El próximo 26 de junio, los españoles estamos llamados a las urnas por segunda vez en seis meses. Nunca en nuestra historia se habían repetido unas elecciones generales por la imposibilidad de los candidatos de obtener la confianza del Congreso. Mucho se ha escrito acerca de tan notorio y novedoso hecho. En párrafos firmados por autorizadas plumas, se ha destacado la incapacidad de los principales líderes políticos para llegar a un acuerdo que garantizase la gobernabilidad del país en unos momentos en que todavía está lejos de amainar la tormenta desatada por la corrupción, los desafíos separatistas y los coletazos de la brutal crisis económica vivida. En otros casos, se han puesto de relieve los palos en las ruedas hábilmente colocados por algunas formaciones políticas en el carro del pacto al que otras se habían subido, en una maniobra más al servicio del tacticismo y la estrategia de partido -con clara visión cortoplacista- que orientada al interés general.
Nadie discute que la celebración de unas elecciones, en cuanto máxima expresión de la libertad democrática, constituye un acontecimiento de alta significación social, que concita positivas valoraciones. Ahora bien, una saturación de citas con las urnas puede conducir también a consecuencias no tan provechosas. La primera: la eventual percepción de las elecciones como una rutina, que, como muchas rutinas, puede llegar a cansar. Sobre todo, cuando las razones que la imponen resultan discutibles. Y es que el 26 de junio iremos a votar para intentar solucionar una situación que se nos ha presentado como de "bloqueo", cuando, en realidad, no sabemos si, de verdad, hay bloqueo o incapacidad de los representantes políticos salidos de los comicios del 20 de diciembre para adaptarse a un nuevo contexto delimitado por tres fronteras: la inexistencia de mayorías absolutas, la superación del bipartidismo y la necesidad de pactar.
Algún líder político se ha apresurado en los últimos días a asegurar que no habrá terceras elecciones. Ojalá. Sólo barruntar esa posibilidad ahondaría en la quiebra de su percepción como acaecimiento especial y su automática conversión en la pura rutina, no exenta, como muchas rutinas, de quejas.
No hace falta ser politólogo ni sagaz observador para darse cuenta de que la celebración de estas nuevas elecciones es resultado de estrategias partidistas. De lo contrario, hoy habría Gobierno en España. Cabría pensar que ese dato es harto revelador de un hecho denunciado con profusión últimamente: la desconexión de la clase política de la ciudadanía, de los problemas que, de verdad, importan al común y, sobre todo, de los modos en que, de ordinario, han de conducirse los negocios, las empresas, en suma, la vida cotidiana.
Los miles de contratos que, a diario, se celebran -entre empresas y consumidores, entre particulares, entre multinacionales, entre nacionales y extranjeros y, así, un largo etcétera- están basados en el acuerdo. La fusión de dos mercantiles exige del pacto, no se impone por mayoría absoluta de no se sabe quién. Y si esto es así en el día a día, ¿por qué no vale en política?
Ahora bien, hemos de ser justos. Por más que, en los últimos tiempos, hayan aflorado las denuncias sobre el alejamiento de los políticos de la sociedad -no en vano, alguna formación ha convertido esta queja en santo y seña de su estrategia electoral-, ni ese mal es producto exclusivo del contexto actual ni, desde luego, es fruta de pronta maduración. Hace tiempo que está entre nosotros, aunque, cierto es, la crisis económica y los frecuentes casos de corrupción que nos asolan han servido de lupa para su más eficaz detección.
Echemos la vista atrás, bastante atrás. De forma coetánea a la celebración de los famosos Pactos de La Moncloa -en 1977-, se asistió en España a un proceso de acomodación de los políticos democráticos en, al parecer, las gratas butacas de las instituciones estatales. Hasta quienes venían de situaciones tan extremas e incómodas como la pertenencia a partidos ilegales durante la etapa franquista -sobre todo, de izquierdas- no tardaron en comportarse como burócratas expertos, que marcaban grandes distancias, no sólo con la sociedad, sino, incluso, con los propios compañeros de militancia. Es como si los políticos, a medida que se introducen en espacios en los que relucen perspectivas de ejercicio de poderes institucionales -no digamos cuando ya se han alcanzado-, se burocratizaran, es decir, se dejaran llevar por rutinas, por una moderación que los conduce a posiciones cada vez más conservadoras de su 'status', máxime si éste comporta beneficios económicos o simbólicos.
