Como partido independentista, en EA defendemos desde nuestra fundación el derecho a la autodeterminación como vía pacífica y democrática para obtener la independencia de Euskal Herria. Amparado por la legalidad internacional, puesto en práctica en Europa con una normalidad más habitual en los últimos años de la que se quiere resaltar (tenemos los ejemplos de Lituania, Letonia, Estonia, Eslovenia, Montenegro, Malta, Chequia, Eslovaquia, Chipre...), clave en la resolución del conflicto irlandés (Acuerdos de Viernes Santo), y aplicado en Québec, este derecho permite a los ciudadanos y ciudadanas de un país decidir sobre su futuro político mediante consulta o referéndum, y en su caso, dotarse de estructura de Estado.
Todo nacionalista que aspire a la plena soberanía de su país reclama, coherentemente, este derecho. Lo cual no significa que la autodeterminación sea una reivindicación únicamente nacional, sino esencialmente democrática. Tal es así, que históricamente este derecho ha sido postulado tanto por las naciones sin Estado, como por movimientos de izquierda que lo entendían y defendían como ejercicio máximo de la soberanía popular. Principio democrático, por lo tanto, y no voluntad más o menos minoritaria o caprichosa, como arguyen en los ámbitos negadores de los derechos de los pueblos, que utilizando falsos argumentos defienden en realidad los intereses de su nación, véase española o francesa en el caso del pueblo vasco.
Uno de los mayores logros políticos de las últimas décadas en Euskadi ha sido la asunción del derecho a decidir como eje para la solución del llamado conflicto vasco. Logro al que no todos los agentes políticos hemos contribuido con igual empeño -algunos, desde sus convicciones nacionalistas españolas, se han dedicado a sabotearlo mientras otros dentro del nacionalismo vasco se han sumado tarde y dubitativamente a su defensa-. Pero la realidad es que hoy existe un alto grado de consenso a su favor en la sociedad vasca.
Probablemente las tesis soberanistas han contribuido a la aceptación de este principio por parte de una mayoría social que supera en porcentaje al voto abertzale y, según las diversas encuestas publicadas el último año, apuesta decididamente por ampliar nuestra capacidad de autogobierno, que vincula a las altas cotas de bienestar que hemos alcanzado en estos 30 años.
Asumiendo este hecho social, y entendiendo el derecho a decidir como un exponente irrenunciable de nuestra libertad colectiva, Eusko Alkartasuna propuso con éxito en 2001 incluirlo, en su formulación original como derecho de autodeterminación, en el programa electoral conjunto de PNV y EA.
Cuatro años después, en una coyuntura bien distinta, con un texto de Nuevo Estatuto sobre la mesa, que había sido aprobado legítimamente en Gasteiz en diciembre de 2004 y rechazado sin contemplaciones en Madrid, incorporamos al futuro programa de gobierno el compromiso de realizar, durante la legislatura 2005-2009, una consulta a la ciudadanía para recabar su aval frente a quienes se negaron a tramitar siquiera esta propuesta en el Congreso de los Diputados.
En ninguno de los dos casos la estrategia de ETA influyó en la decisión de los partidos del Gobierno vasco de tomar la iniciativa en defensa de nuestra soberanía y de la capacidad de decisión de las instituciones y de la sociedad vasca. Partió de las convicciones propias, y de la inexcusable necesidad de exigir respeto a la voluntad mayoritaria de Euskadi. En ninguno de los dos casos hubo afán de fracturar y dividir la sociedad, sino de contar con ella, mediante un pronunciamiento expreso, y ante quienes habían negado incluso la existencia de la nación vasca, y cerraron de un portazo las vías de todo posible entendimiento. Eso sí, mediante una iniciativa pacífica y democrática, impulsada desde las instituciones del Gobierno y Parlamento vascos.
Esgrimir ahora a ETA como excusa para impedir la consulta prometida a la ciudadanía, cuestionando incluso su legitimidad, es poner esta organización violenta por encima del Gobierno y el Parlamento. Es ceder a ETA el tutelaje de la marcha política de nuestro país, y otorgarle un derecho (en este caso, el de veto) sobre las reivindicaciones de nuestro pueblo -empezando por la de la paz- que en Eusko Alkartasuna le negamos por principios éticos y políticos.
Asumir que no puede haber ninguna consulta en Euskadi mientras exista ETA -argumento alimentado por el PP y por los sectores más conservadores del PSOE- es maniatar a partidos e instituciones vascas, y someter la voluntad de la sociedad a las acciones y omisiones de una organización armada de la que reniega y es víctima. En definitiva, es castigar a esa mayoría social que, precisamente, defiende una solución al conflicto por vías pacíficas, políticas y democráticas.
Por supuesto que es necesario el consenso entre los partidos vascos. Y debemos trabajar todos para conseguirlo. Pero sin conceder a nadie, y mucho menos a quienes 30 años después de la llamada Transición española siguen siendo renuentes a respetar nuestro autogobierno, niegan nuestra legitimidad para decidir y criminalizan las aspiraciones abertzales, la capacidad de veto sobre el futuro de este país.
Si llevamos el argumento de la violencia al extremo tampoco podríamos convocar elecciones al Parlamento y Gobierno vascos. O podríamos hallarnos en el despropósito de que, habiendo sido la primera comunidad del Estado en poner en marcha el proceso de reforma de su Estatuto, termine siendo la última en contar con una nueva norma refrendada por su ciudadanía.
No podemos convertir la existencia de ETA en el único eje de la política del país. Ni hacer del día a día una situación de excepción permanente. Porque ello nos aboca a tiempos pasados, a un estado de cosas del que los únicos beneficiarios serían la propia ETA -que hallaría en ese contexto el caldo de cultivo apropiado para tratar de lograr una justificación social de la que hoy carece-, y quienes han utilizado y siguen utilizando su violencia para obtener réditos partidistas y nacionales españoles.
'No imponer, no impedir', en cualquier caso ambas juntas, son máximas exigibles a todas las partes. Pero especialmente al poder central español, que es a día de hoy el único con capacidad legal de 'imponer' un marco que ya está agotado, e 'impedir', por vía política o judicial, a los vascos y vascas nuestro derecho a decidir libremente nuestro futuro.
Un pronunciamiento democrático no da esperanzas a ETA, ni la legitima, ni fortalece su estrategia: todo lo contrario. ¿No será tal vez el miedo de algunos a ver debilitados sus argumentos lo que se esconde tras el aplauso de PP y PSOE a estas posiciones del señor Imaz?
Una consulta, bien planteado su contenido, fórmula y condiciones mínimas exigibles para su desarrollo, con el compromiso de todas las partes de respetar el resultado, nos obligaría a todos y todas. También, y en primer lugar, a ETA, que quedaría 'desarmada' políticamente. Pero igualmente a los partidos vascos, que a partir de ahí tendríamos la obligación de dedicarnos única y exclusivamente al desarrollo del bienestar de la ciudadanía.
Begoña Errazti, miembro de Eusko Alkartasuna.