Derecha y democracia

Por Javier Redondo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid (EL MUNDO, 18/05/07):

Hay un sector de la izquierda obstinado -sea por convicción, por sugestión o por mera estrategia- en disociar los conceptos derecha y democracia. Una disociación que no sólo resulta equivocada, sino que acaba por distorsionar el lenguaje y dotar de un carácter diferencial a nuestra cultura política, pues le permite a la izquierda disfrutar de una injustificada superioridad moral sobre la derecha sin necesidad de argumentar la razón que la fundamenta. Le vale con simplificar el pasado y verter en el saco sin fondo de las utopías las palabras más bellas.

Según este recurso dialéctico, que ha calado con notable éxito -dado que hasta la propia derecha ha quedado atrapada en ese subterfugio argumental, presa de sus propios complejos históricos-, la derecha española está tradicionalmente vinculada al autoritarismo, a los pronunciamientos militares, al franquismo y a la más rancia concepción de la política y la sociedad. Anhela el pasado, carece de principios, es materialista, intransigente, fanática, involucionista, retrógrada y, sobre todo, y recurriendo al lenguaje popular: es pura y dura.

Tan apabullada se siente que, para no parecerlo, acepta las reglas que ha dictado su adversario político, se provee de etiquetas y eufemismos para el disimulo y asume con insana naturalidad que tiene más vergüenzas que tapar. Sin percatarse de que con ello ha consentido cederle a la izquierda la propiedad, en régimen de monopolio, de las dos ideas nucleares sobre las que se han construido las democracias contemporáneas: la libertad y la igualdad. Se tiende, en consecuencia, a despreciar, casi siempre sin pizca de ingenuidad, la decisiva contribución del liberalismo conservador al progreso, a la configuración y fortalecimiento de nuestro tejido social y a la consolidación de la democracia en España.

A principios del siglo XIX surge, frente a los innovadores, partidarios de importar el modelo revolucionario francés, una corriente moderada que desprecia por igual el absolutismo y la revolución, la reacción y la improvisación. El ilustrado Jovellanos representa fielmente el compromiso con el justo medio, que no es más que la búsqueda del equilibrio entre el orden y el progreso. ¿Y qué llaves abren las puertas del progreso? La libertad, la educación y la regeneración política, económica y social. Se perfila así el primer gran ensayo regenerador de la España contemporánea.

Con estos mimbres iniciales se forja asimismo el liberalismo doctrinario, que asienta su proyecto político sobre la herencia de todos aquellos valores e instituciones históricas que considera irrenunciables y que no entorpecen, si se las pone en hora, la travesía de la prosperidad, entre ellas, la Monarquía y las Cortes. Además, la Constitución de 1812, producto tanto de la innovación como de la renovación, acuña los conceptos de nación y soberanía nacional para reforzar el principio nuclear del nuevo sistema político, económico y social surgido tras la quiebra del Antiguo Régimen: la libertad individual.

El heredero de esta tradición tras la muerte del nefasto Fernando VII es el granadino Martínez de la Rosa. El moderantismo configura su corpus ideológico en torno a tales principios, que, a modo de cuaderno de bitácora, trazan la ruta de la modernidad.

Monarquía limitada, soberanía nacional, derecho a la propiedad, imperio de la ley e igualdad de libertad son categorías propias de la derecha a las que bien podría recurrir una izquierda moderna y verdaderamente progresista, no delirante ni estancada en el anhelo de la revolución pendiente.

Sobre estos pilares levantó Cánovas del Castillo el más sofisticado producto de arquitectura política ideado hasta entonces. La Restauración supuso el más elevado esfuerzo realizado hasta el momento por superar la división entre las dos Españas. Porque, sobre todo, el malagueño entendió que su invento no podía prosperar si no se extirpaba de raíz el mal endémico de la política española: la exclusión del adversario. Lo cual no fue óbice para que el régimen tratara legítimamente de inmunizarse ante las amenazas declaradas. Por ello, sólo dentro de la ley y de la Constitución, cabía el nacionalismo moderado, el regionalismo, el federalismo, el republicanismo y hasta el socialismo. Cánovas se erige en la viva imagen del pactismo.

