El 23 de agosto fueron devueltas a Marruecos 116 personas que el día anterior habían entrado en España a través de la valla de Ceuta. Las devoluciones se practicaron en aplicación del Acuerdo de Readmisión de 1992 entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, en virtud del cual España puede entregar al país vecino a quienes desde allí han accedido irregularmente a nuestro territorio, con independencia de su país de origen. Durante años, Marruecos se había opuesto a la aplicación del acuerdo, en parte porque aceptar las devoluciones desde Ceuta y Melilla podía ser interpretado como un reconocimiento de la españolidad de estas ciudades. El Gobierno de España debería informar sobre cuáles han sido las contraprestaciones económicas y políticas —sin duda importantes— que han conseguido torcer el brazo de Marruecos.
La aplicación de este acuerdo tiene, además, un elevadísimo coste en derechos humanos. Posibilita que España —en vez de intentar expulsar a sus países a quienes han entrado irregularmente y buscar una salida para los inexpulsables— pueda desembarazarse de ellos entregándolos a las autoridades de Marruecos. Según el artículo quinto del acuerdo, Marruecos “se asegurará de que los extranjeros readmitidos sean enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaron el viaje”. Sin embargo, la realidad es que estas personas, que con frecuencia arrastran largos periplos migratorios extremadamente duros, quedan varadas en territorio marroquí, donde sufren un sistemático hostigamiento y vulneración de derechos, especialmente si son de origen subsahariano. Marruecos no es un país seguro y mientras tengan fuerzas seguirán intentando llegar a Europa. Estas entregas resultan muy cuestionables desde el principio jurídico de no devolución, pues con ellas estamos poniendo en serio riesgo la vida y la integridad de seres humanos.
Por otra parte, ha de recordarse que el acuerdo de readmisión solo es aplicable tras una orden de devolución dictada con las garantías previstas en la legislación de extranjería. La sorprendente celeridad de estas devoluciones y la falta de información denunciada por el Colegio de Abogados de Ceuta son incompatibles con un procedimiento que permita identificar las situaciones de especial vulnerabilidad que el Estado español está obligado a tutelar. El que no haya habido ni una sola solicitud de asilo es un indicio más de que en la frontera Sur de nuevo se vulneran los derechos de personas migrantes y refugiadas.
Pero ya había dado muestras el Gobierno de su política migratoria. Hace un par de semanas hacía suyos sin pudor los argumentos del ministro popular Jorge Fernández Díaz para combatir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 3 de octubre de 2017. En esta sentencia se condenaba a nuestro país y eran declaradas contrarias al Convenio Europeo las denominadas devoluciones en caliente, unas prácticas que consisten en devoluciones por la vía de hecho, sin ningún tipo de procedimiento, y que el actual Ministerio del Interior ha seguido amparando. Se trata de prácticas denunciadas como ilegales por el Defensor del Pueblo y otras instituciones y organismos nacionales e internacionales. El propio Pedro Sánchez las rechazó contundentemente poco antes de ganar la moción de censura, y el PSOE interpuso un recurso en el Constitucional contra la Ley de Seguridad Ciudadana porque a través de ella se pretendió dar cobertura legal a las devoluciones en caliente. Palabras contradichas por los hechos.
Aún hay más motivos para el desaliento. En la rueda de prensa que siguió al pasado Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Carmen Calvo, enfatizó e insistió en la violencia y agresividad de los migrantes. Con ello se justificaría la contundente reacción del Ejecutivo frente a la entrada del día 22. Debería tener más cuidado. En primer lugar, porque, mientras no se muestren las grabaciones, puede legítimamente cuestionarse la violencia generalizada en la que hace hincapié y que no ha causado ni lesiones relevantes ni graves daños materiales. Sus declaraciones generalizando el uso de la violencia son un ejemplo de discurso del miedo, que a través de la deshumanización de “los otros”, nos anestesia moralmente y nos pone en disposición de justificar cualquier decisión contra ellos si supuestamente nos protege. Puede ser una buena estrategia para ganar ciertos votos, pero devora la precaria, pero irrenunciable, cultura de los derechos humanos.
Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora principal del Proyecto iusmigrante.