El pasado viernes 27 de octubre no sólo fue el día en que se aplicó el artículo 155 de la Constitución, sino que también fue un día negro, uno más, para la Democracia. Mientras el Senado autorizaba al Gobierno para recuperar la legalidad y la Democracia en Cataluña, la mayoría absolutista violaba las más elementales reglas democráticas en el Parlament.
Fuera de la Ley no hay Democracia. Por esa razón, la moción en la que se declaraba unilateralmente la "independencia" era antidemocrática, puesto que se había prescindido de las reglas democráticas. Además, la inmensa mayoría de los catalanes, incluso de los que se consideran independentistas, está en contra de una declaración unilateral de independencia. Y eso era antes de que tuviesen la certeza de que los dirigentes separatistas les habían engañado en casi todo lo referente al famoso "procés per la independencia". Pero de eso, de que el lema separatista, “Espanya ens roba” no sólo era una infamia, sino una simple estafa, también económica, lo comentaremos otro día.
La primera regla en una democracia representativa es que haya representación. Esto es una perogrullada, pero de eso es de lo primero de lo que se prescindió el "viernes negro" en el Parlament. Para que haya representación, un representante parlamentario debe rendir cuentas de su actuación a los representados, que son los ciudadanos. Esto, por definición es imposible si el voto es secreto. El voto secreto y en urna es una garantía básica en unas elecciones libres porque protege el voto individual. Sin embargo, un parlamentario no vota a título personal sino en representación de los electores. Por eso, los electores tienen derecho a saber qué votan los diputados y el partido que han elegido para representarles.
La excepción más importante al voto público es la elección de cargos en los parlamentos. Esto es probablemente una herencia histórica de una de las elecciones más famosas del mundo: la elección del papa por los miembros del Colegio Cardenalicio. Ahora bien, los cardenales no eligen en representación democrática de los fieles, sino en nombre de Dios, que conoce sus votos. Por eso, las papeletas se queman al final de las votaciones, con paja seca o mojada, produciendo humo blanco o negro. Este hecho indica si se ha elegido papa o se tiene que seguir votando.
Esto probablemente debería modificarse, porque los electores deberían tener conocimiento también de a quién eligen sus diputados: no es lo mismo que la presidenta del Congreso sea Ana Pastor, que lo que fuese, por ejemplo, Gabriel Rufián. Pero, con independencia de esa circunstancia, no es admisible que nada menos que una "declaración de independencia" sea proclamada por "no se sabe quién". Esto es lo que ocurrió el viernes 27 en el Parlament, y es de una cobardía inaudita por parte de los 72 diputados de Junt pel Sí, es decir la antigua Convergencia y Esquerra Republicana, y la CUP. Pero esta votación no sólo es cobardía e indignidad, es también profundamente antidemocrática, en el fondo y en la forma.
La declaración unilateral fue profundamente antidemocrática en el fondo porque se hizo saltándose la totalidad de las reglas y el procedimiento democrático, así como los derechos de los diputados de la oposición. Además, la mayoría de 72 votos no sería suficiente ni para iniciar una reforma del Estatuto de Autonomía, o incluso la propia ley electoral catalana. Por otra parte, estos 72 diputados representaban a menos catalanes que los 63 restantes, que estaban en contra de la DUI. Había mayoría de escaños, pero no de votos, y en esas condiciones no sólo es ilegal proclamar la independencia, sino profundamente antidemocrático.
Además, los catalanes no saben quién de esos 72 diputados votó en blanco, ya que dos de ellos lo hicieron, según el recuento de la presidenta del Parlament. Todo esto tenía tantas garantías como el pseudo-referéndum del 1 de octubre, es decir, ninguna. Y todo esto es clave porque los 72 diputados no actuaban en su propio nombre, sino en representación de los catalanes.
Lo más sorprendente de todo esto es que la idea del voto secreto en esta resolución fue del líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, que la difundió públicamente por Twitter y luego por televisión a primera hora de la mañana. Luego hay que reconocer que el PP rectificó y no participó en una votación ilegal y antidemocrática, y con un resultado cantado: el peor posible para los catalanes, una independencia antidemocrática e inviable.
Con todo esto, estaba claro para cualquiera que el Senado debía autorizar al Gobierno para restablecer la Democracia y la legalidad en Cataluña. En esto el Gobierno contaba con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, o más bien en el caso del PSOE creía contar. Dos senadores, Francesc Antich y José Montilla, que además era ex presidente de la Generalitat y el único presidente de Comisión socialista en el Senado (Presupuestos), se negaron a participar en la votación. Esta negativa, en una votación como la del 155 en la que se exige mayoría absoluta, tiene los mismos efectos que votar en contra. Está claro que ni el PSC ni una parte del PSOE estaban dispuestos a avalar con su voto la única medida posible ante la violación a la Constitución y a las leyes.
El domingo 29 de octubre tuvo lugar en Barcelona una impresionante manifestación a favor de la unidad de España, en la que el único líder nacional que participó fue Albert Rivera. Allí pude escuchar cómo Josep Borrell señalaba que el artículo 155 había salvado muchísimos empleos en Cataluña: tenía razón. Es una lástima que ese hecho no hubiese convencido a algunos representantes de su partido de que cumpliesen con su trabajo: participar en la votación más importante en la historia del Senado.
El viernes 27 fue un día negro en la historia del Parlament de Cataluña. Sin embargo, el domingo siguiente muchos catalanes estuvieron a la altura de las circunstancias en las calles de Barcelona. Como señalaba Winston Churchill, refiriéndose a la victoria aliada en El Alamein, de la que en estos días se cumplen 75 años, "esto no es el final, ni siquiera el principio del fin, pero, quizás sí sea el final del principio". Para dejar atrás estos días negros, es necesario, es imprescindible, que el próximo 21 de diciembre, los catalanes voten masivamente para echar a Puigdemont y Junqueras en las urnas.
Francisco de la Torre Díaz es diputado de Cs y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso.