El imperio español, un conglomerado de entidades políticas muy diferentes que articula la Corona, parecía dar los últimos estertores a finales del siglo XVII. Los Borbones lo mantuvieron aún un siglo, a la vez que empezaron a sentar las bases de un Estado moderno, aunque en gran medida lo debamos ya al liberalismo decimonónico. Asistimos hoy a la vista de todos al desmoronamiento de producto tan preciado.
No estamos viviendo tan solo una crisis política, ni tampoco lo más angustioso es no tener Gobierno. En otras ocasiones, la sociedad española se ha apañado incluso enfrentada al Estado, a veces a uno tan frágil que solo aguantaba en dictadura.
La democracia se asienta sobre la autonomía política de municipios y regiones, pero en España lleva consigo una dinámica centrífuga. En cuanto las instituciones se democratizan, la sociedad amenaza con tragarse al Estado. Desde la dinámica propia de las regiones, el centralismo resulta incompatible con la democracia que, en cuanto se despliega, pone en cuestión al Estado. En España, la democracia no se lleva bien con el Estado, al que tiende a disolver, pero el Estado tampoco con la democracia, empeñado en domeñarla.
Ante este panorama muchos proponen un Estado federal, pero resulta factible solo si previamente está amarrado a una nación sólida. Es menester recalcar algo que entre nosotros se olvida a menudo, que el Estado federal requiere de una nación fuerte y unida, algo que con la mayor claridad se trasluce en los dos países, Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania, que tomamos por modelo cuando propugnamos el federalismo como remedio de nuestros males.
El caso es que en España, a la vez que unos aspiran a constituir un Estado federal, otros se enorgullecen de su plurinacionalismo. Además de Cataluña, Euskadi y Galicia, habría que añadir otras “naciones”, como Andalucía, Extremadura y todas las que se autoproclamen tal. Navegamos en la contradicción de aspirar a un Estado federal, mientras que se enaltece un nacionalismo plural que lo niega de raíz. El plurinacionalismo fragiliza de tal modo al Estado que puede acabar con su disolución. Si pasamos a enfocar a la sociedad española desde la Europa del norte, la corrupción destaca como el carácter dominante. Una opinión que me parece poco afortunada, porque muchos de los rasgos que se le atribuyen lo son más bien de la llamada “cultura mediterránea”.
En ella importa recalcar dos altamente llamativos. El primero, un alejamiento de lo colectivo, que puede llegar incluso a una animadversión del Estado. No sé hasta qué punto la anécdota es espuria, pero no deja de ser significativa. Durante la dictadura de Primo de Rivera, un policía se acerca a Valle Inclán, que se halla perorando en una tertulia, al presentarse como tal, le increpa “y lo dice usted así, sin avergonzarse”. Una reacción propia del anarquismo que se considera inherente a lo español.
Como rasgo complementario al distanciamiento del Estado habría que colocar las relaciones familiares y amistosas. El Estado se vive como una abstracción a la que no se está moralmente obligado, si se le puede engañar, se hace sin el menor pudor. En cambio, si se goza de una situación social o política que lo permita, no se entiende ni se perdona no favorecer a deudos y amigos.
Desde la mentalidad del norte sería un insulto pedir al pariente o al amigo que se saltase alguna de las normas establecidas o, sin llegar a tomar una decisión manifiestamente injusta, hiciera una excepción a su favor. En este ambiente, la recomendación sí cuenta y mucho.
Al favorecer tanto al empleado como al empleador, si se conoce la persona adecuada es casi un deber recomendarla. Estando en juego nada menos que el prestigio del que recomienda, nadie duda que su valoración no sea la correcta. Este contexto cultural explica el sentido que la recomendación tiene en el norte de Europa, donde funciona como el instrumento apropiado para seleccionar al personal.
En la España que yo conocí, y me temo que no haya cambiado todo lo que hubiera sido necesario, lo intolerable, incluso si se quiere lo inmoral, era no atender al pariente o al amigo. Las recomendaciones partían de mencionar la relación de parentesco o de amistad que se tenía con el recomendado y se pedía que a la hora de juzgarle se tuviesen en cuenta. En el fondo se exigía del amigo que se comportara injustamente, y si ante tamaña provocación éste se indignase y reaccionara en consecuencia, podía contar con una ruptura violenta y la amistad convertida en una hostilidad vengativa para siempre.
Al menos así me ocurrió la única vez que, ingenuo de mí, reaccioné enfrentándome tan directamente a las normas sociales. En lo sucesivo, a los que me pedían una recomendación les advertía que era bien poco lo que podía hacer, pero haría todo lo que estuviera a mi alcance, y ahí se acaba mi intervención. A menudo me daban las gracias por el éxito que habría tenido la gestión imaginada.
Confiar en la sinceridad de la gente contribuye a expandir la honradez social, y con ello a hacer un país mucho más eficaz. El principio de la desconfianza, interponiendo por doquier controles, desde el supuesto de que si se puede, se engaña, produce el efecto contrario, incrementa las conductas fraudulentas.
Hasta la industrialización de los años sesenta del siglo pasado, en aquella España rural, la oferta más cuantiosa de puestos de trabajo bien remunerados provenía del Estado. Y así como la recomendación era moneda corriente en el sector educativo, sobre todo en la universidad, jugaba también su papel en las oposiciones, aunque manteniendo unos mínimos y exigiendo un saber memorístico que en nada garantizaba el mejor desempeño de la función. Servía de filtro para que los puestos del Estado no fueran en su totalidad a ocuparlos parientes y amigos.
La situación actual es bien distinta. En una sociedad capitalista desarrollada, donde la eficacia es decisiva para sobrevivir, no cabe permitirse el lujo de emplear a la persona inadecuada por ser pariente o amigo. Las influencias sirven para ser seleccionado, pero solo el que cumple se mantiene en el puesto, aunque buenos amigos me dicen que es un juicio demasiado optimista.
En el capitalismo industrial, la mayor oferta de trabajo proviene de las empresas, de la pequeña y mediana en España, pero en la nueva etapa que se inicia de capitalismo financiero, la oferta de trabajo disminuye incluso para el personal cualificado —para el que no tenga una especialización es ya inexistente— con lo que el afán de conseguir empleo público vuelve a aumentar, hasta el punto de que miles de personas compitan por unos cientos de plazas ha dejado de ser noticia llamativa. El tema para los próximos años es qué hacer con la población cada vez más numerosa que no podrá colocarse en el sector público ni en el privado.
Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.