Mientras se acortan los plazos para la inminente retirada del Reino Unido de la Unión Europea y se renegocian los límites, el pueblo británico debe necesariamente recuperar el control democrático de un proceso que ha sido opaco y absurdamente irracional. La pregunta es cómo.
La democracia nunca puede aspirar a ser sino una obra en construcción. Decisiones que se toman en forma colectiva deben reevaluarse constantemente en forma colectiva a la luz de nuevos datos. Pero en las circunstancias actuales del RU, nada sería más tóxico para la democracia que llamar a un segundo referendo para revisar el Brexit.
Ambos lados, los partidarios de irse y los de quedarse, se sienten traicionados. Se suponía que el Brexit devolvería la soberanía al Parlamento, pero este no tiene incidencia real en un proceso que marcará el futuro de Gran Bretaña por muchas décadas. Los escoceses y el pueblo de Irlanda del Norte son rehenes de un enfrentamiento puramente inglés que puede perjudicarlos seriamente. Los jóvenes sienten que los viejos les secuestraron el futuro, y los viejos sienten que su saber acumulado y sus legítimas inquietudes son ignorados por negociadores que hacen malos acuerdos a puertas cerradas al servicio de intereses creados. En síntesis, enfrentada a su prueba más difícil, la democracia británica está fracasando.
Pero un nuevo referendo no puede ser la respuesta al desastre en curso iniciado por el referendo original. En junio de 2016, el pueblo británico tuvo ante sí una disyuntiva tajante: abandonar la UE o quedarse en ella. Podemos preguntarnos si fue sabio dirimir semejante alternativa colectiva en un referendo, pero la coherencia lógica de la iniciativa fue incuestionable.
Una vez emitido el veredicto, y activado el proceso que estipula el artículo 50 del Tratado de Lisboa, no quedó una alternativa binaria por sí o por no para alejar a Gran Bretaña del caos inminente; ahora hay al menos cinco opciones entre las que comparar.
Boris Johnson y sus alegres partidarios de una salida sin acuerdo hacen campaña para que Gran Bretaña se vaya de la UE y luego busque con ella una relación similar a la que negoció hace poco Canadá. La primera ministra Theresa May se aferra al modelo “Chequers”: obligar a la UE a aceptar una relación que simule la membresía pero deje al RU un grado de libertad que las autoridades europeas están decididas a no concederle. El Partido Laborista propone que el RU permanezca en una unión aduanera dentro de la UE, pero fuera del mercado común. Otra idea, apoyada por el movimiento prodemocrático europeo DiEM25 y a la que me sumo, es que el RU abandone la UE pero permanezca en una unión aduanera y en el mercado común por un período de cinco años renovable de mutuo acuerdo. Finalmente, siempre queda la aspiración de permanecer en la UE como miembro pleno.
Cualquier reconsideración democrática de la decisión de abandonar la UE debe tener en cuenta estas opciones (y tal vez otras). También debe exponer las contradicciones de las propuestas principales. Por ejemplo, si se llama a una votación popular, hay que explicar al electorado el significado de la cláusula contingente (“backstop”) incluida en el acuerdo de May con la UE, que garantiza que no habrá frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. En particular, las soluciones del tipo canadiense no permiten a la vez un acuerdo de divorcio exitoso y mantener a Irlanda del Norte en una unión aduanera con el resto del RU.
Por desgracia, un referendo no es una herramienta apta para discernir entre cinco alternativas distintas y separar en cada una de ellas las consecuencias lógicas de las expectativas infundadas. Incluso con un mecanismo de votación preferencial por el que los votantes ordenaran sus preferencias en la papeleta de uno a cinco, habría un proceso mecánico de eliminación sucesiva de las opciones menos favorecidas el mismo día del referendo, sin posibilidad de debate entre rondas de eliminación.
Un segundo referendo plantea una segunda amenaza a la democracia. Desde los años setenta, cuando el neoliberalismo empezó a reducir el ámbito de la toma democrática de decisiones y trasladó todas las disyuntivas políticas importantes a instituciones financieras y autoridades “independientes” no elegidas (por ejemplo, bancos centrales), la gente ha sentido con razón que el voto es una mera validación ritualista de decisiones tomadas por un establishment ajeno a su control. El referendo por el Brexit fue una rara excepción. La gran asistencia de votantes marcó un récord de participación: fueron a votar más de 17 millones de personas (para muchas de ellas, fue la primera vez) contra los deseos de las principales instituciones del establishment.
En mi opinión, es totalmente lamentable que el pueblo haya decidido redescubrir su poder apoyando el Brexit. Quienes nos opusimos al Brexit, pero también estamos ansiosos de ver una revitalización de la democracia, no podemos apoyar la convocatoria a un segundo referendo, que en esencia sería decir a estas personas: “tomaron una decisión equivocada; ahora vayan y emitan el veredicto ‘correcto’”. Eso les confirmaría la sospecha de que a la democracia sólo se la respeta si no se las respeta a ellas. Los únicos beneficiarios, al final, serían Boris Johnson y su grey, que quieren que la mayoría silenciosa siga silenciosa, reaccionaria y confundida mientras ellos gobiernan.
¿Cómo hacer para que el pueblo británico recupere el control del proceso del Brexit, si un segundo referendo no es la solución?
La respuesta, como pidió el líder laborista Jeremy Corbyn, es una elección general inmediata, en la que se discutan juntas todas las cuestiones relevantes y se presenten plenamente las diversas alternativas. La siguiente votación popular sobre el Brexit debe decidir no sólo el mecanismo de salida preferido por el pueblo sino, sobre todo, el conjunto de reformas económicas, sociales e institucionales para Gran Bretaña que lo acompañarán.
Todos tenemos el deber de formular claramente nuestras propuestas. En aras de revitalizar la democracia y poner fin a la toxicidad del proceso actual para el Brexit, DiEM25 y yo apoyaremos la inclusión del RU en el mercado común y en una unión aduanera con la UE por un período renovable de cinco años, durante el cual, la implementación del razonable programa del Partido Laborista mitigará el daño causado a los pueblos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte por el financierizado capitalismo de casino de sucesivos gobiernos conservadores y neolaboristas.
Yanis Varoufakis, a former finance minister of Greece, is Professor of Economics at the University of Athens. Traducción: Esteban Flamini.