Derecho a la española

La pasión de los españoles no es el fútbol, los toros, el juego, el sexo o la bebida, sino el derecho administrativo. En cualquier junta de vecinos alguien enarbola los estatutos extrayendo de un ignoto artículo insospechados significados; al instante, varios se enfrascan en un debate en el que el derecho y la gramática salen abollados. En estos días, el político que no traiga una segunda Transición o una reforma constitucional que solucione todos los problemas no es nadie. Los partidos han planteado propuestas importantes en estas semanas, pero muchas parecen derivar de una chusca escuela española de Derecho Constitucional.

Una muestra de esta escuela es la Gaceta de Madrid de 16 de septiembre de 1923. Mediante real decreto del Ministerio de Gracia y Justicia, el rey Alfonso XIII vino a nombrar presidente del Gobierno al teniente general Primo de Rivera. En el siguiente real decreto, con un rasgo de sinceridad: “honrado por V.M. con el encargo de formar gobierno… que yo mismo he contribuido a provocar”, Primo de Rivera se nombró presidente del Directorio Militar y suprimió casi todos los ministerios; en el siguiente designó a los integrantes del Directorio y en el siguiente aceptó la “dimisión” del presidente del Gobierno y los ministros en ejercicio.

En el juicio sobre el 23-F, Tejero justificó su irrupción en el Congreso afirmando que creía que era un encargo del Rey y que si el Rey puede disolver las Cortes, también podía enviar la Guardia Civil para disolverlas. Al día siguiente, Martín Prieto escribió una de sus más memorables crónicas.

Otro ejemplo: la reforma del artículo 8.4 de la Ley Orgánica de Referéndum en 1981 para que Andalucía accediera a la autonomía por el artículo 151 (de la Constitución), revocando el requisito de que fuera necesaria la aprobación de la mayoría del censo electoral en todas las provincias. Si no se hubiera cambiado esta ley, y se hubiera buscado otro procedimiento, no se habrían aprobado “iniciativas” por exiguos porcentajes de votos favorables.

Algunas cosas leídas estos días hacen suponer que esta escuela chusca y chapucera inspira a quienes ocupan el escenario político tras las elecciones.

Podemos, en su documento Un país para la gente, de 15 de febrero, propone que si el PP no se suma a las ideas de reforma constitucional del Gobierno del Cambio (naturalmente, esto sería antidemocrático, ya que el PP “se apropia del candado constitucional” con sus escaños) se podría “activar la vía popular sobre la base del art. 1 (soberanía del pueblo español), del art. 23 (derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos) o del art. 92 (referéndum consultivo)… que permiten convocar un referéndum para iniciar el proceso, de modo que la ciudadanía se pueda pronunciar directamente… a través de una pregunta clara y concisa acordada entre las formaciones partidarias de abrir un proceso democrático…” (página 23). En suma, violentar todos los procedimientos previstos para reformar la Constitución, con el loable propósito de llegar a “una Constitución orientada a resolver los problemas de la gente” (página 21) porque esta no lo es. Lo más chirriante es lo de sintetizar en una pregunta la extenuante cantidad de reformas constitucionales que Podemos pergeña, pero no aclara.

El Acuerdo sobre un Gobierno Reformista y de Progreso, del PSOE y Ciudadanos, afirma que “la valoración ciudadana sobre algunas instituciones se ha deteriorado en los últimos tiempos” (página 47), las peor valoradas son los partidos (y los sindicatos), pero no hay ninguna propuesta para reformarlos. Propone un barroco procedimiento para elegir a los miembros de los órganos constitucionales y reguladores mediante la “convocatoria pública de las vacantes a cubrir; evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un comité asesor de composición profesional (¿qué significa eso realmente?) variable, cuyos miembros sean designados… por insaculación entre los propuestos por los grupos parlamentarios… informes de evaluación, sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado, aprobación por la mayoría que proceda por la o las Cámaras competentes” (el texto es aún más engorroso con las salvedades).

