A finales del 2023, la Comisión Federal de Comercio estadounidense demandó a Amazon, acusándola de bloquear la competencia y ejercer un poder de monopolio para inflar precios, degradar la calidad y socavar la innovación para consumidores y empresas. Sus empleados describen las condiciones de trabajo como “infernales”, “extenuantes” e “inseguras” y durante los últimos años las manifestaciones en sus instalaciones se han replicado en más de 30 países. Jeff Bezos, su propietario, es uno de los cinco hombres más ricos del mundo, cuya fortuna milmillonaria no ha dejado de crecer durante estos años de crisis y que gastó la friolera de 5.500 millones de dólares en volar al espacio durante la pandemia.
Desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo período, la riqueza en manos del 60% de la población del planeta se ha reducido. Vivir con hambre, estrecheces y la angustia de no poder pagar todas las facturas es la realidad diaria de millones personas, también en España. Al ritmo actual, tardaremos 230 años en acabar con la pobreza, y, sin embargo, podríamos tener el primer billonario en la próxima década. Nunca en la historia de la humanidad tan pocas personas habían tenido tanto.
Mientras millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a agua potable, atención sanitaria, vivienda digna o educación para sus hijos o hijas, los milmillonarios, en su codicia desmedida, han aumentado su riqueza en más de tres billones de dólares solo en los últimos tres años. Es obsceno.
Estos magnates milmillonarios son todavía más ricos y los beneficios de las grandes empresas han alcanzado niveles récord, provocando una explosión de desigualdad. En 2021 y 2022, los beneficios de los grandes monopolios y corporaciones globales crecieron casi un 90% y los datos preliminares muestran que en 2023 volverán a tener cifras muy superiores. Unos beneficios que van directos a los bolsillos de los más ricos: ese 1% más rico que posee más del 43% de todos los activos financieros a nivel mundial, que amasa fortunas y, tras 40 años de rebajas fiscales, no pagan lo que corresponde.
Las prácticas monopolísticas dominan nuestras economías, acaparan poder y concentran los recursos en manos de unos pocos, controlando los mercados: fijan precios, condiciones y obtienen más ganancias sin temor a perder negocios. Los salarios que nos pagan, los alimentos y medicamentos que podemos permitirnos, la vida que vivimos está condicionada por esta concentración de poder. En un sector tras otro, vemos una mayor concentración: dos empresas internacionales poseen ahora más del 40% del mercado mundial de semillas, cuatro controlan más del 60% del de pesticidas. ¡Incluso la variedad de productos en los lineales del supermercado es un espejismo! Una empresa como Anheuser-Busch es ya la propietaria de más de 500 marcas de cerveza.
Y en este contexto global de crisis, a muchos gobiernos les resulta imposible mantenerse financieramente a flote ante la creciente deuda y la escalada de costes de importación de combustibles, alimentos y medicinas. Ahora mismo, seis de cada 10 países entre los más empobrecidos del mundo se enfrentan a la quiebra como consecuencia del pago de deuda.
En 2024, Ghana, Egipto, Sri Lanka o Pakistán invertirán más del 50% de su presupuesto nacional en el retorno de deuda —cuyo valor original ya ha sido pagado con creces— a costa de inversión en salud, educación, protección social o la lucha contra el cambio climático. La República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo, tiene solo la mitad de las enfermeras que necesita. En solo cuatro meses, el país gasta en deuda el equivalente al salario anual de las 141.000 enfermeras adicionales necesarias para brindar atención médica a toda su población.
Podemos garantizar la asistencia sanitaria como un derecho universal, así como combatir el cambio climático, salvar el planeta y generar empleos de calidad. Los avances en tecnología pueden servir para mejorar nuestras vidas, acabar con la pobreza y aumentar la esperanza de vida. Tenemos la certeza de que no es un problema de recursos y los gobiernos tienen el deber de centrarse en las verdaderas prioridades de nuestro tiempo y trabajar para el 99% de la sociedad.
No hay tiempo que perder. Es urgente legislar para asegurar que las grandes transnacionales respetan los derechos humanos y ambientales allí donde operan, así como desmantelar los monopolios y empoderar a los y las trabajadoras. Además, hay que legislar sobre salarios dignos, limitar la remuneración de los directores ejecutivos, perseguir la elusión y evasión fiscal, poner en marcha impuestos permanentes sobre la riqueza y gravar estas enormes ganancias corporativas, invirtiendo estos recursos en asegurar y proteger unos servicios públicos de calidad, así como financiar las necesidades de los países más pobres.
Todo puede ir a peor y durante la próxima década veremos una explosión de desigualdad si no contamos con gobiernos conscientes y valientes. Les toca dar un paso al frente para que acabar con la pobreza sea una realidad.
Franc Cortada es director general de Oxfam Intermón.