Por Joan Tapia, periodista (EL PERIÓDICO, 29/10/06):
Zapatero dijo el viernes que, según su información, De Juana Chaos, juzgado el mismo día en la Audiencia Nacional, apoya el proceso de paz. Poco después, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, criticó al presidente por unas declaraciones "claramente inoportunas". ¿Es lógico que el portavoz del CGPJ descalifique una posición política del jefe del Ejecutivo?
A primeros de octubre, la mayoría del CGPJ se negó varias veces a dar amparo al juez Garzón, ferozmente atacado por un rotativo madrileño. La razón es que Garzón había desmontado una denuncia, presentada por miembros de la policía científica, que pretendía relacionar a ETA con los atentados del 11-M, aquellos tras los cuales Aznar telefoneó a los directores de diarios para asegurar que no había duda sobre la autoría del terrorismo vasco. ¿Es lógico que el CGPJ deniegue el amparo a un juez acusado de prevaricar?
También parece que algunos jueces y tribunales han acentuado el celo contra Batasuna tras el alto el fuego permanente de marzo. El Estado de derecho debe funcionar. Pero sorprende que se decida irrumpir en las herriko tabernas, para controlar el patrimonio de la ilegalizada Batasuna, tres años después de la ilegalización. Sin embargo, lo más grave es la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de procesar a Ibarretxe por recibir a tres miembros de Batasuna. Batasuna fue ilegalizada al amparo de la ley de partidos, discutible, pero votada en plena ofensiva terrorista. ¿Es lógico ahora, tras tres años sin asesinatos, llevar el rigor en su aplicación hasta el extremo de procesar al lendakari? ¿Es irrelevante que el Parlamento votara que, si desaparecía la violencia, se debía dialogar no ya con Batasuna si no con ETA?
¿Si se procesa a Ibarretxe y no se hace lo mismo con el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, 19 reuniones confesadas con Batasuna, o con el secretario del PSE, Patxi López, que salió en televisión el pasado julio junto a Otegi, no se pretende, más que hacer justicia, humillar al lendakari y a las instituciones vascas?. Y si la justicia es ciega, ¿qué debe hacer la Audiencia Nacional cuando enviados del Gobierno se reúnan con ETA, como hicieron tres altos cargos del presidente Aznar. ¿Procesarlos? ¿Imputar a Rubalcaba y Zapatero por instigar la comisión de un delito? En el súmmum del disparate, ¿debería pedirse el suplicatorio de los diputados que apoyan la negociación con ETA?
ALGUNOS jueces parecen haber perdido el sentido común. ¿Actúan por motivos políticos? Una inteligente periodista del rotativo madrileño ha escrito que el actual proceso de paz implica la victoria política de ETA y que el último bastión es el poder judicial. ¿Tiene razón la inteligente periodista cuando apunta que el poder judicial debe abortar el proceso de paz?. ¿Vuelve a ser irrelevante que el proceso esté dirigido por el Gobierno legítimo de la nación y tenga el apoyo de todos los partidos, menos uno, y una amplia mayoría parlamentaria?
Es difícil de admitir. Pero muchos jueces militan en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), próxima al PP. Y el órgano de gobierno de los jueces, formado por 20 consejeros nombrados por Congreso y Senado, se eligió con la mayoría absoluta de Aznar. Y, a menudo, cuesta distinguir las declaraciones de su presidente, Francisco Hernández, o las de consejeros de su cuerda, de las de los líderes populares. El PSOE tiene el Gobierno, pero el CGPJ está en manos del partido de la oposición.
¿Estamos ante un frente del rechazo integrado por la oposición y la mayoría del CGPJ con el refuerzo de una parte de la prensa de la capital y la radio episcopal? Zapatero tendría el Gobierno, pero no el control del aparato del Estado. Y dicho frente instrumentalizaría mecanismos judiciales para descarrilar el proceso de paz. Así el PP no solo habría roto el eje del pacto antiterrorista, por el que la oposición apoya la política del Gobierno --como hizo Zapatero con Aznar--, sino que instaría al poder judicial a hacer fracasar la política de Zapatero. No se trataría de procesarlo, como a Ibarretxe, sino de liquidarlo políticamente.
Y HAY INDICIOS preocupantes. El mandato del actual CGPJ termina en noviembre y la renovación debe hacerse con una mayoría parlamentaria de tres quintos, lo que obliga al acuerdo PSOE-PP. Y otra periodista del mismo rotativo ha escrito que el PP no tiene ninguna prisa en consensuar los nombres. Así, el actual CGPJ y su mayoría conservadora prolongarían su mandato. ¿Hasta el fin de la legislatura?
La justicia no es neutra. En Estados Unidos, las reformas de Roosevelt no tuvieron vía libre hasta que desaparecieron los miembros del Tribunal Supremo, de mandato vitalicio, opuestos al New Deal Y la garantía de que el Gobierno pueda gobernar.. En España, si la politización se extrema y no se puede renovar el CGPJ, habría que pensar en sustituir la cláusula de los tres quintos de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la de la mayoría absoluta. Enterrar la exigencia de un consenso amplio para las grandes instituciones del Estado no es bueno. Pero permitir que se boicotee algo tan vital como la política antiterrorista del Gobierno legítimo, podría ser peor. La democracia implica respetar los derechos de la oposición. También la separación de poderes de Montesquieu.