El continuador y renovador de la obra canovista bien pudo ser el mallorquín Antonio Maura. Sólo cuatro notas de su biografía sirven para desmontar otros tantos tópicos infundados sobre la derecha española: cuando llegó a Madrid para iniciar su carrera como abogado apenas hablaba castellano; sus orígenes políticos se hallan al lado del liberal Gamazo; mantuvo una estrecha relación con Cambó -quien sentía una profunda admiración por él- y su arrinconamiento se debió en gran parte a la hostilidad del joven Alfonso XIII.

Por tanto, la derecha ni niega la pluralidad cultural de las regiones de España, ni carece de sensibilidad para reconocer y extender los derechos civiles, ni se muestra reacia a defender las señas de identidad de Cataluña, ni es incapaz de pactar con sus oponentes, ni actúa siempre en comandita con la Corona.

Maura, provisto de un programa regenerador e integrador, para quien «la democracia no es una dominación excluyente», sucumbió asfixiado por los extremos, que promovieron contra él una campaña de agitación y descrédito sin precedentes. No tuvo tiempo de poner en práctica su «revolución desde arriba». Tampoco pudo sacar adelante una ley antiterrorista basada en su afirmación parlamentaria de que «el poder público no puede pedir permiso a los delincuentes para existir». Un año después, la Semana Trágica arrojó 102 muertos.

Pasado el tiempo, el advenimiento de la II República trajo consigo la definitiva estigmatización de la derecha. Y no vale la excusa de que muchos liberales conservadores, liberales progresistas y reformistas permanecieron al lado de Alfonso XIII durante la dictadura de Primo de Rivera. ¿Se ignora que trabajaron por reinstaurar el sistema representativo? ¿Es que no aceptaron la interpretación de los resultados de las municipales de 1931, pese a que habían renunciado a presentarse a los comicios por estimar que no era éste el mecanismo adecuado para refrendar el tipo de régimen?

Tampoco sirve el tan manido recurso de la ambigüedad y su dudosa fidelidad republicana: no sólo una catarata de fieles monárquicos se había pasado con armas y bagajes al republicanismo, sino que los que no lo habían hecho pusieron todo de su parte para contribuir a que se respetase el orden de la recién instaurada legalidad republicana.

Por tanto, el régimen incurrió en el gravísimo error de prescindir de la mitad del país por puro frenesí revolucionario, pese a los esfuerzos de Alcalá Zamora, Portela Valladares, Chapaprieta, incluso Lerroux o el propio Giménez Fernández, quien representa mejor que nadie la continuidad histórica del moderantismo. Le acompaña en este viaje Gil-Robles, al que no cabe imputarle el cargo de declararse accidentalista. Porque ¿quién no lo era entonces? Desde quien abogaba por la dictadura del proletariado a la vez que participaba del Gobierno, hasta quien reclamaba una República socialista o una federación ibérica. ¿Acaso no hay fuerzas y líderes políticos accidentalistas en la actualidad? ¿Por qué en algunos casos el accidentalismo es sinónimo de compromiso y en otros es simplemente una declaración torticera de intenciones?

Posteriormente, durante el régimen de Franco, la única oposición interior digna de ser catalogada como tal estuvo constituida por el movimiento obrero y estudiantil, una parte nada desdeñable de la Iglesia, y la democracia cristiana, liderada por Ruiz-Giménez, impulsor de la revista Cuadernos para el Diálogo. Desde sus páginas, la derecha moderada -civilizada, dijo José María de Areilza- contribuyó, junto con socialcristianos y socialistas moderados, al entendimiento entre aperturistas y socialdemócratas y a sentar las bases de un nuevo pacto, de la Transición y de la Constitución de 1978, sobre la que se ha construido el régimen más abierto, completo, democrático y duradero de la Historia de España. El proceso, por cierto, fue pilotado de nuevo por un reformista moderado: Adolfo Suárez.

