Desencuentros en la tercera hora

Por Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona y presidente de Organización por el Multilingüismo (EL PAÍS, 30/01/07):

La reciente aprobación del Real Decreto 1513/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, ha armado un considerable revuelo en Cataluña. Según se deduce de este Real Decreto, a partir de ahora las escuelas de primaria de Cataluña deberán impartir la asignatura de lengua castellana a razón de tres horas semanales, en lugar de las dos que eran habituales hasta este momento. ¿Por qué el Ministerio dirigido por Mercedes Cabrera ha optado por forzar este cambio de criterio? Y, sobre todo, ¿por qué en Cataluña ha suscitado tanto rechazo la llamada “tercera hora”?

En una entrevista publicada por El Periódico el pasado 13 de diciembre le preguntaron a la ministra a qué obedecía la nueva regulación. Con sintaxis ministerial, Cabrera respondió: “Se está tratando de que sirva para asegurar que el bilingüismo, que es una riqueza de la educación, quede garantizado”. La ministra venía a sugerir, pues, que con el sistema de las dos horas semanales el bilingüismo no queda garantizado en Cataluña, en el sentido de que los alumnos catalanes no alcanzan un conocimiento suficiente del castellano. Sin duda alguna, se trata de una sugerencia audaz, viniendo como viene de la responsable del Ministerio de Educación y Ciencia. De la Secretaría General de Educación del Ministerio depende el Instituto de Evaluación, anteriormente denominado Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo. Dicho Instituto se dedica, entre otras cosas, a calibrar las competencias lingüísticas de los alumnos españoles.

Pues bien, según los datos del Instituto de Evaluación, en el año 2003 la competencia global en lengua castellana de los alumnos de primaria de Cataluña, calculada como porcentaje de aciertos en una prueba específica, era la misma que en el conjunto de España: el 65%. La glosa que hacía de los resultados un informe posterior del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña es tan diáfana como trivial: “Los resultados globales en lengua castellana que se obtienen en el conjunto de España son iguales que los que se obtienen en Cataluña”. Tan iguales que no hay ni siquiera un punto de diferencia, como en matemáticas, donde los españoles “ganaban” por la mínima (58 a 57) a los catalanes. A la luz de estos datos se impone la conclusión de que el afán armonizador de la ministra ha pesado más en la nueva regulación que una necesidad real de garantizar un bilingüismo que, por lo que respecta al castellano, no está precisamente en peligro.

Pero acaso lo más grave de este asunto no sea el hecho de que la ministra saque conclusiones políticas erróneas de los estudios que su mismo Ministerio realiza, ni el poco tacto que ha tenido con el Gobierno de José Montilla y su flamante consejero de Educación, Ernest Maragall, que se enteró por la prensa de la iniciativa ministerial, aunque Cabrera mantuviera en la entrevista antes citada que en la gestación del Real Decreto “no había habido ocultación en ningún momento”. Lo más grave de este asunto es el desencuentro en lo lingüístico entre España y Cataluña que ha puesto de relieve una vez más el incidente de la tercera hora.

