Desdichas universitarias

Diversos escándalos han afectado recientemente a destacados políticos españoles que, en su día, obtuvieron títulos universitarios de forma (¿presuntamente?) irregular. Esto cuestiona, primero, la ética de los implicados. Pero también ha puesto en entredicho la calidad de alguna universidad sin distinguir entre sus centros e, incluso, la del propio Sistema Universitario Español (SUE), contribuyendo a un injusto desprestigio de una institución esencial para el futuro del país. Sin embargo, el SUE está repleto de magníficos centros, departamentos e institutos de renombre internacional. ¿Cómo se ha podido llegar hasta aquí?

Lo sucedido era previsible y los problemas reseñados -como otros- son antiguos y conocidos. Constituyen un claro ejemplo de cómo la pérdida progresiva del rigor intelectual que debe caracterizar a toda institución universitaria acaba minando su funcionamiento y su estructura. Este quebranto puede manifestarse por síntomas intrascendentes como, por ejemplo, que un calendario escolar indique «días lectivos sin clase» sin advertir el disparate, o que las webs ministeriales y universitarias hablen de “titulaciones” en lugar de títulos, como si la sonoridad añadida los hiciera mejores (las titulaciones son otra cosa). Pero también se produce por decisiones nefastas, como la imposición en 2007 por el entonces Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de la versión 4+1 del Plan Bolonia (4 años de grado más el máster), forzando a las universidades a afrontar durante años una gigantesca y agotadora reestructuración de todos sus títulos. No sólo se desaprovechó la estructura 3+2 que ya tenía el SUE, sino que el 4+1 alejó académicamente a España de nuestro entorno, que siguió con el 3+2. Intereses gremiales aparte, ¿cuántas carreras de cuatro años deberían ser de tres?

Desdichas universitariasMás aún, la propia palabra grado era inadecuada. Para empezar, debió hablarse de licenciatura de cuatro años. Pero no sólo el legislador fulminó con un insensible plumazo la histórica licenciatura, que viene del latín licentia, licencia (para ejercer) y que España llevó al Nuevo Mundo, sino que cometió un error: obviamente no es lo mismo el grado de estupidez que la estupidez misma. Pero la verdadera importancia de detalles como éste es el grave problema de fondo que revelan: la insoportable levedad de muchos legisladores educativos y sus perniciosas consecuencias. Pues, como decía el Quijote, “la pluma es la lengua del alma: cuales fueren los conceptos que en ella se engendraren, tales serán sus escritos”. Donde hay confusión, no cabe esperar orden.

De igual forma, cuando la legislación llevó la nueva pedagogía -de la que la enseñanza secundaria sigue sin reponerse- a la universidad, se produjeron graves daños colaterales. Hoy vivimos rodeados de competencias, capacidades, herramientas, destrezasParole, parole… como cantaba Mina. Hasta las normas de los estudios de doctorado especifican doce (¡doce!) competencias, capacidades y destrezas que deben adornar a un doctor, aunque curiosamente son mucho menos detallistas con los requisitos que deben cumplir los miembros de los tribunales de tesis, más moldeables de lo debido. Como dijo Unamuno en 1913 en uno de sus “arabescos pedagógicos” sobre la escuela, a la que en estas cosas la universidad se va pareciendo cada día más, “hay una cierta pedagogía que… huye del verdadero trabajo… De ahí ha nacido el que [los niños] aprendan jugando, lo que acaba siempre por jugar a aprender. Y el maestro que les enseña juega, juega a enseñar. Y ni él, en rigor, enseña, ni ellos, en rigor, aprenden”. Nuestros compulsivos competenciadores deberían leer Amor y Pedagogía. La langue de bois se ha adueñado de nuestras universidades; no sólo se ha perdido el norte, sino la rosa de los vientos. Afortunadamente, el auténtico profesorado resiste enseñando e investigando, atrincherado ante transversalidades, baremos ridículos y la hiperburocracia inútil que todo lo invade, sólo defendida por quienes hacen de ella su modus vivendi.

