Joseba Arregi fue portavoz del Gobierno vasco con el lehendakari Ardanza (EL MUNDO, 28/11/05)
No sé si es por la edad, pero uno va teniendo lentamente la sensación de que toda la política española se está convirtiendo en un auténtico despropósito, tal es el cúmulo de despropósitos sueltos que se van acumulando. Parece que ya nadie tiene el control de la situación: está claro que el Gobierno controla cada vez menos lo que va sucediendo, pero tampoco la oposición puede afirmar estar en situación de controlar los acontecimientos.
Sería demasiado fácil responsabilizar de esta situación a la ley electoral y al efecto desproporcionado que la presencia de partidos nacionalistas periféricos ejercen en el conjunto de la política española. Quien más podría aprovecharse de una reforma de la Ley electoral sería IU, no los dos grandes partidos PSOE y PP, de quienes sustancialmente depende el equilibrio de la política española.
Algo está desquiciado. Es un auténtico despropósito afirmar que ETA esté tutelando el proceso del Estatuto catalán. Es un aténtico despropósito afirmar que la reforma del Estatuto catalán, o el nuevo Estatuto catalán, es el resultado del pacto de Perpignan, como es un absurdo afirmar que el plan Ibarretxe es la consecuencia directa del pacto de Estella/Lizarra, cuando en realidad es el intento de ocultar y sublimar su fracaso.
Pero también es un despropósito dilapidar lo conseguido gracias al Pacto por las libertades y contra el terrorismo, gracias a la actuación de todos los poderes del Estado, gracias a la ilegalización de Batasuna. Y lo ganado está siendo dilapidado por la falta de lealtad del PP en la oposición con el Gobierno encargado de definir la política antiterrorista, y por la falta de prudencia del Gobierno en el momento de argumentar y ganarse la complicidad del PP en los cambios que ha introducido en dicha política.
Pues si bien es cierto que lo conseguido gracias a una muy correcta política de Estado contra el terrorismo de ETA ha provocado que nos encontremos en una situación en la que la pregunta no es si ETA puede ser derrotada o no, sino cuándo va a desaparecer ETA, la respuesta a la situación cambiada sigue exigiendo mantener la presión sobre ETA, sigue exigiendo no poner en riesgo la unidad de los demócratas contra ETA, sigue exigiendo una difícil pero, por ello mismo, inexcusable unidad en esa lucha entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. En política democrática es muy difícil que en las cuestiones fundamentales la verdad esté sólo en un lado, y que la responsabilidad o incluso la culpa esté exclusivamente en el otro lado.
Es un despropósito afirmar que la política del Gobierno y de su presidente, Rodríguez Zapatero, consiste en una conjura para destruir España, para desintegrar el Estado, para destrozar la Constitución y el consenso en el que se basó. Y decir que afirmar lo anterior es un despropósito no implica negar a la oposición el derecho y la obligación de criticar el modo en el que el Gobierno y su presidente han abordado la cuestión de las reformas estatutarias y constitucionales. La oposición puede, con todo derecho, afirmar, si lo cree conveniente, que las reformas promovidas o asumidas por el Gobierno de Zapatero tienen consecuencias indeseables desde el punto de vista del mantenimiento de la estructura territorial definida en la Constitución, que tal y como se está planteando el modelo territorial la viabilidad de un Estado eficaz puede estar en peligro y sometido a presiones debilitadoras indeseables.Pero de esa crítica a la afirmación de la búsqueda intencionada de la desintegración del Estado y del consenso constitucional hay un paso que no se debe ni se puede dar.
También raya en el despropósito creer que es posible dar el paso hacia la España plural desde la reforma individualizada de los estatutos de autonomía, esperando que el resultado o la suma de las reformas individualizadas produzca, como si una mano oculta guiara, como la ciencia económica tradicional afirma que lo hace en el mercado, el interés general y el bien común. Lo razonable hubiera sido proponer un modelo de desarrollo conjunto de la Constitución, incluida la reforma del Senado, y en ese contexto proceder a la reforma de los estatutos de autonomía. Cuando el campo de juego no está suficientemente marcado, porque la interpretación posible de la Constitución no lo está, los desbordamientos son más que esperables.
Es un despropósito de magnitudes insospechadas que alguien, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se dirija a interlocutores internacionales pidiendo la expulsión de España de organismos internacionales. Y quizá es un despropósito aún mayor decir que todo ello ha sido producto de un error: algunos errores sólo pueden producirse cuando las ideas fundamentales sobre lo que es el Estado y la política democrática se han perdido, o se hallan desvirtuados.
Sería un despropósito que de la realidad de división que se está produciendo entre las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo se derivara la conclusión de que se puede ocultar el significado político de las víctimas, especialmente de las víctimas de ETA. Lo que une a todas las víctimas de ETA, a los asesinados y a los que sobrevivieron a los atentados mortales de ETA, no es lo que opinan las asociaciones de víctimas. Tampoco lo que pensaron en vida respecto a la política, incluso a la forma de terminar con ETA, los asesinados. Lo que une a todos las víctimas, a todos los asesinados es la intención política de los asesinos, el proyecto político para Euskadi que además de legitimar cada asesinato, lo exigía.
Sería un despropósito -que no está tan lejos de que se produzca realmente- pasar a pensar que, sin violencia, el proyecto político de ETA sigue vigente y es igual de legítimo como cualquier otro proyecto político. Sería un despropósito olvidar que, en cada asesinado, ETA ha inscrito con sangre y fuego la derrota de su proyecto político porque lo ha hecho ética y políticamente inviable.
Fue un despropósito que el líder de la oposición acusara de traición a los muertos al presidente Zapatero. Es un despropósito que la oposición del PP afirme permanentemente que el Gobierno y su presidente han abandonado la Constitución y el consenso que lo inspiró e hizo posible. Es un despropósito que se llegue a afirmar que el presidente del Gobierno pudiera ser reo de traición: a España, al consenso constitucional, a la Constitución, al Estado.
Lo malo es que el Gobierno empieza a caminar por el mismo sendero de despropósitos cuando afirma por boca de la vicepresidenta que la oposición cae en un comportamiento antipatriótico al usar un comunicado de ETA para desgastar al Gobierno. Este puede y debe criticar el uso que la oposición hace de la habilidad de ETA para aprovecharse del río revuelto en el que se ha convertido la política española para pescar en provecho propio. Pero nunca debiera dar el paso de expulsar de la comunidad política a la oposición.
Es cierto que la democracia es la gestión del disenso. También es cierto que esa gestión sólo es posible si existe un consenso básico sobre las reglas de juego, sobre los límites que no se pueden transgredir. La oposición está forzando su crítica legítima hasta el punto de borrar esos límites. Pero tampoco es aceptable que la referencia a la crispación sirva para coartar la posibilidad de crítica que puede y debe ejercer la oposición por el bien de la democracia. Los partidos son sólo parte. Y la conciencia de que sólo son parte debe implicar siempre la admisión de que el adversario posee también parte de la verdad y parte de la culpa y la responsabilidad. Nunca el todo: ni de la verdad, ni del patriotismo, ni de la lealtad constitucional, ni de la responsabilidad y la culpa en el clima político.