Desgravaciones fiscales

Por Inmaculada Rodríguez-Piñero, secretaria federal de Política Económica y Empleo del PSOE (EL PAÍS, 04/02/07):

Ante el debate suscitado sobre las medidas coercitivas, que algunas Comunidades Autónomas están proponiendo para penalizar al propietario de viviendas vacías y así estimular su uso para el arrendamiento, quiero resaltar, en primer lugar, que las considero poco eficientes.

Esta ineficiencia reside en la dificultad de definir las condiciones para considerar una vivienda vacía y en los problemas jurídicos y de gestión derivados de salvaguardar el derecho legítimo de los propietarios. La solución pasa, en mi opinión, por todo lo contrario. Propiciar que el alquiler sea una opción positiva para el propietario y una solución accesible y de calidad para el inquilino.

El alquiler, por su flexibilidad, es una opción eficiente en todas aquellas circunstancias vitales en que nos encontramos en situación de tránsito: el momento de la emancipación, la creación de la familia, la separación, la movilidad laboral.

Además hay otra razón nada despreciable. El factor coste. Es cierto que en nuestro país existe una creencia cultural generalizada de que comprar es una inversión y alquilar es tirar el dinero. Por eso, no es de extrañar que el porcentaje de viviendas en propiedad en España (84%) sea el más elevado de la UE, y que tengamos el parque de viviendas en alquiler más reducido.

Sin embargo, creo que el factor coste debería ser objeto de un análisis más riguroso. Cuando se opta por la compra sólo se compara el pago mensual de la hipoteca con el del alquiler y el resultado es que por un esfuerzo adicional es preferible hipotecarse y ser propietario. Sin embargo, muy pocos, o casi nadie, calculan cuánto les cuesta realmente la vivienda cuando acaban de pagarla y cuál es el coste de una nueva compra-venta en caso de querer cambiar. Es cierto que la revalorización de la vivienda, las facilidades hipotecarias, los tipos de interés y las ventajas fiscales a la compra, ayudan a creer que siempre se gana comprando, pero, insisto, deben hacerse los números bien antes de decidir la mejor opción. La capacidad de ahorro que genera el menor coste del alquiler no suele tenerse casi nunca en cuenta.

Estas consideraciones afectan al alquiler por el lado de la demanda. ¿Qué ocurre por el lado de la oferta?

En España, el número de viviendas vacías no secundarias supone un 21% del total. ¿Por qué no se alquilan? Según el INE, casi el 40% de las viviendas vacías son de gran tamaño, un 18% tiene la categoría de deficiente y un 52% tienen más de 50 años de antigüedad. En cuanto a las que están bien, hay que tener en cuenta otro factor nada desdeñable: las reticencias por parte del propietario de poner su vivienda en alquiler ante los problemas derivados del posible impago de la renta y el deterioro que pueda sufrir la vivienda.

En resumen, existe un porcentaje considerable de viviendas vacías que el propietario no quiere arrendar y otro de viviendas antiguas, de mala calidad y elevada dimensión que no casan mayoritariamente con la demanda.

En consecuencia, nos encontramos ante un problema de carácter estructural en donde el mercado es incapaz, por si sólo, de adecuar la oferta con la demanda. Se trata, por tanto, de una situación que requiere de la intervención de los poderes públicos mediante políticas activas y regulatorias.

Por ello, desde el Gobierno incentivamos el mercado del alquiler con medidas fiscales, desgravaciones al propietario de hasta el 100%, y con políticas activas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, como las ayudas a los inquilinos de hasta 2.880 euros anuales para pagar la renta, ayudas al propietario de hasta 6.000 euros para rehabilitar y adecuar su vivienda para alquiler y la financiación al acceso de 234.600 viviendas en régimen de alquiler que contrasta con las cerca de 22.000 que financió el anterior plan del PP. A estas medidas se le sumará la recientemente anunciada por el ministerio del plan para alquilar pisos a universitarios por menos de 200 euros al mes.

Asimismo, para facilitar a los propietarios la puesta en el mercado de sus viviendas vacías, se ha creado la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que ofrece seguridad, eficacia y transparencia. Los propietarios deben saber que esta Sociedad les garantiza una renta mensual desde la firma del contrato y durante el periodo de vigencia, independientemente de que esté o no ocupada, y que les asegura el buen estado del inmueble en el momento de la devolución.

Pero debemos de seguir potenciando la salida al mercado de inmuebles vacíos y conseguir que el alquiler sea una opción de primera. En este punto quiero señalar propuestas de futuro.

Avanzaremos, todas las administraciones competentes, en la neutralidad fiscal entre el alquiler y la compra, para que la fiscalidad no discrimine la decisión de alquilar.

Seguiremos potenciando y promoviendo la SPA, para que ningún propietario deje de acogerse a sus servicios por desconocimiento, a la vez que se extenderá su red mediante convenios con Ayuntamientos.

Destinaremos el grueso de las políticas de vivienda protegida a viviendas en alquiler, contando con el impulso que la nueva ley del suelo dará a la movilización de suelo público y con el compromiso de CC AA y Ayuntamientos para dirigirlo a crear más vivienda en alquiler allí donde sea necesario.

También son necesarias reformas legislativas respecto a la regulación del alquiler para dar más seguridad y flexibilidad a los propietarios. Habría que estudiar alguna modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como la ampliación de excepciones para recuperar la vivienda antes del plazo de 5 años en el supuesto que los descendientes o ascendientes del propietario la necesiten para vivir. También es indispensable agilizar los procesos de desahucio o, en su caso, establecer soluciones extrajudiciales como por ejemplo los procedimientos de arbitraje.

En definitiva, se trata de ir hacia un escenario en que el alquiler, tanto en el mercado libre como protegido, ocupe cada vez un lugar más destacado para que todos podamos ejercer el derecho ciudadano a una vivienda digna.