Sea cual sea, la cifra habrá sido de escándalo. Muchos medios y el sistema público de salud política en Cataluña han acudido en pleno al rescate de las dificultades de agosto, esas angustias súbitas que han ido destilándose en forma de reclamaciones impacientes y chantajes civiles por parte de los promotores de la consulta, la vía, la uve y el resto de la liturgia soberanista. Las impurezas del catalanismo recién descubiertas pueden tener diagnóstico más alarmante que una mera pigmentación excesiva de la piel, puede que incluso sea una mancha incontrolable y todavía fundamentalmente oculta a la luz pública.
Pero el problema político tiene otra cara. Nos hemos ido acostumbrando de tal modo al perfil romo del Gobierno de Rajoy y en particular de su presidente que ya parece constitutiva la infantilización del lenguaje político, la descarnada apelación populista a la nación y sus deportistas, el énfasis en las banalidades, el acomplejamiento de Estado desafiado, el sentimentalismo de feria municipal, la vulgaridad estridente del estilo mismo. La asfixiante ausencia de credibilidad en su discurso, el vacío ideológico como fetiche sagrado transmiten la sensación de un escepticismo casi nihilista sobre su misma función presidencial que explica muy bien, o ayuda a explicar, la estimulante, fantasiosa y hasta fanfarrial predicación de discursos alternativos más radicales.
Pero por razones prácticas muy obvias, el caso catalán merece otra cosa que énfasis verbal y retórica amenazante; merece incluso resolución propositiva. Es verdad que ha habido síntomas de una nueva actitud, más lúcida y más política, antes y durante el verano. Parece que en los despachos del poder central ha dejado de creerse que el proceso que lidera Artur Mas es nada más que una operación de marketing y repostería magnificada por medios cautivos y el clientelismo de un Estado pequeño y corrupto (por mucho que pueda haber esos ingredientes). Hoy ya parece claro que hay más cosas y son más complicadas. Lo que sigue sin haber es una consistencia política condigna a la naturaleza del problema local y del problema general: el cambio de ciclo histórico que estamos viviendo en estos años de crisis y espanto no parece encontrar en el Gobierno del PP más que un gestor táctico y un administrador sin iniciativa política.
Pero eso es lógico. La mayoría absoluta del PP y la brutalidad de la crisis hicieron aplazar para la segunda mitad de la legislatura las leyes de tonelaje político, el reformismo conservador que de veras justifica a un Gobierno que es muy, muy de derechas. Es ahora, en este año, año y medio, cuando el PP pondrá en modo ejecutivo lo que hasta ahora estaba en modo programático, con la avanzadilla dura de la reforma laboral y otras más fantasmas (como los proyectos jibarizados de Ruiz-Gallardón o la fanfarronería invasiva de Wert). Ahora viene la derecha a hacer lo que de verdad quiso hacer desde el principio.
En ese cuadro macro, Cataluña sigue siendo sobre todo un estorbo y un obstáculo, pero todavía no una oportunidad de reformulación del Estado sin destrozarlo todo, sin acabar con todo y sin retóricos reformismos. Hoy parece ya que todos sabemos que éramos federalistas sin saber que lo éramos: el soberanismo rampante ha hecho advertir a quienes no lo somos (ni lo creemos ventajoso ni necesario) que el Estado construido desde 1978 y revisado en los sucesivos Estatutos debe ser preservado como valor fundador de un Estado europeo. Nadie se desalienta ya al oír el proyecto de un nuevo federalismo que asuma la inclusión regulada y diferenciada de la pluralidad de naciones que constituyen el país sobre una idea elemental pero tantas veces callada. Regular la diferencia significa precisamente que somos sustancialmente iguales, padecemos sustancialmente los mismos problemas y no existen elementos que justifiquen alardes de singularidad narcisista de ningún tipo, y mucho menos en términos de ejemplaridad civil o política. Nos parecemos con alarmante proximidad identitaria.
Que el PP no lidere un proyecto de desarrollo federal del Estado tiene sentido y lógica política. Pero que el PP se excluya o descarte de ese proyecto no la tiene. Esa reforma del Estado pasa por la complicidad del PP y su complicidad sólo puede fundarse en el interés político de jugar esa carta, en su valor de salvavidas práctico y argumental en el mapa del futuro. Rajoy habló antes del verano en gestos y en frases que ofrecían la esperanza de una actitud más productiva y realista en el asunto. Y más allá de las fechas litúrgicas, no hay razón alguna para descartar esa ruta. Tanto si la confesión de Pujol ha sido parte de una operación de Estado para devaluar el proceso soberanista, como creen algunos, como si es el resultado forzoso de la investigación judicial y policial sobre los desafueros del clan Pujol, la realidad política sale beneficiada de esa sacudida porque reordena el mapa y pone a la vista lo que estaba oculto. Jugar en política con las cartas sobre la mesa favorece la transparencia y a lo mejor permite que otras realidades eclipsadas sean tan visibles como necesarias: ahora es más fácil explicar que el Estado de las autonomías es una modalidad de organización federal; lo hemos sido con otro nombre y con una singular operación jurídica que nació a la sombra del miedo hace treinta y tantos años.
El desbloqueo político que parecía detectarse antes del verano, o antes del 25 de julio y la carta de Pujol, puede fortalecerse hoy con un lenguaje y una gestualidad que dejen de ser tacticistas para convertirse en proyecto consistente. El aliado óptimo del PP sólo puede ser el PSOE de Pedro Sánchez, pero seguramente también las bases de partidos como UPyD, Ciutadans, Izquierda Unida e Iniciativa-Verds. Pero no para repetir el mantra negacionista y supersticiosamente constitucionalista sino para ofertar la recomposición de un Estado en el que todos somos fundamentalmente semejantes con acento abierto o cerrado, con propensión al mar o la montaña, con afición a los caracoles o a la perdiz escabechada, y poco más. No parece que ese acuerdo político de reforma constitucional deba ser rompedor o revolucionario, pero sí parece instrumento a la vez coherente con el pasado y respetuosamente democrático para reducir la distancia que separa hoy, no a los ciudadanos entre sí, sino a la sociedad y el Estado mismo.
Jordi Gracia es profesor y ensayista y su último libro ha sido José Ortega y Gasset (Taurus).