Después de la sentencia

La democracia es una actitud frente a la vida (Montserrat Roig). La sostiene la sociedad y las instituciones deben expresarla en todas sus manifestaciones. Mi primer problema con la sentencia es que supone varios pasos atrás para la democracia. Me cuento entre los que pensaron que una España democrática y desarrollada despejaría para siempre su histrionismo autoritario y aceptaría su carácter plurinacional. Me equivoqué. La sentencia – por favor no la minimicemos con ridículos porcentajes-significa que en España una parte de su clase política e institucional – PP al frente, pero gran parte del PSOE detrás-ha decidido que la última palabra sobre la soberanía del pueblo la tiene el desdichado Tribunal Constitucional. La soberanía del pueblo catalán no reside en el Parlamento autonómico, ni en las Cortes Generales españolas, sino en la interpretación que de cualquier cosa presente o futura quiera hacer el TC. Ganar unas elecciones, hacer leyes y consolidar mayorías no importa: lo decisivo es dominar el Tribunal Constitucional. Esta sentencia supone un importante retroceso democrático, el más significativo desde 1981.

Mi segundo problema es que la sentencia agudiza hasta extremos insoportables la penetración partitocrática de nuestras instituciones públicas. El TC es un tribunal político, penetrado por la política partidista en todos sus poros. Todo el mundo lo sabe. El PPnoha dudado en instrumentalizarlo. El PSOE, por defecto, lo ha aceptado. La política española es hoy una magnífica productora de cinismo. ¿Qué valores ejemplifican lo sucedido? Para la mayoría de los ciudadanos catalanes está claro: manipulación del poder institucional al servicio del partidismo más retrógrado, al servicio de la idea más cavernícola posible de España. ¿Para qué participar en la vida política si el TC hace y deshace a su antojo? Este es mi tercer problema: la sentencia dibuja una España inaceptable para quienes desde el catalanismo hemos pretendido una España democrática y plural. La España que nos propone es regresiva y retardataria y de nuevo actúa como si tuviese derecho de propiedad sobre Catalunya.

Mi cuarto problema con la sentencia tiene que ver con el Estado. Si el Estado, con sus instituciones y leyes está monopolizado, controlado y sesgado a favor de una de sus partes, no es el Estado eficaz que Catalunya precisa. Una nación, para garantizar el mínimo bienestar a sus ciudadanos y hacer frente a un futuro complicado, precisa un Estado eficiente y adecuado. Un Estado es una herramienta para la construcción del presente y el futuro de la nación. Cada vez somos más los catalanes que dudamos que el actual Estado español convenga a nuestros intereses como ciudadanos de pleno derecho. Entiéndase: el malestar catalán no es el reflejo del viejo catalanismo romántico; es la respuesta a un Estado cada vez más uniforme y menos capaz de dar respuesta a nuestros retos y anhelos colectivos. El Estado que la sentencia impone es inadecuado para hacer frente al futuro. Globalmente, el problema de muchos catalanes no es España en abstracto sino el Estado que nos imponen. No nos conviene, ni nos interesa, ni es suficientemente democrático; ni es compartido, ni resulta agradable.

La sentencia ha destruido las reglas de juego de 1978 y muchas esperanzas. Que nadie se sorprenda por tanto si una mayoría de catalanes pasamos a exigirnos a nosotros mismos un Estado eficiente y adecuado a los retos actuales; si no puede ser compartido será propio. De ello depende el futuro de nuestra comunidad, no en términos abstractos y románticos, sino en términos muy concretos: nos estamos jugando nuestro trabajo, bienestar, democracia y nuestro lugar en el mundo.

La sentencia ha conseguido que la opción por la independencia racional deje de ser cosa de separatistas para ser también cosa de federalistas y de muchos indiferentes. Ha acentuado el salto del independentismo sentimental al independentismo de la razón. Ha fulminado el viejo debate entre independentismo, federalismo y soberanismo. Ha señalado que en España no cabe más que una nación y que además no hay federalistas. Después de la sentencia, Catalunya se sabe nación, pero además ha percibido que no puede contar con el Estado actual. Sabe que deberá aprender a desplegarse como Estado en todas las competencias que ya posee, aprender a ser mucho más exigente con los restos del naufragio del Estado españolista y con cada una de las competencias que ejerce en su contra, y sabe que deberá aprender a construir un catalanismo europeísta y veintiuncentista que la ubique en el mundo. La sentencia ha
contribuido a situar nuestro derecho a ser en su punto más álgido. La sentencia ha liquidado la vieja vía pedagógica y exige un nuevo respeto democrático. La democracia es una actitud y el futuro – recordemos-no tiene dueño. Está muriendo la era de las naciones cerradas y los estados uniformes y la sentencia insiste en ello. Quienes la han aplaudido deberían preocuparse. Han pretendido que Catalunya diese un paso atrás y han conseguido que diese dos hacia delante. Más pronto que tarde se darán cuenta.

Ferran Mascarell