Desde que, en 1864, Bismarck creó en Alemania el primer sistema moderno de seguridad social hasta el Pacto de Toledo ha pasado mucha agua bajo los puentes; sin embargo, en Europa siguen conviviendo en el sistema de seguridad social tres concepciones de arranque histórico diferente: la beneficencia, los «socorros mutuos» y la idea de Beveridge (verdadero impulsor del Estado de Bienestar) según la cual la asistencia ha de cubrir de «la cuna a la tumba a todo ciudadano sin excepción».
En lo que se refiere a las pensiones, el concepto central es simple: que el pensionista (invalidez, viudedad, jubilación) siga manteniendo, tras el evento que le da derecho a cobrar, parejo nivel socioeconómico al que tenía antes. La pregunta del millón es fácil de formular: ¿es eso sostenible a largo plazo?, pero la respuesta no es ni simple ni clara.
Se suele argumentar que la «insostenibilidad» de las pensiones se debe, básicamente, a la evolución demográfica y más precisamente al envejecimiento de la población (porcentaje de «viejos» sobre el total de la población). La idea según la cual el envejecimiento de la población es una especie de catástrofe natural que puede acabar con todos los sistemas de protección social no se apoya en la ciencia sino en el mito.
Las respuestas simples a los problemas complejos no suelen ser acertadas, y éste de las pensiones es un problema complejo. Veámoslo, por lo tanto, con alguna precisión.
Las proyecciones demográficas que acaba de publicar el INE, bajo unas hipótesis que a corto y medio plazo son plausibles, dibujan un futuro poblacional en verdad preocupante. Helo aquí en unas pocas pinceladas.
Entre 2016 y 2031, perderán población doce CC.AA. y treinta y nueve provincias.
Ya en 2016, morirá más gente de la que nace en 33 provincias. En cinco (Zamora, Orense, Lugo, Asturias y León) habrá más de dos fallecimientos por cada nacimiento (en Zamora, casi 3 a 1). Y en 14 provincias, las defunciones superarán en más del 50% a los nacimientos.
En 2030, todas las provincias españolas, menos Almería, Gerona, Madrid y Murcia (además de Ceuta y Melilla), registrarán más muertes que nacimientos.
Sólo ganarán población en los próximos 15 años las comunidades de Madrid, Canarias, Islas Baleares, Región de Murcia y Cataluña.
Así pues, las proyecciones de población del INE dibujan una España en franco declive demográfico, cuyo capital humano, a efectos de sus expectativas de futuro, se va a deteriorar por pérdida de población, y el envejecimiento de la población alcanzará niveles inéditos. No cabía esperar otra cosa, teniendo en cuenta que España en los últimos 25 años ha tenido una fecundidad de las más bajas del mundo.
En cuanto a la estructura por edades, la pérdida de población se concentrará en el tramo de edad entre 30 y 49 años, que se reducirá en 4,2 millones de personas al final de los próximos 15 años (un 28,5% menos) y en 6,0 millones hasta 2066 (un 40,1% menos). En otras palabras: según los cálculos del INE, dentro de 15 años en España residirán 11,7 millones de personas de 65 años y más (tres millones más que en la actualidad).
Este panorama demográfico que dibujan las proyecciones del INE suele llevar a decir que el sistema de pensiones es inasumible. Sin embargo, la demografía está lejos de ser ni el único ni el principal condicionante del futuro de los sistemas de pensiones. La economía es mucho más relevante, porque de ella depende la capacidad de crear o no crear empleo, el aumento de la productividad y el objetivo de reducir las desigualdades. Un país con cuatro millones largos de parados y con los salarios deprimidos lo primero que debe intentar es bajar el número de los primeros y subir los segundos, pues salarios bajos significan cotizaciones bajas y los parados cobran (una parte de ellos) y apenas cotizan.
Es cierto que los españoles gozan de una longevidad entre las más altas del mundo y que la fecundidad está entre las más bajas desde hace casi cuarenta años, pero el envejecimiento de la población española se sitúa actualmente por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Esta situación aparentemente contradictoria se explica por la inmigración que hubo en España durante los años 1998-2008.
En cualquier caso, como ha escrito el demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón:
«El futuro será, en buena parte, la culminación de un largo y complejo proceso que ha contribuido a prepararnos para afrontar sus propias consecuencias. Sin duda, los cambios demográficos exigen adaptaciones, pero es absolutamente rechazable el automatismo entre esos cambios y la necesidad de limitar la protección social de los dependientes. La transición demográfica genera a la vez el envejecimiento de la población y su antídoto. Aumenta la población dependiente de mayores, pero a la vez aumenta la población capaz de producir y disminuye el número de mujeres y menores dependientes.
Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid.