Han pasado más de dos meses desde la fecha fijada por los tribunales para la devolución de los bienes de Sijena que fueron reclamados por Aragón. Como es sabido, se trataba de 97 piezas, 53 de las cuales, las que se conservaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), fueron restituidas el 26 de julio, mientras que permanecen en el Diocesano de Lérida las 44 restantes. Para justificar el incumplimiento de la resolución judicial –lo que resulta extraordinario en un estado de derecho, sobre todo por parte de una institución pública– se alega que las piezas que están en Lérida forman parte de una colección museística inscrita en el Catálogo de Patrimonio Cultural Catalán, por lo que disgregarla sería tanto como ir en contra de la legislación catalana.
Sin embargo, existe el procedimiento para solucionar el conflicto: consiste en descatalogar esas piezas. El trámite puede ser más o menos largo, según lo diligentes que sean las instituciones que deben llevarlo a efecto, pero en principio no debería ser complicado, pues ante el hecho de que son bienes que van a volver a su lugar de origen, para ser allí conservados y expuestos (en Lérida solo se exponen siete de los 44), y de que con ello lo que se logra es dar cumplimiento a una sentencia, las posibles objeciones que se pudieran hacer no parece que tuvieran fundamento en el que basarse. Sin hablar, claro, del dato crucial de la procedencia.
La descatalogación de bienes se ha producido en muchas ocasiones, la mayoría de ellas por motivos no tan justificados. A menudo nuestras administraciones se han querido olvidar de que debían proteger un bien catalogado, y me estoy refiriendo a edificios, cuando les interesaba permitir que se hicieran intervenciones profundas en él para darle un nuevo uso, o incluso para derribarlo si existían planes urbanísticos o inmobiliarios que se lo encontraban en medio. Tanto en Aragón como en Cataluña tenemos ejemplos de descatalogaciones más o menos recientes. Sin ir más lejos, para la construcción de la sede del propio Museo de Lérida fue necesario descatalogar parcialmente el edificio conocido como Llar de Sant Josep, antiguo convento de carmelitas fundado en 1589 y que fue uno de los más importantes de esta orden en Cataluña. Buena parte de sus edificaciones, del siglo XVII, tenían que ser derruidas para levantar el nuevo equipamiento museístico, así que la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Lérida aprobó en 2001 su desprotección legal y la modificación de su ficha en el Catálogo de bienes declarados.
Así pues, si se ha acudido a este procedimiento tantas veces cuando la descatalogación implicaba un más que serio peligro para la conservación o integridad de un bien, ¿por qué habría de representar un problema ahora, con los bienes de Sijena que están en Lérida, si lo único que se va a hacer con ellos es trasladarlos a casa?
La catalogación de esos bienes que hoy están en Lérida, por otra parte, se efectuó en 1999 e incluyó tanto los bienes de Sijena como los de las parroquias oscenses segregadas de la mitra leridana, pues lo que se hizo fue declarar catalogados todos los objetos conservados en el Museo Diocesano. Para entonces hacía ya cuatro años que desde Aragón se reclamaban los bienes de las parroquias, dos años desde que el Gobierno aragonés había acordado ejercer el derecho de retracto respecto de las piezas de Sijena vendidas a la Generalitat, y un año desde que la propia Generalitat había planteado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias sobre esas mismas piezas. La legitimidad de esa catalogación, por tanto, había sido puesta en duda en más de una ocasión, al afectar a obras artísticas que se hallaban en litigio y porque resultaba evidente que solo se había hecho para poner trabas a la restitución de bienes artísticos a Aragón.
Hoy se escucha decir, a los responsables políticos y de patrimonio en Cataluña, que sería poco prudente retornar a Sijena unas piezas que en un futuro tal vez tendrían que regresar a Barcelona y Lérida, si prosperara algún recurso de los que aún son posibles. No se observó esa prudencia, sin embargo, al incluir el patrimonio aragonés en el Catálogo de Patrimonio Cultural Catalán o al construir el Museo Diocesano de Lérida con un discurso museográfico que incluía estas piezas reclamadas, que ahora deben, simplemente, descatalogarse y devolverse.
Por Marisancho Menjón Ruiz, historiadora.