Hace años hablé con la directora de una gran fábrica en la capital camboyana, Nom Pen. La preocupaba que más de 100 de sus empleados vivían en barriadas junto al río alrededor del edificio. Sus hogares corrían el riesgo de inundarse, pero a los trabajadores los asustaba más todavía que los expulsaran de allí. Incapaces de demostrar legalmente su posesión y defenderse, vivían apiñados a la sombra de la fábrica temiendo permanentemente que los desplazaran.
Cuando no hay derechos de propiedad, prima la ley de la selva; y ahora los grupos vulnerables y la población de la capital en su conjunto enfrentan un nuevo peligro: el proyecto de la Ciudad ING, que cuenta con todos los ingredientes para convertirse en un desastre ambiental y humano.
El proyecto procura urbanizar los humedales que cubren aproximadamente 1500 hectáreas al sur de Nom Pen y constituyen el único sistema de tratamiento de aguas servidas de la ciudad, además de formar la única barrera entre los residuos cloacales sin tratamiento de la ciudad y las poblaciones de peces en los ríos Mekong y Bassac. Por otra parte, aproximadamente el 70 % de los efluentes pluviales y cloacales salen de la ciudad por allí, por lo que los humedales son fundamentales para evitar inundaciones.
Pero la Ciudad ING ahora está rellenando los humedales con arena para crear terrenos urbanizables. Los peligros del proyecto se señalan en «Smoke on the Water» (Humo sobre el agua), un informe presentado en julio por un grupo de ONG camboyanas, que detectó que más de un millón de personas en Nom Pen enfrentan un mayor riesgo de inundación (y hay 1000 familias en riesgo de ser desalojadas).
Las 300 000 viviendas proyectadas para la Ciudad ING están orientadas principalmente a compradores ricos de China y Japón. No hay planes para proporcionar viviendas a los pobres y algunas comunidades de los humedales ya recibieron amenazas de expulsión.
Las imágenes satelitales sugieren que aproximadamente un tercio de los humedades ya fueron rellenados con arena y se prevé que cuando la urbanización esté terminada habrá utilizado más arena que cualquier otro proyecto en la historia de Camboya. Esto podría afectar la estabilidad de las márgenes de los ríos Mekong y Bassac, que están siendo dragadas para obtener el material.
Como parte del plan, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) planea financiar una planta de tratamiento de aguas residuales para Nom Pen. JICA declaró que, en la medida de lo posible, las instalaciones se construirán en «tierras públicas» para evitar expropiar tierras a los residentes.
La realidad es que el gobierno puede reclasificar las tierras a voluntad según sus necesidades. Los antiguos residentes de Boeung Kak lo saben por experiencia: en febrero de 2007, la urbanizadora privada Shukaku Inc. arrendó las tierras —donde estaba uno de los pocos lagos naturales que quedaban en Nom Pen— por 79 millones de dólares, muy por debajo de su valor de mercado. En agosto de 2008 el gobierno cambió la clasificación de la tierra de «estatal pública» a «estatal privada», lo que le permitió desalojar a los residentes. Poco después Shukaku comenzó a rellenar el lago y las fuerzas de seguridad estatales respondieron a una serie de protestas con violencia.
La falta de derechos sobre la tierra claramente establecidos en Camboya permite ese tipo de episodios. Bajo el régimen de los Jemeres Rojos, entre 1975 y 1979, se abolió la propiedad privada y los registros catastrales del país fueron completamente destruidos. Después de la caída del régimen, los reclamos por la propiedad de tierras previos a 1979 continuaron siendo anulados y el Estado se mantuvo como único terrateniente legal. Aunque la legislación eventualmente permitió la propiedad privada de la tierra, el sistema de registro es opaco y bizantino; a lo largo de los años esto permitió al gobierno desalojar a muchos camboyanos sin considerar sus derechos ni bienestar, a menudo para tener acceso a recursos naturales como la madera y el azúcar.
En este tipo de situaciones, el medioambiente suele sufrir: se convirtieron parques nacionales y santuarios de vida salvaje en plantaciones de caucho y se talaron bosques en nombre de las exportaciones de madera. Resistirse puede ser fatal, el activista Chut Wutty, líder del Grupo de Protección de los Recursos Naturales, fue asesinado en 2012 por oponerse a la deforestación ilegal.
La Ley de Suelos de 2001 de Camboya solo aparentó solucionar el problema y no ofreció protección a los residentes de Boeung Kak. Según el Informe 2020 sobre el País para Camboya elaborado por la fundación Bertelsmann Stiftung, el sistema de títulos de propiedad continúa siendo «engorroso, caro y pasible de corrupción. La mayoría de los propietarios carece de documentación para demostrar la propiedad».
Más aún, los títulos de propiedad de la tierra pueden ser impugnados, porque son varias las agencias estatales habilitadas para emitirlos. La fundación Bertelsmann Stiftung halló que los «títulos fuertes» emitidos por los organismos del gobierno central, como la oficina de administración de tierras y planificación, priman sobre los «títulos débiles» de las autoridades locales. Como es de prever, los interesados industriales pueden obtener «títulos fuertes», mientras que las personas comunes reciben los «títulos débiles», desechables.
La única solución es revertir el proceso de captura del Estado que ha convertido al gobierno camboyano en un agente de los intereses industriales privados en vez de defender a los ciudadanos. Las evaluaciones ambientales de proyectos como el de Ciudad ING debieran estar a cargo de un regulador fuerte e independiente, designado por su capacidad en vez de por sus conexiones políticas y con poder para revisar o poner freno a los proyectos.
Para proteger a quienes permanentemente sufren el riesgo de ser desplazados, Camboya necesita un sistema de registro civil adecuado y un registro inmobiliario moderno. Si la India puede hacerlo con más de mil millones de personas, Camboya, con 16 millones, no tiene excusa alguna.
Sam Rainsy is a former Cambodian finance minister and current opposition leader.