El caso Palau-Millet no hace sino deparar cada día nuevas sorpresas tras conseguir sus protagonistas confesos pasar a un discreto segundo plano. Ahora la cuestión estrella es saber si se imputará al gerente de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osàcar, por financiación indebida y al directivo del mismo partido Àngel Colom por saldar las deudas de su frustrada aventura política, el PI, con cargo a fondos del Palau de la Música. A esta ampliación se ha adherido el Consorci del Palau, que también insta la imputación de responsables de Ferrovial, de GPO Ingeniería y de empresas de publicidad y buzoneo (New Letter, Letter Graphic, Hispart y Altraforma) por gestionar y facilitar la financiación ilegal de dicho partido; en fin, se clama por la imputación de la anterior gerente, Rosa Garicano, y de la secretaria de Millet, Elisabeth Barberà. Además, el fiscal, con acierto, ha pedido que los delitos que tal financiación pueda integrar se sustancien en causa separada.
Todo ello ha hecho saltar algunas alarmas. En primer lugar, CDC acusa al fiscal de, por lo menos, oportunismo al efectuar su petición en periodo preelectoral. Conviene recordar que la justicia tiene sus tiempos y que lo único inoportuno son los delitos, no su persecución. De todos modos, en esta campaña electoral permanente en que vivimos, cualquier movimiento judicial que afecte mínimamente a los poderosos siempre va a encontrar agrias censuras y descalificaciones tanto de ellos mismos como de sus corifeos. Va en el sueldo.
Lo que llama más la atención es la respuesta que ha dado otra de las dos acusaciones personadas en el caso. Así, el Orfeó Català -desmarcándose de lo actuado por el Consorci, que integra junto con el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona- se niega a la segregación de la causa. Tan contradictorio proceder lo mantiene su presidente interino, que no ha consultado con el resto de directivos, igualmente en funciones hasta que mañana, día 24, se resuelvan las elecciones al Orfeó.
El proceder de la entidad propietaria del Palau de la Música en el caso Millet resulta sorprendente. Al oponerse a la segregación de una parte perfectamente identificada de la causa, con entidad propia y que no predetermina el resultado de la principal, lo que hace es favorecer el inevitable embrollo procesal; de esta suerte, la causa se vuelve más grande, y cuanto más grande, más difícil de manejar resulta. A ello se añade que si, como parece, la causa Millet está prácticamente conclusa, de no procederse a la separación pedida por el fiscal habrá que esperar a la finalización de las investigaciones que se deriven de la pieza referida a presunta financiación ilegal de CDC. La justicia puede ser lenta, pero si le atoramos las ruedas y la sobrecargamos conseguimos que las tortugas parezcan rápidas.
Una peculiaridad del sistema procesal español, que hay que preservar administrándola con prudencia, es el derecho de que quien se diga ofendido pueda ejercer la acción penal. Para empezar, ha de cuestionarse que quien se diga perjudicado lo sea. De este modo, es discutible que la entidad que ha permitido a sus directivos actuar a su antojo no dándose por enterada del despojo del que dice ser víctima, actúe en contra de lo que parecen ser sus intereses: la restitución en la mayor porción posible de los fondos malversados. Ejercer la acción penal no puede servir para escapar a las propias responsabilidades, en especial patrimoniales.
En el proceso penal se ejercen simultáneamente la acción penal -la petición de un castigo- y la civil -la indemnización por el daño sufrido-. El acusador particular, es decir, la víctima, parece que debería centrar todos sus esfuerzos en esta segunda vía, sirviéndose, claro está, de la primera como legítima palanca. Aquí parece que vaya a ocurrir todo lo contrario: al dilatar la tramitación del caso, da la sensación de que se posterga la reparación. Aun dejando de lado que más de la mitad del dinero volatilizado es público, es decir, de los ciudadanos, la obligación de todo gestor de fondos ajenos es la minimización de los daños cuando estos se producen e intentar su pronta y mejor satisfacción. Cabe preguntarse si la estrategia del Orfeó Català va en esa dirección.
En efecto, si quien más interés debe tener en recuperar el capital expoliado no coadyuva con la instrucción -la investigación necesaria para descubrir la trama de evasión, ocultación y evaporación del dinero ilegítimamente apropiado no lo hace-, sucederá lo que no es infrecuente: postergar hasta que se dicte sentencia la investigación real de los aspectos dinerarios, momento en el que no se hallará otra pista que cenizas. En el caso Roldán, la instructora puso todo su empeño, desde el primer día, en investigar la trama del dinero; la cooperación internacional fue nula y se fracasó; en el caso Banesto, el instructor llegó a obtener, tras ímprobos esfuerzos, algo más del 8% de los 16.000 millones evadidos. En ambos casos se contó con toda la colaboración posible. Aquí no parece que vaya a ser así. Habría que saber por qué.
Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal, UB.