Después de la caída de Saddam Hussein, Estados Unidos presionó con éxito a los acreedores para que condonaran gran parte de la deuda externa de Irak. Altos funcionarios estadounidenses, incluido Paul Wolfowitz, más tarde presidente del Banco Mundial, sostuvieron que el pueblo iraquí no debe cargar con las obligaciones que el dictador contrajo con el fin de enriquecerse y oprimir a sus súbditos. Citando una doctrina de larga data en el derecho internacional, los defensores de una condonación de la deuda de Irak afirmaron que era "odiosa". Como resultado, los acreedores dejaron de estar protegidos por las normas jurídicas mundiales.
A medida que el cambio político nuevamente recorre el Oriente Próximo, el tema de la deuda "odiosa" está de vuelta. Sin embargo, toda deuda contraída por un régimen opresor anterior no puede, por esa sola razón, ser clasificada como "odiosa". La pregunta es:¿cuánto del dinero se destinó a proyectos de desarrollo meritorios y cuánto terminó apuntalando el régimen y llenando los bolsillos de sus dirigentes?
En el caso de Egipto, por ejemplo, el Ministro de Cooperación Económica Faiza Abu al-Naga sugirió en enero que Mubarak mismo dirigía la política de endeudamiento extranjero del país y "supervisaba todo el proceso." Incluso si es cierto, puede que desde el punto de vista legal no hubiera nada erróneo con ese acuerdo. Después de todo, por largo tiempo los préstamos y la ayuda a Egipto por parte de EE.UU. y otras potencias occidentales han estado estrechamente imbricados con consideraciones geopolíticas, y el uso de las herramientas de financiación para respaldar a un aliado leal en una región inestable no es odioso o ilegítimo per se.
Sin embargo, en la medida que los fondos aportados para la represión interna o para el enriquecimiento personal de los dirigentes del régimen, los entidades prestatarias tienen cierta responsabilidad, por lo menos de aliviar a los contribuyentes de la carga de la deuda que se deba pagar con su dinero, o de la indiferencia hacia sus intereses. Pero esta responsabilidad no puede ser absoluta o ilimitada y debe limitarse a situaciones en que los acreedores estaban al tanto (o deberían haber sabido) de que los fondos podrían ser utilizados con fines corruptos o represivos.
La mayor parte de la deuda externa estimada de entre 35 y 37 mil millones de dólares de Egipto se adeuda a acreedores oficiales (gubernamentales) e instituciones de desarrollo multilaterales y regionales. Al mismo tiempo que el Banco Mundial calificara públicamente a Egipto como uno de los países más corruptos de la región, su propia Corporación Financiera Internacional lo mantiene como cliente principal.
Del mismo modo, el endeudamiento externo de Túnez aumentó significativamente en los últimos años, a pesar de que la percepción de corrupción, según los índices de Transparencia Internacional, empeoró de forma importante. En ambos países, una pequeña élite gestionó y manipuló la economía para su propio beneficio, pero le resultó fácil ganar los elogios de las instituciones financieras internacionales cada vez que hizo gestos en dirección liberalizadora.
Sin duda, el alivio de la deuda hará más fácil para los nuevos regímenes proceder a implementar políticas muy necesarias para crear empleos, mejorar la infraestructura y desarrollar el capital humano. Pero el fondo del tema de la cancelación de la deuda tiene relación fundamentalmente con la justicia de transición. El riesgo de una negociación apresurada con los acreedores para la condonación de la deuda es que podría impedir un proceso de rendición de cuentas por el pasado
En su lugar, se debe establecer una comisión independiente para examinar la política de endeudamiento extranjero del régimen anterior, sus objetivos y efectos, y lo que las entidades acreedoras sabían (o se podría razonablemente suponer que conocían) sobre esos objetivos y efectos.
Dicha comisión debe estar compuesta en gran parte por ciudadanos nacionales que gocen de credibilidad pública en general, tal vez con una delegación minoritaria de expertos extranjeros. Su mandato debe ser no sólo para asignar responsabilidades de las decisiones pasadas, sino también para forjar las recomendaciones para un endeudamiento transparente y responsable en el futuro. Sobre la base de las conclusiones de una comisión así, el nuevo gobierno debe iniciar discusiones con sus acreedores oficiales, incluidas las instituciones financieras internacionales.
Los críticos a la condonación de la deuda "odiosa" argumentan que genera el riesgo de desalentar futuros préstamos a algunos países en desarrollo, dada la incertidumbre de que se paguen o no. Sin embargo, cuando los regímenes opresivos utilizan el crédito externo para posponer las necesarias reformas políticas y económicas nacionales, ese puede ser un buen resultado.
Como mínimo, los acreedores tendrían que examinar más atentamente a aquellos a quienes están prestando, y a qué se destina el dinero realmente. Si los acreedores hacen la vista gorda a la corrupción y la opresión, deberían tener que pagar un precio.
Por Robert Howse, profesor de derecho internacional en la Universidad de Nueva York y autor de un estudio sobre la deuda "odiosa" para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; y Ruti Teitel, profesor de derecho internacional y transnacional en la New York Law School, profesor visitante en la London School of Economics y autor de Transitional Justice. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.