En suma, el árbol genealógico del moderantismo español, constituido por la secuencia de nombres: Jovellanos, Martínez de la Rosa, Cánovas, Antonio Maura, Gil-Robles, Giménez Fernández, Ruiz Giménez, Adolfo Suárez y el primer Aznar, presenta los más significativos hitos modernizadores de la España contemporánea.

Frente a estos impulsos, caracterizados por la voluntad pactista y el sucesivo entendimiento con el liberalismo innovador, el progresismo, el liberalismo fusionista, el socialismo humanista y la socialdemocracia, emana con fuerza un radicalismo excluyente que demoniza a la derecha y prestigia a la izquierda.

Con el agravante de que late en el fondo de esta izquierda postransición, esclerotizada, narcotizada y narcotizante, la convicción de que el régimen constitucional actual es el resultado de un pacto espurio entre el franquismo y la oposición tolerada. Para ella, la República es el principio de «todas las cosas», y por eso la bandera tricolor constituye su símbolo de la libertad. Por el contrario, el liberalismo conservador enarbola la bandera constitucional para manifestar su firme compromiso con la libertad.

En este sentido y según su tradición, el programa reformista y liberal conservador en la actualidad no deja lugar a dudas: patriotismo y cohesión nacional basados en la libertad del individuo, en la Constitución del 78 y en la solidaridad interterritorial; progreso social basado en la igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley; desarrollo individual basado en la ética de la responsabilidad, el mérito y en un sistema educativo que premie el esfuerzo; mantenimiento del Estado del Bienestar -queda pendiente de analizar el papel decisivo que ha desempeñado la Iglesia católica en su desarrollo, llegando allí donde no alcanzaban en su primera fase los poderes públicos- basado en la superación de problemas identitarios para concentrar la tarea gubernativa en la eficaz gestión de recursos. Porque no se debe olvidar que para el liberalismo el Estado es necesario si es útil, y es útil si resuelve problemas cotidianos y garantiza el imperio de la ley y con ello el orden.

Por tanto, resulta una grave muestra de pereza intelectual negarle a la derecha su contribución al progreso, y, detectados los síntomas, conviene ponerle el termómetro de la radicalidad precisamente a quien pueda insinuar que la tradición de la derecha en este país es bien conocida, sin especificar luego más; o a quien pueda asegurar categoricamente que nada tiene que aprender de la derecha -pues uno siempre tiene que aprender de quien considera digno y legítimo contrincante-; o a quien desde la atalaya de la intelectualidad afirme -sin asomo de rubor pero con demasiado rencor- que «es preciso que el integrismo retire sus manos arteras del cuello de Madrid» porque «el cuerpo español necesita que la derecha no reviente el corazón del Estado».

En definitiva, el programa que cabalga amnésico hacia ninguna parte es aquél que prescinde de sus referentes ideológicos y se aleja del regeneracionismo de Joaquín Costa, de la Institución Libre del Enseñanza de Giner de los Ríos, del socialismo humanista de Fernando de los Ríos, del krausismo, del reformismo de Melquíades Alvarez, del catalanismo de Cambó, del europeísmo de Madariaga, del socialismo integrador de Julián Besteiro, del pensamiento social cristiano de Fernández Ordóñez, del pactismo constituyente de Peces Barba o de la socialdemocracia modernizadora de los primeros gobiernos socialistas.

Y ante tal deserción, el liberalismo conservador ha de plantearse, para evitar errores, la misma pregunta que retóricamente formuló Jovellanos a los suyos en los albores de la revolución: «¿Porque ellos sean frenéticos seremos nosotros estúpidos?».