Dictadura constitucional

Cuando el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró en el Congreso que vivíamos una «crisis constituyente» no es que manejase una posibilidad es que adelantaba acontecimientos. Lo escribí en estas páginas y me he ocupado de seguir lo que vivimos en este río que nos lleva. En 2020 se publicaron tres artículos reveladores sobre la «crisis constituyente» y su camino: la «dictadura constitucional». Al menos son los que yo recuerdo. Uno del maestro de periodistas y académico Luis María Anson, otro del profesor, constitucionalista y periodista Francisco Marhuenda, y un tercero del profesor y economista Mikel Buesa.

Leídos hoy estos artículos resultan premonitorios del sendero que recorre Sánchez no desde la improvisación sino desde el cálculo. El resistente decidió, y no ahora, resistirse a la democracia como la entendió Montesquieu, con división de poderes y garantías de equilibrio, y no oponerse a quienes ahora le obligan, desde el chantaje, a saltarse todas las líneas rojas arrasando la esencia misma de la democracia desde la igualdad ante la ley hasta el imperio de la Justicia y otros mandatos constitucionales como el fundamental Artículo 2: «La Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (…)». «Se fundamenta»; es preexistente a la propia Constitución, aunque con chulería rampante los independentistas no lo acepten y Sánchez lo desprecie por su egocentrismo y ansia de poder. Para Sánchez sólo hay un ciudadano: Sánchez.

La última exigencia de Puigdemont es que España pida perdón por el fusilamiento, tras juicio y sentencia, de Luis Companys, otro golpista. Produjo en Cataluña muchos más muertos que los recientes terremotos de Afganistán. Seguro que Sánchez también se plegará a esta exigencia que le saldrá gratis, dispuesto a poner la retambufa para que se alivie el prófugo como en la portada de una publicación humorística en la que Yoli aparece, puño en alto, tercera en la escena, bajo la palabra «mamporrera». Cuando un dirigente pierde la dignidad y muestra su debilidad los chantajistas se aprovechan.

El concepto «dictadura constitucional» lo acuñó Carl Schmitt estudiando la Constitución de Weimar de 1919 que en su artículo 48 otorgaba al presidente poderes excepcionales para suspender derechos fundamentales, lo que podía suponer legalizar golpes de estado bajo un manto constitucional. Casado mencionó esas dos palabras en un debate con Sánchez que, desconociendo los antecedentes y no sólo en la Constitución de Weimar, le señaló que dictadura y Constitución eran términos antagónicos. El presidente del Gobierno, por ignorancia, contestó lo primero que se le ocurrió. La «dictadura constitucional» es aplicable a algunas decisiones y movimientos de Sánchez.

Sánchez, al elegir la vía del estado de alarma y no la del estado de excepción, conculcó derechos fundamentales de los españoles con los sucesivos encierros durante la pandemia, además de acumular un poder inaudito. Es el único presidente del Gobierno cuyas acciones ha «reprobado» en cuatro ocasiones el TC: confinamiento, cierre del Parlamento, nombramiento –por un decreto que nada tenía que ver– de Pablo Iglesias para la Comisión que hace el seguimiento del CNI, y procedimiento de nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de RTVE. En cualquier democracia europea el presidente del Gobierno hubiese dimitido ante tal descalabro jurídico sentenciado por su Tribunal de Garantías. Sánchez ni se lo planteó.

Tras las elecciones del 23-J los tics autoritarios de Sánchez se dispararon. Desde su autoproclamación como candidato a la investidura, entre críticas, sin esperar a la decisión del Rey. En el tiempo de espera de Feijóo escuchamos a Sánchez y a sus palmeros quejarse repetidamente porque el candidato del PP «hacía perder el tiempo a los españoles». ¿Y el tiempo que nos está haciendo perder Sánchez al que su presidenta del Congreso ni le ha señalado fecha de investidura? Porque el tiempo lo marcan los independentistas y en España ya no está garantizada la separación de poderes. ¿De quién dependen Armengol y Conde Pumpido? Pues eso.

El penúltimo escándalo es el abuso del Gobierno en funciones. Sánchez se salta la ley 50/1997 del Gobierno que limita la gestión de un Ejecutivo en funciones al «despacho ordinario de asuntos públicos» (Artículo 21.3), y es así porque no es un Gobierno votado por el Congreso tras las elecciones. En cada Consejo de Ministros se toman decisiones que van más allá del «despacho ordinario» y comprometen al futuro Gobierno por más que nuestro autócrata se vea sucesor de sí mismo por su ocupación de todos los poderes. En un solo Consejo de Ministros se aprobaron compras de suelo por 272 millones de euros, compras de material militar por 96 millones de euros, ayudas al cine por 14 millones de euros. Y parece que el Consejo de Ministros trabaja en el indulto de los socialistas condenados por los EREs. Sánchez gobierna para los suyos, favorece a los suyos y los demás no cuentan. Otro atentado vergonzoso contra la igualdad de los españoles. Ello llevó a Alfonso Guerra, que para Sanchez será facha y desde luego nada progresista, a definir la situación como «democratura».

Y al fondo un Gobierno enfrentado en su seno que nos lleva a hacer el ridículo en la UE. El presidente es Sánchez pero las decisiones se toman en Waterloo. De todos los socios el más pánfilo es Ortuzar. Otegui será lendakari con la ayuda y el aplauso de Sánchez. Ortuzar caerá pero ya será tarde para el País Vasco y para España entera. Los golpes de Estado ya no precisan sino la decisión de un tipo sin escrúpulos y la pasividad de un pueblo en buena parte silente, aborregado, comprado con baratijas y engañado con mentiras.

Juan Van-Halen es escritor. Académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.

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