Esta frivolización de la universidad, en la que sólo importa la apariencia, es esencial para entender el porqué de los recientes escándalos. Consideremos algunas cifras. En 2016, continuando el actual proceso inflacionario, había ya 84 universidades, 34 de ellas (¡34!) privadas: 1’8 universidades por millón de habitantes. El SUE ofrecía en 2015, en números redondos, unos 2.640 grados y 3.660 másteres oficiales (verificados por la ANECA); de ellos, 610 y 710, respectivamente, en las universidades privadas. Hay muchos más másteres que grados. En el curso 2006-07 obtuvieron un máster 5.590 alumnos. En el 2013-14 (no hay datos posteriores) doce veces esa cifra, 67.530; de ellos, 19.560 en las privadas. Estos números crecen al añadir los másteres propios de las universidades, que éstas regulan directamente; su matrícula puede ser mucho más costosa y, además, sus profesores perciben sobresueldos por impartirlos.

El extraordinario crecimiento de los títulos ofrecidos y en especial de los másteres, permite concluir que su creación no siempre se debe a razones académicas; algunas universidades privadas son, además, menos estrictas. Es ilustrativa la distribución por áreas: aproximadamente, el 11% de los másteres oficiales corresponde a ciencias, el 15% a ciencias de la salud, el 22% a ingenierías y arquitectura y -nótese el salto- el 52% a ciencias sociales. Es evidente que detrás de numerosos másteres hay más negocio que rigor. Bastaría conocer los nombres de todos los másteres para confeccionar una short-list de sospechosos cuyo único destino es la pared de un despacho o a una línea en un curriculum vitae.

La sociedad española puede haberse sorprendido al conocer la existencia de títulos fraudulentos y tribunales ad hoc a través de los medios de comunicación. Pero es difícil imaginar que las autoridades universitarias desconocieran tales irregularidades, por lo que cabe preguntarse por qué no las cortaron en seco. Las universidades no suelen informar con rigor sobre los asuntos que no les son favorables, ni tampoco la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Por ejemplo, se insiste en la gran calidad global de las universidades, obviando que el SUE carece del nivel esperable para la decimotercera potencia económica mundial (FMI). En los últimos años, ninguna universidad española aparecía entre las doscientas mejores del mundo en el ránking de Shanghái. Este 2018 hay una, la de Barcelona; sin embargo, un país como Bélgica tiene cuatro.

Ante esta indiscutible realidad, la CRUE se escuda tras la falta de financiación y de autonomía. Ciertamente la universidad española, como la enseñanza en general y la I+D, está mal financiada. Pero las universidades públicas podrían mejorar mucho sin gastar un euro adicional usando bien la autonomía de que disponen, aunque desgraciadamente su sistema de gobierno lo hace casi imposible. Como decía Cajal ¡hace 120 años!: “El problema principal de nuestra Universidad no es la independencia, sino la transformación radical y definitiva de la aptitud y del ideario de la comunidad docente. Y hay pocos hombres que puedan ser cirujanos de sí mismos. El bisturí salvador debe ser manejado por otros”. Pues, al margen de la deficiente y vergonzosamente endogámica selección del profesorado -otra falta de rigor- el gran problema de las universidades públicas es, precisamente, su sistema de gobierno (no gobernanza, please, que es otra cosa).

¿Qué hacer? Parece que ahora los rectores (la CRUE) favorecerían una nueva ley de universidades. Bueno será recordar preventivamente que el indiscutible progreso de las públicas desde la llegada de la democracia se ha debido, primero, a la sociedad que las financia con sus impuestos y, después, al esfuerzo de su mejor profesorado. No, desde luego, a su sistema de gobierno, casi siempre corporativista y autogestionario, pues en realidad sólo rinde cuentas ante sí mismo. Creer, por ejemplo, que los actuales claustros universitarios, donde prevalece el ¿qué hay de lo mío?, realizan el control adecuado es ilusorio.

También conviene insistir en que la CRUE está formada por los rectores de las universidades y no por éstas, como subrepticiamente nos sugiere cuando encabeza sus escritos simplemente por CRUE-Universidades Españolas omitiendo indicar -no hay puntada sin hilo- lo que significa CRUE. En cualquier caso, si el sistema de gobierno universitario hubiera tenido hoy la estructura que en 2013 propuso el Informe del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario, habría sido notablemente más difícil que se produjeran hechos como los referidos (y otros). Quizá sea éste un buen momento para releerlo con menos prejuicios; el tiempo pone todo y a todos en su sitio.

José Adolfo de Azcárraga es profesor emérito de la Universidad de Valencia y miembro del IFIC (CSIC-UV). Perteneció al Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español que emitió su Informe el 12-II-2013.

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