Después de la crisis, ¿qué?

Cualquiera que sea la perspectiva que se adopte, resulta ya evidente que el marco de relaciones internacionales se ha visto afectado muy negativamente por el abrumador imperativo económico de la crisis en los países más desarrollados. El orden de prioridades se ha alterado de manera significativa, el clima de cooperación ha empeorado y las cuestiones de estabilidad financiera han pasado a un primer plano casi exclusivo. Se ha producido así una auténtica distorsión de la incipiente agenda internacional que se había venido gestando para tratar de encauzar el proceso de globalización hacia una gobernabilidad más democrática y una prosperidad más equitativa. Ahora bien, los efectos presentes o potenciales de la crisis financiera sobre el sistema de relaciones internacionales no deberían relegar sino resaltar la necesidad de abordar ineludibles problemas de carácter global que exigen por tanto respuestas políticas también globales. Entre estas respuestas se incluye un replanteamiento en la escala y el alcance de la cooperación para el desarrollo, con el fin de transformarla en un instrumento estratégico de un nuevo multilateralismo eficaz.

Algunas de las tendencias globales están suficientemente contrastadas: crisis alimentaria, crisis energética, cambio climático, aumento acelerado de la población en los países más pobres, incremento del número de refugiados y desplazados por conflictos bélicos y desastres naturales, extensión del tráfico ilegal de personas, y los datos no hacen sino agravarse con nuevas evidencias sobre la desigualdad internacional. Con la excepción de algunos países de Asia y América Latina, el mundo en desarrollo no se ha beneficiado del crecimiento exponencial de la economía mundial en los últimos 50 años. Hoy más de 1.000 millones de personas siguen viviendo en extrema pobreza. Alrededor de 400 millones de personas en 18 países se encuentran ahora peor de lo que estaban hace 15 años, la mayor parte de ellos en el África subsahariana. El plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2015) -una agenda de mínimos- está cerca de agotarse, pero un total de 33 países, con más de 1.700 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial, no han alcanzado ni la mitad de las metas.

El camino iniciado en Nueva York (2000) con los ODM, seguido por Monterrey (2002) sobre financiación del desarrollo, París (2005) evaluación de la eficacia de la ayuda y Accra (2008), con la propuesta de un programa de acción, jalonan una serie de avances innegables, pero lentos e insuficientes. La Declaración final aprobada en el reciente Foro de Busán (29 de noviembre-1 de diciembre) propone un cambio de paradigma, al poner el acento, en lugar de la “ayuda al desarrollo”, en la creación de nuevas asociaciones inclusivas de “cooperación para el desarrollo”, abiertas a los países emergentes y a la participación no solo de los Gobiernos sino también de la sociedad civil, incluidas las empresas. Asimismo, se establece un mecanismo de seguimiento y evaluación compartida por la OCDE y las Naciones Unidas, y se aboga por un reforzamiento de la transparencia y la rendición de cuentas, a la vez que se amplían las vías de cooperación, con modalidades Sur-Sur y triangulares. No obstante, las respuestas planteadas carecen del necesario compromiso vinculante y de la responsabilidad compartida entre países desarrollados y en desarrollo. Como ha señalado el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, la agenda de cooperación internacional, “está en realidad al principio del camino”. Todavía permanecen muchas sombras, pero existen algunas luces para ir trazando una hoja de ruta innovadora que permita acelerar el avance y generar cambios en el statu quo.

España ha dado un salto importante en el último decenio en el campo de la cooperación, tanto en recursos como en su despliegue internacional. El sistema español se ha alineado con los mejores principios y prácticas y ha reforzado factores clave como la planificación, los marcos de cooperación, las políticas sectoriales y la focalización de la ayuda, así como la coordinación interna y con la comunidad internacional. El nuevo Gobierno del Partido Popular, surgido de una amplia victoria electoral, tiene una gran oportunidad de consolidar los logros alcanzados y de completar y mejorar la estructura del sistema, apostar por la calidad de los procesos y definir mejor nuestra estrategia de cooperación para que se integre de manera más eficaz en la política exterior, mediante el consenso parlamentario y el apoyo de la sociedad civil. España junto a sus socios de la Unión Europea deben liderar esa nueva visión de cooperación para el desarrollo anunciada en Busán que combine la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos con la consecución de un desarrollo global más sostenible y más equitativo. Nuestra pertenencia al G-20 debiera permitirnos también poner sobre la mesa, de la mano de países afines (Brasil, México, Argentina) algunas cuestiones globales candentes e insistir en la importancia clave de los flujos de cooperación básicos para el desarrollo de los países más necesitados. Junto a las campañas de sensibilización hace falta construir y poner en práctica instrumentos de vigilancia social multinivel, a escala nacional e internacional, para influir en la toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, que permitan un escrutinio continuo y una amplia participación ciudadana, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, para forjar coaliciones y espacios de concertación internacional.

Por lo demás, el posible impacto global de la nueva cooperación para el desarrollo será limitado, si se compara con otras magnitudes relacionadas con un mayor acceso, a ser posible de modo simultáneo, a los mercados internacionales de mercancías, capital y trabajo, por parte de los países pobres. Este es el verdadero test de las reformas de la cooperación internacional, tal como se establece, aunque sea vagamente, en el último y más importante de los ODM, relacionado con el establecimiento de asociaciones para el desarrollo. Mientras tanto, la Ronda de Doha sobre nuevas regulaciones comerciales internacionales sigue en el limbo y el G-20 parece tener otras urgencias.

Una de las mejores imágenes de España en el exterior ha sido su solidaridad con quienes están en peores circunstancias. La cooperación española ha sumado esfuerzos de las instituciones públicas, las ONG y las contribuciones privadas. Sin embargo, la ayuda ha sido víctima también del drástico ajuste del gasto público y se ha reducido significativamente en los últimos años. La solidaridad, la que damos y la que recibimos, forma parte de nuestra historia y a pesar de las dificultades, sigue siendo un bien público necesario. Entre las condiciones de la salida de la crisis está potenciar nuestra dimensión externa, una de cuyas principales bazas es la cooperación, al mismo tiempo que contribuimos a una reconversión del modelo de desarrollo acorde a los imperativos de la sostenibilidad y la gobernanza global. Tras esos centenares de millones de euros que se recortan a la cooperación, hay también centenares de millones de niños desnutridos, de mujeres amenazadas de discriminación y violencia, de familias vulnerables desplazadas por conflictos bélicos y desastres naturales, y de proyectos iniciados por comunidades cuyas expectativas quedarán frustradas. Y ese retraso y abandono provocará más tarde otras emergencias y otras urgencias que llamarán a nuestras puertas y complicarán, si cabe, la ya de por sí compleja y abrumadora agenda global.

Carmelo Angulo Barturen es diplomático y director del Instituto de Cooperación para el Desarrollo Humano, UCJC; Tomás Jiménez Araya es profesor del Máster de Derechos Humanos, Democracia y Globalización, UOC, y José Ángel Sotillo es director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, UCM.

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