Por parte catalana, el incidente de la tercera hora ha desencadenado un nuevo episodio de hispanofobia lingüística. Ciertamente, en contra de la iniciativa ministerial se han aducido datos como los del antiguo INECSE, y también se ha hablado largo y tendido de la invasión de competencias autonómicas que supone el Real Decreto 1513/2006, pero en más de una ocasión, bajo argumentos pedagógicos y políticos irreprochables, ha asomado un rechazo genuino a ampliar las prerrogativas de la lengua castellana en el sistema educativo de Cataluña -un rechazo, en definitiva, a la lengua castellana per se-. Aquí se nos ocurre un experimento mental. ¿Qué hubiera sucedido si el Real Decreto hubiera impuesto una hora más de lengua extranjera, lo cual hubiera supuesto automáticamente una hora menos de lengua catalana o de clases en catalán? Nuestra hipótesis es que el revuelo, de haberlo habido, hubiera sido sensiblemente menor. Cuesta imaginarse a CiU, por ejemplo, impulsando mociones en los ayuntamientos catalanes para rechazar una hora más de inglés. O quizás el experimento no es tan mental: el documento programático del actual Gobierno de la Generalitat dice que Cataluña debe ser un país trilingüe “con el inglés como terceralengua”, y por ello anuncia más horas de inglés para los alumnos; de hecho, el consejero de Educación de la Generalitat acaba de anunciar un plan de choque para el curso próximo para elevar la competencia en inglés de los alumnos, un plan que prevé, entre otras medidas, impartir asignaturas en inglés ya desde la enseñanza primaria. No parece que los defensores a ultranza del statu quo lingüístico-escolar anden muy preocupados ante semejante perspectiva, aunque lo cierto es que si lo del país trilingüe va en serio el catalán va a tener que ceder al inglés algo más que una hora de clase en primaria. En todo caso, la pregunta es obvia: ¿por qué muchos catalanes están dispuestos a aceptar asignaturas en inglés y rechazan sin piedad una triste hora más de castellano? La razón es que muchos catalanes, acaso influidos por los que se han dedicado y todavía se dedican a politizar las lenguas, ven al castellano como una lengua ajena a Cataluña, por no decir directamente enemiga, y profesan eslóganes tan controvertibles como “antes inglés que castellano”. El tripartito habrá de poner todo su empeño en rectificar esta percepción. Y en ese empeño va a resultar clave la actitud de ERC, que con su promesa de despolitizar la lengua catalana acaso ha confesado su fecunda tarea anterior de politización. El pasado 17 de enero el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, en su condición de vicepresidente de la Generalitat, compareció ante el Parlamento de Cataluña para decir algo que no suelen decir los dirigentes de ERC: “El castellano ha devenido un elemento estructural de la sociedad catalana prácticamente desde los inicios del siglo XX y forma parte de la realidad catalana de comienzos del siglo XXI”. Y por si había dudas sobre el sentido de sus palabras, remachó así la frase: “Es una realidad que todos debemos asumir”. Con esta declaración, Carod no hacía otra cosa que suscribir lo que el PSC, no siempre bien comprendido, ha postulado siempre; hay un extraordinario parecido entre lo dicho por Carod y lo que se puede leer en el último documento sobre política lingüística de la Fundació Rafael Campalans, el think tank de Montilla: “La presencia del castellano es un hecho estructural de la sociedad catalana desde hace mucho tiempo. El castellano forma parte de la realidad catalana”. A Carod sólo le faltó añadir lo que el documento del PSC proclama sin ambages: “El castellano es, así pues, una lengua de Cataluña”. El castellano (todavía) no es una lengua propia de Cataluña, pero empiezan a ser irremediablemente marginales los recalcitrantes que todavía disputan la realidad de su indudable e irreversible implantación social.

Si en Cataluña incluso los que parecían más reacios a hacerlo están en el camino de reconciliarse con un elemento/hecho estructural de la sociedad catalana tan indiscutible como es la lengua castellana, en España harían falta gestos simétricos respecto de un elemento/hecho estructural tan indiscutible de la sociedad española como son las lenguas diferentes del castellano. Hoy por hoy, garantizar el bilingüismo en las comunidades autónomas con lengua propia no pasa por introducir más horas de castellano en las escuelas, porque el castellano no las necesita, sino por asegurar que todos los alumnos de esas comunidades, sin excepción, alcancen un conocimiento verdaderamente suficiente de la lengua propia correspondiente. Y, sobre todo, que tengan oportunidades para ejercitar ese conocimiento fuera del entorno escolar. El documento del PSC antes citado señala con énfasis un punto débil capital en su diagnóstico sobre la situación lingüística en Cataluña: los miles de jóvenes que viven al margen de la lengua catalana, a pesar de haberla “aprendido” en la escuela, gracias a la técnica de la inmersión lingüística. Que Cataluña siga siendo bilingüe, y en definitiva que España preserve su insustituible patrimonio lingüístico, pasa por facilitar la presencia del catalán en el entorno habitual de esos jóvenes (el mundo laboral, el ocio, las nuevas tecnologías y los productos audiovisuales). Más allá de escaramuzas sobre las horas de castellano en la enseñanza primaria, eso es lo que debería preocupar a un Gobierno español verdaderamente comprometido con la diversidad lingüística de España.