Derechos humanos en la Iglesia católica

Por Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III (EL CORREO DIGITAL, 01/07/06):

En la asamblea extraordinaria celebrada los días 21 y 22 de junio los obispos católicos españoles no lograron ponerse de acuerdo en la elaboración de un documento sobre la unidad de España, pero sí coincidieron todos sin dificultad alguna en denunciar que en España se vulneran los derechos fundamentales. Quizás tengan razón en la denuncia: hay derechos humanos que no se respetan, sobre todo los de los excluidos y marginados, aunque no creo que se refirieran a éstos sino, más bien, a los derechos de la Iglesia católica, que en muchos casos más que derechos a respetar son privilegios a eliminar. Al hilo de esta denuncia voy a hacer una reflexión sobre los derechos humanos en tiempos de globalización neoliberal y especialmente dentro de la Iglesia católica.

Vivimos inmersos en la cultura de los derechos humanos, una cultura que suele considerarse universal tanto en su fundamentación y su contenido como en su desarrollo normativo. Es una cultura de consenso que apenas tiene detractores, aunque sí críticos de su formulación conceptual, de su regulación jurídica y de su aplicación a veces selectivamente excluyente.

A su vez vivimos inmersos en una cultura que transgrede los derechos humanos de manera sistemática, no sólo en el plano individual, sino también, y de manera muy acusada, en el estructural e institucional, a veces con el silencio -¿cómplice?- e incluso con la colaboración necesaria de los organismos nacionales, regionales e internacionales encargados de velar por su cumplimiento, la mayoría de las veces para proteger los intereses del Imperio y de las empresas multinacionales bajo el paraguas de la globalización neoliberal. Pareciera que los derechos humanos fueran todavía la asignatura pendiente o, en palabras de José Saramago, la utopía del siglo XXI.

El neoliberalismo niega toda fundamentación antropológica de los derechos humanos, los priva de su universalidad, que se convierte en mera retórica tras la que se esconde la defensa de sus intereses, y establece una base y una lógica puramente económicas para su ejercicio, la del poder adquisitivo. En la cultura neoliberal los derechos humanos tienden a reducirse al de propiedad. Quienes son propietarios, quienes detentan el poder económico, son sujetos de derechos; el resto, no.

Pero, ¿qué sucede en la Iglesia católica? No parece que sea una institución muy escrupulosa en el respeto a los derechos humanos ni que su jerarquía sea el colectivo más idóneo para dar lecciones en esa materia. La cultura de los derechos humanos está ausente de su organización, que se configura de manera estamental (clérigos y laicos; Iglesia docente e Iglesia discente, jerarquía y pueblo de Dios), funciona al modo jerárquico-piramidal, no facilita cauces de participación y se resiste a democratizarse alegando que no es un sistema de poder, sino una organización de institución divina y con fines puramente espirituales. Lo que choca, de entrada, con el título de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, que ostenta el Papa.

El Papa y los obispos católicos defienden los derechos humanos y alertan constantemente sobre su transgresión en la sociedad a través de múltiples declaraciones, pero desconocen e incumplen los derechos de los cristianos y de las cristianas en el seno de la Iglesia. Defienden la libertad en la sociedad, pero se olvidan de la libertad cristiana, reconocida de múltiples formas en los textos fundadores del cristianismo. Sirvan dos citas como botón de muestra: «Donde hay Espíritu del Señor hay libertad»; «para que seamos libres nos liberó el Mesías ; no os dejéis atar de nuevo al yugo de la esclavitud». Estamos, por tanto, ante una clara incoherencia vaticana.

Veamos algunos ejemplos sin ánimo de ser exhaustivos. Las mujeres son excluidas del acceso al sacerdocio, al episcopado y al papado, alegando que Jesús fue varón y que sólo puede ser representado por varones. Se convierte así a Jesús de Nazaret en un personaje machista cuando lo que puso en marcha fue un movimiento igualitario de mujeres y de hombres. Se obliga a los sacerdotes a ser célibes cuando esa imposición es contraria al derecho de toda persona a contraer matrimonio, y, además, teológica e históricamente no existe una vinculación intrínseca entre sacerdocio y celibato. No se reconocen ni se respetan libertades como las de expresión, investigación, cátedra e imprenta. Hay decenas de teólogas y teólogos condenados por sus escritos y declaraciones públicas, a quienes se les ha prohibido escribir y hablar o se les obliga a someter a censura previa todo lo que escriben, práctica muy frecuente en las congregaciones religiosas. Determinadas obras teológicas publicadas en editoriales católicas tienen que pasar por la censura eclesiástica. Y, en algunos casos, libros publicados ‘con las debidas licencias’ eclesiásticas son retirados de la venta, como ha sucedido con la obra del jesuita Juan Masiá ‘Tertulias de bioética’. Hasta la opción por los pobres es sancionada a veces con penas severísimas como en el caso de la teología de la liberación, condenada por el cardenal Ratzinger cuando era presidente de la Congregación de la Fe en la ‘Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación’, y de algunos de sus principales representantes como Leonardo Boff. Los procesos contra los teólogos y las teólogas no son precisamente un ejemplo de transparencia y de respeto a los derechos humanos; todo lo contrario, los inculpados ven cómo en los procesos eclesiásticos se incumplen sistemáticamente los derechos reconocidos a los procesados por la justicia civil sin defensa ni apelación posibles; se sienten solos ante el peligro. La sentencia está dictada de antemano.

La transgresión de los derechos humanos en el seno de la Iglesia católica no es una cuestión de determinados dirigentes eclesiásticos que actúen dictatorialmente con sus subordinados. El problema es estructural: está inscrito en el paradigma romano de Iglesia, que comenzó en el siglo IV y todavía sigue vigente. Por eso en el terreno de los derechos y las libertades todos los obispos -al menos los españoles- adoptan la misma actitud represiva. Es el compromiso que asumieron cuando fueron elegidos para ejercer la función episcopal.

Y no contenta con reprimir los derechos humanos en su interior, la jerarquía católica se opone el ejercicio de determinados derechos y libertades fundamentales en la sociedad, como los siguientes: derecho al libre ejercicio de la sexualidad, condenando la homosexualidad y generando con sus condenas actitudes homófobas; la investigación con células madre embrionarias con fines terapéuticos, práctica que algunos dirigentes de la Iglesia católica comparan con los experimentos nazis en los campos de concentración, califican de instrumentalización criminal de la vida y consideran que es como tirar seres humanos a la basura; los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Los representantes de la Iglesia católica han jugado un papel muy activo en contra de los derechos de las mujeres en las conferencias internacionales de medio ambiente, desarrollo y pobreza, emancipación de la mujer, etcétera, y han hecho piña con los representantes de otras religiones para evitar su reconocimiento.