Demócratas relativos

Por Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco (EL PAÍS, 03/06/06):

Es lo que trae el uso inmoderado del adjetivo legítimo. Que llega un momento en que, salvo pegar a la madre y cosas así, todo lo demás se considera legítimo. Ahora mismo, y cuando parece iniciarse el final del terrorismo, vuelven los nacionalistas vascos a proclamar al unísono que, “sin violencia, todos los proyectos políticos son legítimos”. Sin entrar en honduras, creo entenderles que en ese supuesto cualesquiera iniciativas públicas tienen derecho a su reconocimiento legal. Y como la nuestra es una legalidad democrática, habrá que sobrentender que esos proyectos son legítimos precisamente por ser democráticos. Les confieso que tengo mis dudas ante una democracia de tantas tragaderas y unos demócratas tan relativos.

Para empezar, se me escurre el significado de esa ausencia de violencia. Su abandono -o la renuncia a secundarla- no nos aclara si responde a razones de principio (porque asesinar pisotea un derecho humano elemental) o instrumentales (resulta inútil para el objetivo apetecido). Por el momento, de los terroristas y sus cómplices directos aún no hemos oído la primera clase de razones. Pero el caso es que, se entienda en un sentido o en el otro, esa falta de violencia no vuelve ella sola legítimo lo que esencialmente no lo era ni puede serlo. Tampoco los medios decentes justifican un fin indecente. Entre nosotros muchos piensan todavía, gracias a pasar por alto el porqué y el para qué mataba, que la maldad de ETA se agotaba en sus crímenes y que, muerto el perro, acabará la rabia. Para éstos el hecho de mantenerse dentro de los límites de la ley basta para declarar democráticos pronunciamientos que, bien mirados, darían toda la impresión de totalitarios.

Quizá le malinterpreto, pero es lo que parece sugerir nuestro presidente de Gobierno en una entrevista reciente. Cuando Flores d’Arcais le plantea si las últimas enseñanzas papales en esta materia no revelan una “pulsión antidemocrática” por parte de la Iglesia Católica, el presidente Zapatero responde: “No, sinceramente no, porque creo que la democracia se basa en la disputabilidad de las decisiones del poder. Aun desde posiciones que están equivocadas (…), tienen derecho a negar incluso algunos de los fundamentos más esenciales de la libre convivencia, tienen derecho a manifestarse (…). Lo que no tienen derecho es a imponer”.

Uno se pregunta cómo armoniza con esa disputabilidad la creencia que se arroga ser la administradora de la Verdad absoluta, incluida la política. Fuera de eso, ¿quién desvelará el profundo misterio de que no deba tacharse de antidemocrática una doctrina que socava las bases de la vida democrática? Y aun si un gobierno le concediera graciosamente el derecho a su libre expresión, ¿por qué iba a transformarse el autoritarismo así expresado en algo acorde con el ideal de democracia? Muy sencillo: porque lo democrático en las decisiones del poder consistiría tan sólo en ser disputables, sin que haya norma previa o más honda para calificarlas. ¿Acaso no había “posiciones equivocadas” por negar los puntales de la democracia? Sí, pero ese pecado les será perdonado como acepten participar en la disputa.

Al fijar entonces la no imposición como primero y hasta único criterio legitimador de los actos y proyectos políticos, viene a consagrarse como máxima prueba de legitimidad su respeto a lo que salga de los procedimientos democráticos. ¿Será entonces sin más aceptable un proyecto en cuanto consienta someterse a la concurrencia electoral y asumir los resultados que arroje la regla de la mayoría? Tan reductora simplificación de la democracia resulta muy gratificante para la pereza general, pero interesada y falsa. El ser o no ser de una democracia no se juega tan sólo en los medios que emplea un gobierno o su oposición, sino además en las premisas que invocan y en los fines que persiguen. En realidad, y a poco que el principio de no contradicción valga también en política, sería incluso impensable que todos esos proyectos pudieran ser legítimos. La razón práctica no puede justificar la afirmación y negación simultáneas de un derecho para las mismas personas.

¿Que nadie conoce programas políticos despreciables, por más que se atengan a las formas democráticas ordinarias? Será que nadie quiere complicarse la vida. Desde su misma inspiración, no parecen legítimos por antidemocráticos partidos y proyectos que arranquen de la desigualdad en derechos políticos de los sujetos por razones de etnia, clase social o de otra especie. Tampoco es fácil que lo sean los que defienden la anterioridad y prevalencia política (por sangre, lengua, religión, historia) de una comunidad particular sobre la comunidad general de la ciudadanía. O los que asientan su programa en unos derechos colectivos y del pasado antepuestos a los individuales y del presente… Si después miramos a sus objetivos encubiertos o declarados, ¿llamaremos democrático al propósito de instaurar una sociedad cuyas partes gocen de libertades políticas distintas?; ¿y será justificable postular unas metas que, por exigir un infundado proceso de secesión y de anexión territorial, inducen al enfrentamiento de sus gentes? Es la idea misma de democracia la que se resiste a amparar nada que, aun invocando su nombre, presuponga o se proponga desiguales derechos políticos entre los ciudadanos.

Pero eso que la pura idea de democracia tiene que rechazar han de admitirlo hasta cierto punto las democracias reales. Exactamente hasta ese punto que arriesgue la pervivencia o traiga la degradación del régimen democrático. Cuando tal riesgo exista, no debería causar escándalo que lo ilegítimo fuera prohibido, porque más escandaloso sería dejar indefensa la comunidad que nos hace ciudadanos. Aquel absurdo y blando prohibido prohibir de hace unas décadas expresa el vaciamiento de una conciencia colectiva que, carente de criterio moral firme, ya no sabe juzgar qué resulta o no legítimo ni se atreve a discernir entre lo democrático y lo que no lo es. Sería un sinsentido conceder el derecho a servirse de ciertas libertades políticas (de manifestación, asociación o voto) para restringir o eliminar esas mismas libertades. No cabe liquidar “democráticamente” la democracia.

Si damos por conjurado semejante peligro, en cambio, a nuestras instituciones les tocará arrriesgarse y acoger en su seno incluso a quienes las desdeñan. Lo que era ilegítimo seguirá siendo ilegítimo, y así lo argumentaremos en la plaza pública, pero con las precauciones debidas habrá pasado a ser legal. Será un paso más debido todavía cuando su contrapartida sea la protección de vidas humanas y la vuelta de un clima político regular. Eso sí, quedará claro a los recién ingresados que su acogida como miembros de la comunidad no se debe tanto a sus méritos como al de las instituciones que ellos han combatido. Y todos hemos de saber también que el reconocimiento legal de su proyecto público está lejos de otorgarle un certificado de democrático. No vayamos a malentender la democracia ni a maleducar al ciudadano.