Las iniciativas tomadas ante la pandemia evidencian el escaso interés real de nuestros partidos políticos por solucionar los profundos problemas de nuestro sistema sanitario, o bien el desconocimiento de los mismos.
La primera, del Gobierno, fue dotar al sistema de los fondos necesarios para afrontar el incremento de costes derivado de la epidemia. Para ello creó el Fondo Covid-19 mediante el Real Decreto-Ley 22/2020, de 16 de junio, al que dotó con 9.000 millones de euros no reembolsables ni reductores de sus presupuestos previos para su reparto entre las CC AA “con criterios asociados fundamentalmente al gasto sanitario”. La norma señala que “las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado por lo que será responsabilidad de las CC AA y ciudades con estatuto de autonomía destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos”.
La segunda, acordada con el Partido Popular, fue la creación de un grupo de trabajo dedicado a la Sanidad y la Salud Pública dentro de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, cuyas propuestas se votaron por el Pleno del Congreso los pasados 21 y 22 de julio.
Las medidas adoptadas por diferentes CC AA en el plazo más inmediato deberían ir dirigidas de manera preferente a reforzar la capacidad de detección precoz de nuevos casos y el seguimiento de los contactos, y a garantizar los medios para afrontar la protección, especialmente del personal sanitario y grupos de riesgo, mediante los mecanismos de contratación de personal y material que lo hicieran posible. Sin embargo, parecen orientadas en sentidos distintos: la oferta de gratificaciones puntuales o incrementos salariales distintos al personal sanitario por diversas CC AA, sin ninguna homogeneidad entre ellas; el pago a las entidades privadas que han contribuido con sus medios a la atención durante la epidemia con el mismo grado de heterogeneidad entre distintas CC AA en las demandas y el cálculo en las compensaciones; o incluso la construcción acelerada de nuevos centros de justificación como poco dudosa, como el hospital “para pandemias” previsto en la Comunidad de Madrid. A la vez, se están produciendo dificultades e incumplimientos en la contratación adicional de personal, en especial del necesario para hacer un diagnóstico precoz de los nuevos casos y la detección eficaz de los contactos, y la mejora de los servicios de atención primaria. Estas contradicciones no han obstaculizado la convalidación por amplia mayoría del Congreso del decreto-ley mencionado, abriendo la puerta a la distribución inmediata de las cantidades adicionales citadas sin control de su utilización por las CC AA, ni garantía de la efectividad y eficiencia de su uso.
Por su parte, las actuaciones del grupo de trabajo sanitario de la Comisión de Reconstrucción reflejan también contradicciones. Sus análisis obviaron centrar sus objetivos en defectos regulatorios y estructurales que el desarrollo de la epidemia puso de relieve (en el campo de la Salud Pública y la vigilancia epidemiológica; en el de los sistemas de información; en los mecanismos de compra, y en los de gestión de centros sanitarios).
Por contra, el grupo optó por realizar un examen general de la situación del sistema sanitario que era probablemente incompatible con el poco tiempo asignado para llevar a cabo su labor. Si a ello unimos el deseo por alcanzar acuerdos con el mayor número de fuerzas políticas, objetivo pese a todo no logrado, no es extraño que la Comisión haya emitido un dictamen carente de concreción en todos los terrenos.
Las propuestas abarcan campos tan distintos como la gobernanza del sistema, la financiación, la política farmacéutica y de investigación, la salud pública, la atención primaria o la “transformación digital” del sistema sanitario. En ninguno de ellos se constituye una base formal adecuada ni suficiente para una modificación de las normas que los rigen.
El enfoque generalista, superficial e impreciso de los análisis del grupo de trabajo ha llevado además a pasar de largo sobre cuestiones concretas con relación muy directa con la pandemia y su abordaje. Es el caso de los tratamientos contra la infección (y en el futuro de las vacunas), de los cuales hasta ahora tan solo ha recibido un reconocimiento apresurado y parcial de su efectividad. Esto no ha sido obstáculo para que el laboratorio propietario de la patente haya adelantado su intención de someter su distribución a un precio abusivo cifrado en alrededor de 2.000 euros por tratamiento. Frente a esa situación, las posibilidades de recurrir a la licencia obligatoria o la renuncia a los derechos de monopolio de la patente están legalmente abiertas a nivel internacional.
Que esas posibilidades no se comenten siquiera en el ámbito parlamentario en situaciones como la actual, pese a sus enormes potenciales repercusiones económicas sobre nuestro sistema sanitario, son un buen indicador del deterioro del escaso interés por parte de todo el arco parlamentario por nuestra sanidad pública. Ésta, por el contrario, precisa con carácter urgente de alternativas a sus problemas estructurales y funcionales, que están conduciendo a su progresiva deslegitimación.
Javier Rey del Castillo, médico, es portavoz de la Plataforma por la Gestión Federal de la Sanidad Universal.