Derecho al olvido en la era de internet

Ya en 1979, Karel Vasak, reputado jurista y antiguo colega mío en la Unesco, había clasificado los derechos humanos en tres generaciones apoyándose en el célebre lema de la Revolución Francesa: «Liberté, égalité, fraternité». La primera se refería a los derechos fundamentales individuales y políticos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; la segunda agrupaba los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derivados de la construcción del Estado del bienestar; y la tercera,los vinculados con la solidaridad —nombre moderno de la fraternidad—, en la que Vasak recogía un grupo heterogéneo de derechos relativos a la paz, a la calidad de vida o a las garantías contra la manipulación genética. No entro en la jerarquización existente entre estas tres generaciones —Vasak tampoco entró—, sino que más bien pienso que se trataría de nuevas aportaciones ligadas a la evolución de la historia. Lo cierto es que seguimos en la lucha por universalizar de verdad el reconocimiento y respeto de los derechos humanos fundamentales y algo me dice que, según avanzan las generaciones de Vasak, entramos en un terreno bastante más vaporoso.

Lo que a Vasak jamás se le ocurrió fue la necesidad de desarrollar un nuevo derecho del que ahora tanto se habla: el derecho al olvido. De todas formas, en aquellos tiempos que parecen ya tan lejanos Google no existía.

Dejo a los juristas la tarea de analizar si con el llamado derecho al olvido habría que añadir una cuarta generación de derechos enmendando la plana a los revolucionarios franceses, o si por el contrario el derecho al olvido puede inscribirse en u oponerse a algún derecho fundamental de naturaleza individual en el ámbito de la libertad de expresión, de asociación, del derecho a un debido proceso o a la libertad religiosa. Los partidarios del llamado derecho al olvido, hoy por hoy inexistente en los ordenamientos jurídicos vigentes en el mundo, lo definen como el derecho a suprimir o bloquear informaciones que afecten a la privacidad o a la dignidad de la persona que los reclama. Y todo porque Google, ese estupendo buscador sin el que ya no podemos vivir, tiene la manía de indizar todo cuanto se encuentra en la Red, mantenerlo allí eternamente y recuperarlo a la velocidad del rayo en respuesta a la consulta, sea quien fuere el autor de la misma. Lo cierto es que la Agencia Española de Protección de Datos ha llevado a Google ante el Tribunal Europeo (Luxemburgo) a partir de la reclamación de un ciudadano que quería evitar que, ligadas a su nombre, aparecieran informaciones relativas a una subasta de inmuebles tras un embargo por sus deudas con la Seguridad Social, por considerar que dichas informaciones carecían ya de relevancia y resultaban perjudiciales a su dignidad.

Dejo de lado las disquisiciones relativas al ámbito jurisdiccional competente en este caso para centrarme en el meollo del asunto. Me pregunto hasta qué punto la noción del respeto a la privacidad puede extenderse al ocultamiento de información a petición de la parte interesada en que no se conozcan hechos y acontecimientos de los que fue protagonista y que en su día fueron públicos a través del BOE o de los medios de comunicación, simplemente porque «carecen ya de relevancia», cuando, en realidad, es porque no convienen a sus actuales intereses. A mí me parece que tal pretensión puede ser además opuesta a los derechos humanos fundamentales felizmente reconocidos en los países democráticos. En todo caso, tal pretensión es opuesta al interés de la historia.

Todos sabemos que la generación de información y conocimiento del siglo XXI será digital —lo es ya en gran parte— y será, a la vez, cuantitativamente inconmensurable. Pero sobre todo, en los siglos venideros, Internet será para los historiadores la fuente principal para la investigación de cualquier tema que guarde relación con cuanto haya sucedido en este siglo. Como hija de historiador y como alguien que tiene además muchos amigos dedicados a esta disciplina a mi juicio fundamental (es difícil saber a dónde vamos si ignoramos de dónde venimos), sé cuán importante es para ellos poder acceder a protocolos notariales, documentación judicial, registros civiles, mercantiles y de propiedad, de alcabalas, y un largo etcétera, para obtener un retrato de personas no solo célebres, sino incluso anónimas en su época, que, a su vez, cruzando todos los datos obtenidos, permitan hacer la radiografía de una sociedad, de sus sistemas jurídicos, hacendísticos, políticos, sociales y culturales, del urbanismo de sus ciudades y pueblos, de los precios de las cosas, etc. Hoy los investigadores que trabajan sobre siglos precedentes tienen que emplear mucho tiempo, años incluso, y dejarse muchas pestañas para encontrar el dato que buscan para cuadrar su puzle. Quienes les sucedan en el tiempo lo tendrán mucho más fácil gracias a Google. Pero no solo a Google. Las Bibliotecas Nacionales, responsables de la preservación del patrimonio bibliográfico y documental de los países, están legalmente autorizadas a archivar Internet en el o los dominios de su correspondiente ámbito nacional. Hace ya años que lo vienen haciendo mediante «peinados» robotizados que se lanzan periódicamente en colaboración con la Internet Archive Foundation, responsable de agrupar el archivo a nivel mundial. Y lo hacen por las razones de estudio e investigación a las que se deben.

Desde que Internet llegó a nuestras vidas, todos compartimos una gran vitrina de cristal abierta a las miradas de los demás. Cuanto sobre lo que cada uno de nosotros hayan publicado los Boletines Oficiales, los medios de comunicación, las webs en las que compramos, los blogs de nuestros amigos y enemigos, o los simples tweetsde nuestros simpáticos vecinos, está y seguirá estando a disposición de nuestra pareja, de nuestros empleadores presentes y futuros, de las compañías de seguros, de nuestros abogados, de nuestros médicos y de cualquier mortal que se interese por nuestra humilde persona.

Hagan la prueba si todavía no la han hecho: tecleen su nombre en Google y podrán reconstruir momentos de su vida que su humana memoria selectiva había borrado hace tiempo. Y el asunto se amplía aún más para nuestros jóvenes, y para todos los que somos adictos a las redes sociales. Estas sí entran de lleno en datos hasta ahora privados —o sea, nunca antes publicados— que dejan de serlo cuando se los regalamos nosotros mismos a cambio de gozar de un servicio gratuito. Moraleja: más que nunca, conviene comportarse bien y vivir haciendo —y diciendo— el menor número posible de tonterías de las que nos podamos arrepentir. Y las que hagamos, asumámoslas deportivamente porque, querámoslo o no, permanecerán indisolublemente asociadas a nuestro nombre.

De hecho, en mi opinión, no es que ahora haya más corrupción, más pelotazos o más indecencias de todo tipo. Siempre las hubo. Lo que pasa es que ahora todo se sabe. Quizás la transparencia acabe siendo para muchos un argumento más convincente que la ética. Y, desde luego, mucho más compatible con la democracia y los derechos humanos que la opacidad.

Milagros del Corral, asesora de organismos internacionales. Fue directora de la BNE.

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