Desmovilización social

El declive de la legislatura estatal hacia su ocaso está generando una grave desafección social, que las encuestas reflejan en forma de rechazo a una clase política mediocre que se manifiesta incapaz de gestionar con un mínimo donaire la crisis económica y hasta de ofrecer teóricas opciones alternativas, capaces de aliviar de un modo u otro la depresión general.

Pero, por si fuera poco efectiva la mediocridad del establisment a la hora de desmovilizar a los electores, el cuatrienio en curso ha registrado una eclosión sin precedentes de casos de corrupción, en buena medida vinculados a los excesos de la burbuja inmobiliaria. Treinta años después de instaurada la democracia, y a pesar de que las leyes se han endurecido para tratar de blindar el quehacer político frente a toda clase de corruptelas, el fenómeno ha arreciado en lugar de haberse mitigado. De poco han valido las declaraciones obligatorias de bienes o los duros regímenes de incompatibilidades, fácilmente burlados por los facinerosos que actúan de mala fe y recurren a la picaresca para enriquecerse.

Lo cierto es que prácticamente todas las comunidades autónomas tienen sus propios escándalos de corrupción que afectan a todos los partidos. Entre los más graves, el PP ha de enfrentarse al caso Gürtel y a las tropelías cometidas por el Gobierno de Matas en Baleares, y el PSOE tiene que pechar con una larga ristra de episodios que alcanza un hito rutilante en el escándalo de los ERE fraudulentos en Andalucía. CiU y PNV arrastran asimismo sus propias historias autonómicas en sus respectivos territorios. Y a medida que se aproximan las elecciones regionales y municipales, empieza a verse que los partidos no están ni mucho menos dispuestos a prescindir sistemáticamente de todos los imputados en episodios de corrupción.

Las democracias europeas no han sido precisamente ejemplares en esta materia, pero todas ellas están haciendo esfuerzos por introducir criterios éticos en la tarea pública. Recientemente, han dimitido la ministra francesa de Asuntos Exteriores por sus relaciones impropias con personalidades del derrocado régimen tunecino, que la obsequiaron en demasía, y el ministro de Defensa de Alemania, por la frivolidad falsaria de plagiar su tesis doctoral. Aquí, el verbo dimitir se conjuga con dificultad y no siempre adecuadamente: hay una larga historia de políticos que se han aferrado al sillón tras cometer indignidades flagrantes. Y la hipocresía con que se maneja la corrupción es hiriente: una reciente convención del PP, cuya mayor gloria fue la firma de un rimbombante manifiesto Por una acción política limpia, sirvió para la rehabilitación pública del imputado Francisco Camps, tras su solemne proclamación como candidato. Una encuesta reciente ha acreditado, sin embargo, que el 78% de los ciudadanos están en contra de que los imputados figuren en las listas electorales.

La opinión pública está soliviantada por esta desfachatez de los políticos profesionales y comienzan a surgir algunas iniciativas en internet, todavía tímidas y minoritarias, pero en franca expansión, que exigen más rigor ético. Dos plataformas, Actuable (actuable.es) y Alvaaz (alvaaz.org/es) lanzaron sendas campañas para echar a los corruptos de las listas electorales antes de que se cerraran las candidaturas. La importancia de los mecanismos de democracia directa a través de la red no debería minusvalorarse. Y si las nuevas tecnologías han desempeñado un papel importante en la revolución democrática de los países árabes, no estaría mal que contribuyeran a perfeccionar la democracia en nuestros viejos regímenes cargados de defectos.

Entre nosotros, no han surgido afortunadamente partidos extremistas o antisistema, capaces de atraer el voto radicalmente descontento, como ha ocurrido en otros países europeos. En Francia, por ejemplo, dos encuestas recientes publicadas por Le Parisien han conmocionado a la opinión pública. Según la primera de ellas, Marine Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional tras sustituir a su padre hace dos meses, ganaría a la socialista Martine Aubry, primera secretaria del Partido Socialista francés (PS), y al actual presidente, el conservador Nicolas Sarkozy, que quedaría en tercer lugar. En la segunda, confeccionada después de algunas críticas por no haber incluido en el sondeo a candidatos socialistas con mejor imagen, Le Pen ganaba también al socialista Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI y en un momento personal de gran popularidad, y a Sarkozy, quien también quedaba en tercer lugar. La decadencia de la derecha gubernamental y la ya crónica fractura de la izquierda socialista, incapaz de construir un liderazgo, amenazan en Francia con la irrupción del fascismo.

Los riesgos de nuestra democracia debidos a la inconsistencia de la política no son todavía tan atroces, pero no deberíamos desdeñarlos: el desánimo engendra monstruos con facilidad. Y, en palabras amargas de León Felipe, «no se juega a la patria como se juega al escondite».

Antonio Papell, periodista.

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