Descargas ilegales y economía sostenible

Una crisis como la actual nos debería enseñar muchas cosas, y quizá una de las más importantes es que tanto el progreso como el futuro han de construirse sobre bases sólidas y firmes que sirvan para crear de verdad riqueza y confianza. Podríamos acudir a múltiples ejemplos. En España, sin ir más lejos, el modelo en el que se ha basado el crecimiento económico en los últimos años ha tenido como consecuencia que los efectos de la situación económica internacional tengan una especial virulencia en nuestro país, sobre todo en términos de empleo y déficit público, sin olvidar la situación específica de sectores concretos de gran importancia para la actividad de la economía global. Otro ejemplo clave lo encontramos en la sociedad del conocimiento: la que construimos en España es un reflejo de los grandes males que nos aquejan como país.

Un análisis profundo muestra que, pese a los avances tecnológicos de los últimos años por los que sin duda debemos sentirnos orgullosos, seguimos con carencias de singular importancia, como es el vacío legal e inseguridad jurídica para la inversión en contenidos en la red, que propicia una continuada vulneración de los derechos de propiedad intelectual hasta situar a España entre los primeros países del mundo en descargas ilegales. Disponemos cada vez de mayores facilidades para acceder a la red; eso sí, mediante el pago de unos precios muy por encima de la media europea. Como especie de contrapartida mal entendida tenemos una inmensa oferta de obras copiadas, de pésima calidad, y que vulneran en toda regla las normas y derechos de propiedad intelectual.

Los contenidos culturales han generado una industria que ofrece empleo y crea riqueza. Hablamos de un sector que juega un papel muy importante en las distintas economías y que, en España, alcanza ya el 5% del PIB, y da trabajo a casi medio millón de personas. Es indudable que un país con pretensiones de salir de una crisis tan dura como la que sufrimos ha de fundamentar su crecimiento sobre bases reales, firmes y de futuro. Una economía sostenible no puede convertirse en un mero mensaje para intentar elevar el cada vez más decaído ánimo de la ciudadanía; necesita asentarse en unos sectores de actividad competitivos y creadores de valor. La industria de contenidos en España es uno de esos sectores estratégicos que deben ser tenidos en cuenta si queremos de verdad progresar con la lección bien aprendida.

Proteger los derechos de propiedad intelectual del robo no sólo es una legítima aspiración de sus verdaderos propietarios, sino una necesidad para nuestro país si quiere disponer de una industria de contenidos digitales competitiva. Las descargas ilegales minan ese camino todos los días de forma constante y masiva.

Algunas cifras resumen esta situación: el valor total de los contenidos digitales pirateados en España ascendió a 5.121 millones de euros sólo en el segundo semestre de 2009, más de tres veces el valor del consumo legal, según el estudio elaborado por la consultora estadounidense IDC. Esta cifra se elevó a más de 10.000 millones de euros durante todo el año. Si hacemos una apreciación modesta, las compañías del sector podían haber captado cerca de la mitad de esa cifra si ya hubiera una legislación que de manera contundente pusiera freno a la vulneración de derechos de propiedad intelectual. Al no hacerlo, Hacienda dejó de percibir, en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades, una cifra cercana a los 1.400 millones de euros en ese ejercicio.

Parece que nuestro Gobierno ha tomado cartas en el asunto e intenta evitar el deterioro de la industria de contenidos culturales que en cualquier país de nuestro entorno es básica en su identidad, su economía y su influencia internacional. La disposición final segunda incluida en el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) marca un antes y un después en este escenario. Sin embargo, esta norma es especialmente moderada al no incluir la persecución ni del P2P ni de sus usuarios, centrándose únicamente en la persecución de las páginas web de contenidos ilegales, a la vez que sufre continuos retrasos en su aprobación, lo que produce el constante deterioro de un sector que es clave para el crecimiento sostenible, y que ha de contribuir a evitar la pérdida de valor en un país como España inmerso en una profunda crisis.

Es fundamental acabar con la vulneración de derechos de propiedad intelectual, con una legislación que los proteja si queremos construir nuestro futuro sobre cimientos firmes y no caer en viejos errores. La disposición final segunda de la LES, que esperamos sea aprobada lo antes posible y en toda su esencia, debe establecer un marco legal para terminar con la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet, a la vez que contribuya a reducir el efecto económico tan negativo que dichas prácticas producen. Es urgente y oportuno.

Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos.