Con determinación, el Gobierno del PP perpetra desde hace años una implacable exaltación de la desigualdad en todos los ámbitos a su alcance. También en el de la Justicia. Los retrocesos en derechos y libertades, la regresiva ley del aborto, la contrarreforma del CGPJ y, sobre todo, la ley de tasas prohibitivas contra el acceso a la tutela judicial han exasperado como nunca la desigualdad ante la ley.
Se ha subrayado menos la notoria subversión del papel de la Fiscalía Anticorrupción. Creada originariamente en 1995 por el último Gobierno de Felipe González (en plena ofensiva de los escándalos), fue sometida a un letargo cómplice para encubrir la apoteosis de la cultura del ladrillo durante los años de Aznar. Como ministro de Justicia del primer mandato de Zapatero, desde una conciencia activa y un compromiso combativo contra toda corrupción, la reactivé legalmente, la relancé organizativamente, la reforcé en sus medios y la desplegué territorialmente. Empezando por los puntos más calientes de la corrupción urbanística, que ya era obscena y rampante cuando los socialistas regresamos al Gobierno (costa mediterránea, Madrid, Baleares y Canarias).
Conforme a la Constitución (art. 124 CE), la función del Ministerio Fiscal es la de promover el interés público en defensa de la legalidad; y ejercer especialmente el ius puniendi del Estado mediante la acción penal en la investigación de los delitos y de sus responsabilidades. Los principios organizativos de su unidad de actuación y la dependencia jerárquica tienen como objetivo el de asegurar, con imparcialidad, la igualdad ante la ley.
Cualquiera que tenga alguna experiencia con la Justicia sabe que no es normal que la Fiscalía se sitúe sistemáticamente del lado del imputado y en oposición a las medidas investigadoras incoadas por el juez instructor en la conducción de un sumario. Puede pedir o no ésta o aquélla otra diligencia, pero si otra parte o el instructor las pide, la Fiscalía raramente se toma el trabajo de redactar escritos de oposición o recursos farragosos y prolijos, toda vez que para hacerlo debería rendir cuentas y explicarse ante sus superiores o ante la sociedad.
Más insólito aún es que vierta invectivas, descalificaciones y juicios de intenciones respecto del propio juez, con tal de exonerar a toda costa a la persona investigada, no ya de responsabilidad -lo que, con todas las garantías de la presunción de inocencia, se dilucidaría sólo en juicio-, sino hasta de la pertinencia de una declaración sobre una eventual imputación en el curso del sumario.
Pues bien, de un tiempo a esta parte hemos venido asistiendo con estupefacción a una inversión de la lógica del Ministerio Fiscal en la investigación penal, lo que es singularmente grave cuando se trata nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción. Así, en casos muy sonoros en los que de alguna manera aparecen implicadas personas o instituciones conectadas al Partido Popular (Blesa y Caja Madrid, Ático marbellí del presidente madrileño, ciertas incidencias en los casos Gürtel o Palma Arena), el fiscal se ha retratado desacomplejadamente. Obstaculizando o recurriendo las actuaciones investigadoras. Alegando la ausencia de objeto o de «caso», despachándose insólitamente sobre la «endeblez» o «irrelevancia» de las «meras conjeturas» sobre las que se habría abierto el sumario judicial. O poniendo bajo sospecha la «premeditación» del instructor, como si pudiera sostenerse la idea de que una diligencia pudiera ordenarse por mero «acto reflejo» en lugar de «meditarla» antes de ponerla en marcha.
El caso paroxístico lo ejemplifica, obviamente, la imputación por el juez Castro a la infanta Cristina de dos delitos (fiscal y blanqueo) en el sumario Nóos. Lo criticable aquí no es la actuación de la persona sujeta a investigación, cuyos derechos constitucionales (art. 24.2 CE) permanecen intactos, y es lo normal que se emplee a fondo en hacerlos valer.
Lo criticable aquí es el empeño del fiscal anticorrupción en que en ningún caso se dilucide nada, nada de nada, que tenga que ver con ella...Por más que resulte evidente que no es eso lo que la sociedad espera de un fiscal que persiga sospechas de corrupción respetando la igualdad ante la ley.
No se recuerda un caso parejo de sistemático recurso de oposición del fiscal a todo aquello que apunte a las eventuales responsabilidades de una persona incursa en hechos revestidos de aparente relevancia penal, ni tanta desigualdad en ese empecinamiento según a quién afecte la actuación judicial.
Nunca, con nadie más, habíase visto a un fiscal aplicarse a un ejercicio comparable de celo y celeridad, oponiendo en 24 horas escritos de docenas de folios, sin otro objetivo alegado que la proclamación beligerante de una inocencia trocada en inimputabilidad y consiguientemente en impunidad a priori. Y todo ello sin perjuicio de los méritos o, en su caso, defectos de una investigación obligada por la ley, so pena de desmontar la vinculación general de la legalidad penal y la igualdad ante ésta.
La contumacia del fiscal a la hora de recurrir las actuaciones judiciales reviste todas las trazas de un monumento de exaltación de la desigualdad. No cabe imaginar que en un contexto semejante su comportamiento fuera ése si se tratara de otra persona distinta. Desigualdad, sí, ante la ley, pero no de la persona sujeta a la investigación, que está en su perfecto derecho a postular su inocencia, sino en el ejercicio de la función procesal del Ministerio Fiscal.
Nada más demoledor para el prestigio de la ley y nada más desolador para la reputación del Ministerio Fiscal y su vinculación al principio constitucional de igualdad. Contraproducente, además, para quienes abogamos por confiar al fiscal mayores capacidades para la investigación penal previa al enjuiciamiento, con todas las garantías ante un juez independiente.
Juan F. López Aguilar es catedrático de Derecho Constitucional y ex ministro de Justicia.