Esta tendencia, analizada por Gramsci -uno de los referentes ideológicos de Podemos- y bautizada como "transformismo", presentó manifestaciones en lugares aparentemente inhóspitos para su siembra. En la antigua Unión Soviética, por ejemplo, no sólo hubo un proceso de aburguesamiento de la clase política, sino, incluso, una aristocratización de los antiguos revolucionarios marxistas-leninistas. Parece que el mal afecta a todos.
Veamos algún ejemplo en nuestro país. Y no precisamente próximo en el tiempo. A finales de 1984, el número de parados en España era de 2.400.000 personas, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo. A primeros de abril de 1985, se conoció que los ministros iban a cambiar sus baratos Seat 132 por lujosos Opel Senator de importación, a razón de tres millones de las antiguas pesetas por unidad (el sueldo anual de tres o cuatro obreros de la época). En aquellos momentos, el presidente del Gobierno, Felipe González, tenía asignado un sueldo anual de algo más de siete millones de pesetas. Nada que ver con las retribuciones de los presidentes de las empresas públicas, globalmente ruinosas, por cierto. Sin ir más lejos, el presidente del entonces Instituto Nacional de Hidrocarburos cobraba 9 millones de pesetas, más gastos de representación y dietas -conceptos, estos últimos, que podían llegar a sumar las 90.000 pesetas mensuales-. Poca cosa en comparación con el presidente de Cantabria. A su sueldo oficial de 5.120.000 pesetas brutas anuales, había que añadir otros seis millones para gastos reservados y unos 50 millones para "gastos de libre disposición".
ESCENARIO QUE poco ha cambiado en los tiempos actuales, pues son numerosísimos los cargos públicos con emolumentos muy superiores a los percibidos por el presidente del Gobierno. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año está plagada de ejemplos. Se demuestra, así, que el alejamiento de la clase política de la sociedad -por mor de la propia acomodación de la primera, dadas las abundantes normas que así lo posibilitan- viene de lejos. Se mire por donde se mire, pisar alfombra roja siempre es más gratificante que caminar por adoquines.
El problema es que esa desconexión lleva inherente una sistemática pérdida de confianza en la clase dirigente y un paulatino desinterés hacia los temas políticos. De ahí los riesgos de que ese desinterés devenga en franca depresión cuando se abusa de las convocatorias electorales por la impericia de nuestros representantes a la hora de adaptarse a nuevos contextos parlamentarios.
Para muestra, un botón. Los últimos sondeos atribuyen un claro suspenso a todos y cada uno de los líderes políticos en lo que a valoración ciudadana se refiere. No ha conseguido el aprobado ninguno. De otro lado, la abstención en España en unos comicios generales no baja, en los últimos años, del 26% de media -es decir, una cuarta parte del electorado llamado a las urnas, ni más ni menos-. En 2011, Mariano Rajoy ganó las elecciones con un porcentaje de abstención del 31,06%, que pasó al 26,8% el 20-D. Las últimas encuestas sobre intención de voto de cara a las próximas generales advierten del riesgo de una alta abstención. De hecho, la expectativa de participación que contemplan a duras penas llega al 68%, es decir, cinco puntos menos que el pasado 20-D y seis puntos menos de la media histórica desde que hay democracia.
Cabe pensar que se trata sólo de encuestas y de datos. Es posible. Sin embargo, la fiebre también es, en realidad, una simple señal. Pero siempre alerta de algo más grave.
Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado en excedencia y socio de Business & Law Abogados.