O sea: para llegar a que las Cámaras los elijan como ahora se introduciría un tortuoso (y caro) procedimiento, pero la negociación por lotes al final seguiría. ¿No sería más fácil copiar a otros países con más tablas que nosotros? Por ejemplo, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional como el Supremo de Estados Unidos: propuesta del candidato por el presidente del Gobierno y aprobación por mayoría de dos tercios del Congreso y/o del Senado, lo que obliga a buscar buenos candidatos, pero la clave reside en que los elegidos sean vitalicios, o hasta los 80 años. Eso haría que sus elecciones sean individualizadas, no por bloques, impidiendo repartos por lotes, y garantizaría la independencia de los magistrados. ¿No sería mejor restablecer un sistema de carrera y méritos para los jueces que regule su acceso a los órganos judiciales superiores en vez de dejarlo a la discrecionalidad del CGPJ o las propuestas de las asambleas autonómicas para magistrados de los tribunales autonómicos? Hay varias ideas contraproducentes, por ingenuas o resabiadas, contra la corrupción.

Cataluña es una fuente inagotable de innovaciones. Allí, quienes no tienen mayoría para reformar el Estatuto por dos tercios del Parlament, pretenden aprobar la independencia por mayoría. Se adjetiva unas elecciones plebiscitarias (¿qué es eso?) o se quiere validar una “consulta” sin censo. En el derecho internacional, Cataluña permanecería en la OTAN, pero sin Fuerzas Armadas, a gastos pagados. Pudiera ser que en la “desconexión amable” anide que lo que quede de España ampare la defensa de Cataluña, o que las pensiones que se cobran en Cataluña se conviertan en derechos personales intransferibles, en vez de sociales y nacionales; o sea, que la Seguridad Social española siga pagando las pensiones de los residentes en Cataluña —aunque se declarasen no españoles—. El Barça seguiría jugando las ligas españolas porque son asociaciones “privadas”. Todo así.

La última, por ahora, es del Gobierno. Según su interpretación, el Congreso “no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso”; se desprende que el presidente no debe informar al Congreso de las decisiones y de su posición en el Consejo Europeo de la UE, etcétera. El Congreso interpreta la situación de forma opuesta: “en la medida en que el Gobierno en funciones conserva ciertas competencias… la Mesa (del Congreso) podría admitir… la tramitación de iniciativas de control”. Esto parece razonable. La idea de un Gobierno en funciones sin control parlamentario es estrafalaria; justificarla en que no existe relación de confianza asombra, precisamente por eso, pensaría cualquiera. El fondo es que Rajoy no quiere debatir en esa cámara, y en el PP ya nadie se atreve a decirle que se equivoca.

Ha llegado una generación de políticos, en la que se juntan diletantes y resabiados que manipulan sin pudor normas y procedimientos, que parece pensar que la Constitución y las leyes son de plastilina y se interpretan a conveniencia, se hacen trampas para escapar a su control o se retuerce su significado. Que esto pase en una junta de vecinos es una pesadez, pero un país no puede funcionar así. En tres meses, las nuevas Cortes están mostrando unos conocimientos jurídico-políticos y un respeto a las normas que no pasan del nivel de vecinos que buscan tres pies al gato. Lo peor es la inutilidad de todo esto. Malos tiempos aguardan si el PP (retorciendo los significados), el PSOE y Ciudadanos (trampeando en el solitario), Podemos y los nacionalistas catalanes (con ideas caudillistas de la soberanía) pretenden gobernar con interpretaciones del derecho delirantes o lampedusianas. El país merece seriedad y respeto a sus reglas del juego, tal vez, mejores políticos. Lo mejor es que vuelvan en junio, esto no ha empezado bien. Y lo que mal empieza …

José Antonio Gómez Yáñez es profesor de Sociología Política. Universidad Carlos III.

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