitud tras la primera votación en la que salió derrotada: en la Comisión Constitucional del Congreso. Unos y otros aceptaron que el Título II, De la Corona, formara parte del núcleo duro de la Constitución, blindado para dificultar eventuales reformas, al mismo nivel que los principios básicos del sistema y los derechos fundamentales y libertades públicas.

Igualmente, gracias a la izquierda, no prosperaron varias iniciativas, impulsadas desde La Zarzuela -según ha reconocido el ex jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo-, encaminadas a que el Rey pudiera devolver al Parlamento una ley presentada para su sanción, convocar por sí mismo un referéndum y constituir un consejo privado. Así pues, la Monarquía trató de acomodarse y quedó incrustada en el sistema democrático, a pesar de que, como decía el 6 de octubre último en estas mismas páginas el catedrático Pablo Salvador Coderch, “ni es ni puede ser una institución democrática”.

Hasta tanto pueda cumplirse el deseo de Eduardo Haro y de otros muchos republicanos, durante la obligada cohabitación de la Monarquía con la democracia deben primar los valores y principios de esta última, entre ellos la libertad de expresión. Proteger excesivamente de ella al Rey y a su familia mediante figuras delictivas, acusaciones forzadas o defensas patrioteras pone de manifiesto el difícil encaje en una democracia de una institución tan anacrónica. Frente a la sátira o los pirómanos es mejor respuesta el sentido del humor.