Los economistas solemos estar en el punto de mira de la sociedad, y así seguiremos mientras no seamos mínimamente capaces, a través de un cambio de la imperante ortodoxia económica, de solucionar los problemas relativos a la evidente incapacidad de equilibrar y optimizar los sistemas económicos, asignando más eficazmente los enormes recursos naturales, económicos y tecnológicos existentes en el mundo actual. Y para ello es prioritario cambiar un buen número de los axiomas imperantes y formas de medir las variables macroeconómicas relevantes.
Vamos a hacer aquí una breve referencia a un importante desacierto u olvido de la ortodoxia económica vigente, como es el hecho de que al calcular el IPC, que mide el coste de la vida de los ciudadanos, no se incluya una parte tan sustancial en los gastos de millones de familias como es el coste mensual de las hipotecas, o más concretamente de los intereses por los préstamos hipotecarios que pagan puntualmente dichas familias, que merma significativamente su bolsillo y que constituye una parte sustancial del presupuesto y del coste de la vida de las mismas. Y en una época como la actual de importantes subidas de los tipos de interés y, por tanto, de los costes hipotecarios, la realidad es que ese zarpazo que se está dando a los bolsillos de un gran número de ciudadanos no aparece reflejado en el IPC (sí aparecen, en cambio, los alquileres pagados por las viviendas). Además de un notable olvido y ninguneo de una buena parte de la sociedad y, por consiguiente, de su proyección en el sistema económico global, ello origina además que muchas decisiones micro y macroeconómicas basadas en ese incorrecto cálculo del IPC sean erróneas e irreales.
Este sustantivo olvido, o problema de medición, ya se viene resolviendo estos últimos años en diversos países, como en el Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda, por ejemplo. En el Reino Unido existe un Índice General de Precios (CPIH) que incluye el coste de la vivienda para los propietarios ocupantes de las mismas, calculándose en términos de oportunidad o equivalencia. Esto es, se calcula el precio equivalente de alquiler que tendrían que pagar por estas viviendas sus propietarios ocupantes si fuesen arrendatarios de las mismas. Por otra parte, hay en ese país otro índice de precios (HCI) que incluye directamente los costes de las viviendas en propiedad, y ello sobre la base de los costes por intereses hipotecarios efectivamente pagados por los propietarios ocupantes de las mismas.
Mientras tanto, en España y en países de la UE se ignoran totalmente en el IPC estos costes por intereses hipotecarios que pagan millones de ciudadanos, lo cual además de tergiversar sustantivamente este índice del coste de la vida, al omitir esa importante proporción de los gastos corrientes en una buena parte de las familias, descabala los clásicos postulados de que una subida de los tipos de interés origina una disminución de la inflación, dado que origina justamente lo contrario y de forma directa en una buena parte de la ciudadanía. Y por ello tampoco tiene sentido una política de subidas de tipos de interés como la actual, cuando la inflación no es por exceso de demanda sino por escasez en la oferta y los altos precios en los inputs o factores que intervienen en los muy diversos procesos de producción, sea de bienes o de servicios.
Y todo ello, aparte de que una subida de los tipos de interés aumenta los gastos financieros y, por tanto, el coste de vida económico de las empresas, que aunque no intervienen en la medida del IPC sí son factores determinantes y motores en el sistema económico y laboral de un país. También parece que se olvida en la actual ortodoxia económica que una subida de tipos de interés aumenta los gastos financieros de todas y cada una de las Administraciones Públicas, sean estatales, autonómicas o municipales, que aunque tampoco intervienen en el IPC resultan estructuralmente empobrecidas (y, por consiguiente, los ciudadanos). Ello origina asimismo un aumento agregado del déficit público existente así como de la deuda pública, que ya se encuentra a unos niveles demasiado abultados, tanto en términos absolutos como relativos, lo cual afecta negativamente a los mercados y desde luego a nuestras siguientes generaciones, que ya tienen lo suyo.
Podemos concluir, en resumen, que un buen número de los actuales postulados, axiomas y recetas económicas vigentes necesitan una clara y urgente actualización, si no queremos que la economía siga siendo esa ciencia lúgubre, perezosa, que parece que solo sirve para predecir el pasado y cubrir el expediente con fórmulas obsoletas en muchos organismos nacionales e internacionales, y que, en cambio, pueda alcanzar un nivel de innovación similar al que están experimentando otras muchas disciplinas en el gran y dinámico universo multidisciplinar del conocimiento, que tanto necesita nuestra sociedad.
Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares.