El desempleo se ha convertido en la gran preocupación social en todos los países industrializados como lo muestran las diversas encuestas nacionales e internacionales de que se dispone. Otras informaciones recientes hablan asimismo del riesgo de padecer enfermedades mentales entre las personas que sufren las consecuencias del desempleo. Por desgracia no es un fenómeno nuevo. En España, como en otros países, se produjo una salida masiva del mercado de trabajo como consecuencia de los procesos de reestructuración industrial de los años 80 del pasado siglo. El desempleo creció notablemente entre ciertos grupos de edad, pero sobre todo se produjeron jubilaciones anticipadas. La existencia de unos sistemas de protección social sirvió para facilitar ese paso, brusco en muchos casos, del empleo a su falta. En el caso de Vizcaya, la Margen Izquierda sufrió un varapalo que quizá no se haya estudiado suficientemente. Muchas familias se encontraron con el padre-cabeza de familia prejubilado y los hijos desempleados. La familia, la solidaridad entre sus miembros, supuso un mecanismo de anclaje social más fuerte que las políticas públicas, más generosas en otros países que aquí.
En la actualidad ha cambiado algo la situación. Por un lado, son los inmigrantes las víctimas principales del cambio económico, los cuales no pueden en general confiar en el apoyo familiar o de otros conciudadanos. La Iglesia católica y otras organizaciones cubren en lo básico los fallos del sistema económico y las carencias de las políticas públicas. Por otro lado, no se trata tanto de trabajadores adultos mayores a los que, ante la crisis, se les busca una salida por medio de los mecanismos previstos para otras emergencias sociales como ocurrió a finales del siglo pasado, como el subsidio de paro o el de enfermedad mientras llega la edad de jubilación, sino que en muchos casos las personas sin empleo son jóvenes. Son personas que ante el 'boom' económico, que antes nunca se había conocido en España ni en esa magnitud, habían decidido comprar a crédito casa y coche, dotarse de artilugios electrónicos diversos, y pagarse vacaciones domésticas o en el extranjero confiando en los dos sueldos de la pareja, y como si todo eso fuese la cosa más natural del mundo y que no pudiera tener fin. Por mi profesión, una aproximación breve y limitada a la situación social de los parados me ha proporcionado recientemente la oportunidad de ver desde la perspectiva de las personas desempleadas los problemas, temores y expectativas con que afrontan la nueva situación. Señalan cómo se han visto obligados a cambiar su estilo de vida en relación al consumo y al ocio. Dicen confiar más en las redes sociales que en los mecanismos institucionales. Su esperanza, que aún mantienen, se basa fundamentalmente en aguantar confiando en que esto pasará rápidamente.
Mientras, las cifras tozudamente muestran un panorama desolador, sobre todo en el caso de España. El 13 de julio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países más ricos, publica los datos de paro relativos al mes de mayo pasado en los 30 países que componen la organización. Tales estadísticas se elaboran teniendo en cuenta una definición común de la Organización Internacional del Trabajo, lo que permite las comparaciones internacionales. Los datos apuntan la tendencia, que parece imparable, del desempleo para todos esos países. Claro que con diferencias entre ellos. La media de desempleo para los 30 países en el mes de mayo pasado es del 8'3%. En los países de la zona euro es del 9'5%, así como en Estados Unidos. La mayoría de los países se mueven alrededor de esas cifras. Pero destacan sobre todo tres por su tasa baja. Holanda con el 3'2%, Corea con el 3'9% y Austria con el 4'3%. Hungría, Eslovaquia e Irlanda, en el lado opuesto, se mueven entre el 10% y casi el 12%. Y muy por encima de ellos, el único país de los 30 grandes que alcanza la cifra más alarmante es España, con el 18'7% de desempleados.
Pero si se analizan los cambios producidos en las tasas sobre el mismo periodo en relación al año 2008, se observa que esos cambios son de signo positivo, es decir, que ha aumentado el paro en todos los países. Ahora bien, si en Austria dicho cambio de mayo de 2008 a mayo de 2009 es del 0'7%, en Eslovaquia del 1'4% y en Irlanda del 6'2%, en España la tasa de cambio asciende de nuevo al tipo más alto, con un 8'2% de incremento del desempleo en el mes de mayo de 2009 con respecto a mayo de 2008. Así pues, España aparece primero como el país con las tasas de paro más altas de los 30 países más desarrollados, y segundo, con el crecimiento de tasas más alto progresivamente a lo largo de un año.
Muchos economistas desconfían del éxito de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para salir de la crisis, aspectos sobre los que no puedo opinar. Pero en esta situación me asusta una noticia recién aparecida en la prensa que informa sobre los países y políticas de la Unión Europea, que habla de cómo España se arriesga a perder los fondos regionales de la UE que contribuyen a la cohesión social. A veces, la oposición ha criticado que España haya perdido en estos últimos años unos determinados fondos europeos atribuyéndolo a negligencia o desidia del Gobierno. En este caso, la cantidad que se arriesga a perder es notable, alcanzando los 6.300 millones de euros (o 6'3 millardos) correspondientes a 2007, y cuya fecha última para el cobro es el 31 de diciembre del presente año. Se explica que es debido a que la mayoría de sus programas no han sido aprobados aún al no haber seguido todavía los procedimientos que regulan su obtención, procedimientos tendentes a evitar fraudes. Se muestra extrañeza ante este comportamiento porque el país -se aduce- ha sido considerado siempre como «un campeón de los fondos regionales, debido a la manera eficiente en que utilizaba la ayuda de la Unión Europea para fortalecer su competitividad y crear empleos nuevos». No se entiende por qué en estos últimos años no se actúa igual. El día 14, según dichas informaciones, España ha enviado casi todos los informes solicitados que tienen que ser aprobados por la Comisión para conseguir esos fondos, pero 16 informes regionales y uno nacional han sido devueltos porque diversos extremos no estaban claros.
Para más abundamiento, en abril se publicó un informe sobre las patentes producidas por los distintos países de la OCDE, en un ránking calculado en número de patentes por millón de habitantes. La media de la OCDE es 42,97 y 37,52 la media de los 27 países de la Unión Europea, mientras que en España la tasa es 4,55, por debajo de Eslovenia. Son informaciones todas descorazonadoras. Que en una situación de desempleo como la actual, con miles de empresas cerrando cada día, con millones de personas y familias sufriendo las peores consecuencias de la crisis, con tanta necesidad de superarnos para investigar e innovar para ser más competitivos, con necesidad de fondos que se han congelado para hacer frente a las personas que por la Ley de Dependencia tienen derecho a una ayuda que no van a recibir en tantos casos; que en este panorama, repito, nos veamos los ciudadanos obligados a asistir impotentes y humillados al espectáculo continuo de confrontaciones entre los distintos partidos políticos y enfrentamientos como nunca entre comunidades autónomas, las trifulcas y la verborrea de la más baja estofa, perdiendo el Gobierno un tiempo que es precioso para que cumpla con sus deberes en la obligación que tiene con los ciudadanos, parece más una pesadilla que una realidad. ¡Ojalá para nuestro bien despertemos todos pronto de ella! Sobre todo, por quienes tienen su destino y el de sus hijos pendientes de un hilo.
María Teresa Bazo, catedrática de Sociología en la UPV-EHU.