En nuestra sociedad y dentro del ámbito político, el mal por excelencia se llama dictadura, que se asimila con tiranía y supone la expresión del peor diablo, con el rabo más retorcido. Tiene su explicación porque históricamente la dictadura es un momento político adscrito a un hombre y no a una ideología y es más fácil aborrecer una cara que se ha erigido en paradigma. Por eso se estigmatiza a Hitler, a Pinochet y a Franco -todos en el mismo saco- y no al comunismo.
Sin embargo la dictadura es un legítimo sistema político, aceptado en todos los tiempos, por el que se conceden poderes extraordinarios a una persona, o grupo de personas, en atención a situaciones también extraordinarias y por tiempo determinado. Esta última condición es fundamental porque el riesgo para la sociedad que concede una dictadura es que se prolongue más allá de los motivos que la hicieron necesaria. Un buen y cercano ejemplo es la dictadura de Miguel Primo de Rivera, recibida con aplausos atronadores y que terminó triste y oscuramente, aunque con el insólito fin de una consulta del dictador pidiendo al país su parecer y con la más insólita decisión de acatar su resultado.
Hoy se identifica el vocablo dictadura con tiranía, reuniéndolos ambos como sinónimos del mismo concepto. De ese modo, por ignorancia o estrategia, quedan sin señalar las tiranías ideológicas y entre ellas la más dañina de todas, el comunismo.
Recordemos que el comunismo sojuzgó a una enorme extensión de territorios que abarcaban desde el centro de Europa -Alemania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía- a toda la inmensa Rusia y en la lejana Asia a China, Corea e Indochina; que en todas esas sociedades imperó el desprecio por la dignidad humana bajo el imperio del partido único, con una Policía más que cruel, y que es la ideología responsable de los mayores genocidios sufridos por la humanidad, con tumbas que se elevan a decenas de millones. Pues bien, el comunismo no se identifica con tiranía y en varios Estados europeos, asiáticos y americanos se acepta legalmente en pie de igualdad con otros partidos políticos. Milagros de la semántica y de unos tiempos relativistas cuya norma es que todo es aceptable si no utiliza violencia y que tienen horror a la exigente verdad.
La semántica encierra curiosas sorpresas: estoy seguro de que habrá quien se rasgue las vestiduras si oye definir de dictadura a la situación española actual; sin embargo, guste o no guste es así. Las Cortes han investido al Gobierno de poderes extraordinarios para combatir a una enfermedad, el Covid-19, un hijo de la enigmática China que ha vestido de luto a España. Y la Constitución, como es norma general, contempla la posibilidad de aceptar una dictadura, esto es, conceder poderes extraordinarios para momentos extraordinarios, y lo llama de dos maneras, según amplitud y extensión de los poderes: estado de alarma y estado de excepción; la semántica ayudando a la política.
España vive ahora una dictadura y toca a los españoles, esto es, a las Cortes como institución y a los ciudadanos por lo que se juegan, vigilar su desarrollo para que el Gobierno, dictador en funciones, no se extralimite en los poderes concedidos y que tampoco alargue el tiempo a su conveniencia. Los plazos son nucleares en estas cuestiones. ¿Recuerdan que era temporal el poder omnímodo entregado a Rosa María Mateo sobre la televisión oficial? Pues «pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó y dos años pasado habían...». Pudiera ocurrir que el Gobierno utilice ahora el mismo reloj para medir el tiempo concedido con motivo de la enfermedad.
Eso en cuanto a plazos, mas si nos fijamos en los contenidos. ¿De verdad los poderes extraordinarios de los que está investido el Gobierno alcanzan para establecer una subvención que se extienda a todo el país y favorezca de esa elegante manera papeletas favorables en las elecciones? ¿Puede inmiscuirse en las decisiones empresariales sobre despidos? ¿Está autorizado a erigirse en juez de lo que publican los medios de difusión? Pero no perdamos la calma y tranquilicemos el ánimo, porque el Centro de Investigaciones Sociológicas, la voz autorizada de lo que piensa la nación y por tanto un toque de atención y de control al Gobierno, está en manos justas, independientes y veraces.
Hay que tratar con inmenso respeto y parecida prudencia todo lo que se refiere a las libertades de los españoles y a los impulsos dictatoriales de las autoridades, y ahora tendremos tiempo, en la intimidad de nuestras casas, de meditar sobre estas cuestiones, pues tengo la impresión de que vamos a poder hacerlo largo y tendido porque nuestro previsor Gobierno se ha convertido a las doctrinas ignacianas y ha hecho propio que «en tiempos de tribulación, no hacer mudanza».
Marqués de Laserna es jurado del Premio de Historia Órdenes Españolas.