Diez años después

El martes 11 de septiembre de 2001, un total de diecinueve terroristas islámicos secuestraron dos aviones de American Airlines y otros dos de United Airlines, que cubrían vuelos de larga distancia entre la Costa Este y la Oeste de los Estados Unidos, y los utilizaron como armas destructoras contra las Torres Gemelas en el World Trade Center en Manhattan y contra la sede de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, el edificio conocido como el Pentágono, en Washington D.C. El cuarto avión, que aparentemente tenía como objetivo el edificio del Capitolio federal, también en Washington D.C., se estrelló en la localidad rural de Shanksville, en Pennsylvania, cuando los secuestradores decidieron acabar con el vuelo al comprobar que los pasajeros estaban a punto de conseguir el control del aparato. Fueron 2.977 las personas que en total perdieron la vida como consecuencia de los atentados terroristas: 2.606 en Nueva York, 125 en el Pentágono y 246 en los aviones secuestrados. En el recuento no están incluidos los diecinueve terroristas suicidas afiliados al movimiento Al Qaida que siguiendo instrucciones de Osama Bin Laden realizaron la sangrienta operación. Los muertos de aquel aciago día superaban los que los americanos habían conocido durante toda la Guerra de la Independencia contra los británicos a finales del XVIII, eran el doble de los que los japoneses habían ocasionado en su ataque contra Pearl Harbor y, en una contabilidad hispana, triplicaban los producidos por el terrorismo de ETA durante cuatro décadas en nuestro país.

Como consecuencia de los impactos y de los incendios consiguientes —los aviones apenas habían comenzado sus vuelos cuando fueron secuestrados, e iban cargados de combustible— las dos Torres Gemelas se derrumbaron al poco del impacto, y otros cinco edificios del complejo del World Trade Center quedaron tan dañados que hubo que proceder a su destrucción. La iglesia greco-ortodoxa de San Nicolás quedó asimismo destruida. Lo propio ocurrió con el complejo del World Financial Center, situado en las proximidades. Las primeras estimaciones cifraban en 32.000 millones de dólares las pérdidas inmediatas achacables al acto criminal solo en Manhattan. Un ala completa del Pentágono había quedado por completo inutilizada.

La bolsa de Nueva York, que solo había suspendido anteriormente sus sesiones en 1929, cuando se produjo el «crack» financiero, y al comenzar la Segunda Guerra Mundial, cerró sus puertas hasta el lunes 17 de septiembre, y la reapertura no pudo ser más negativa: la cotización del índice Dow Jones cayó en un día 684 puntos, equivalentes a un 7,1 por ciento del total. Al final de esa misma semana había perdido 1.370 puntos, casi un 15 por ciento, cifra que solo se vería igualada años más tarde, en el 2008, al comienzo de la crisis que todavía sufrimos. En ese momento se calculaba que las pérdidas acumuladas por los valores americanos cotizados en bolsa alcanzaban el billón y medio de dólares. El resto de los mercados financieros internacionales sufrió también pérdidas significativas. El crecimiento del país se vio reducido en medio punto porcentual y el desempleo directamente inducido por el ataque terrorista alcanzó a suprimir 598.000 puestos de trabajo. Las líneas aéreas, que ya atravesaban por momentos delicados, registraron una reducción drástica en el número de pasajeros y muchas de ellas se vieron abocadas a la quiebra o directamente al cierre. El turismo en todas sus manifestaciones y alcances quedó gravemente afectado. La economía estadounidense y gran parte de la mundial conocieron una seria contracción como consecuencia de los atentados.

Atentados que se encuentran en las razones directas o indirectas para las intervenciones militares en Afganistán y en Irak que hoy, diez años después, aun reducidas en número y alcance, siguen reteniendo y ocupando importantes medios humanos, técnicos y financieros de los Estados Unidos y de algunos de sus aliados. En los diez años transcurridos desde los ataques del 11 de septiembre el presupuesto del Pentágono, nunca escaso, se ha duplicado, hasta alcanzar la cifra de 680.000 millones de dólares, que supone más del 47 por ciento del total de los gastos militares en todo el mundo. Aunque los recientes acuerdos entre el Congreso y el presidente de los Estados Unidos anuncian una progresiva reducción en esos gastos, su multiplicación exponencial en el decenio no puede dejar de evocar las causas —los atentados terroristas del 11 de septiembre— y algunas de sus consecuencias —la negativa influencia sobre el déficit fiscal y sobre la deuda acumulada en la economía americana—. Todo ello sin contar el impacto económico del reforzamiento de la seguridad interna adoptado como consecuencia de los actos terroristas, tanto en las formas de la creación del departamento ministerial de «Homeland Security» como en las reformas de las estructuras de la CIA y del FBI para dotarlas de mayor eficacia y mejor interoperabilidad.

El 11 de septiembre de hace diez años acabó bruscamente con las esperanzas suscitadas un decenio antes con la desaparición de la URSS y el final de la Guerra Fría, para inaugurar una época de incertidumbres y ansiedades. Los americanos se sintieron de repente vulnerados en su aparentemente invencible fortaleza continental y el resto del mundo junto con ellos aprendió la dura lección de los controles, las sospechas y la inseguridad generalizada. El mundo había dejado de ser la sociedad alegre y confiada de los felices noventa para convertirse en un espacio hosco lleno de obscuras asechanzas. Muchos sintieron que Bin Laden había dado la razón a Huntington en su «Choque de Civilizaciones» y a la a menudo incómoda relación de las comunidades occidentales con las musulmanas, cada una de ellas trágicamente retroalimentada por lo sucedido. Las instituciones americanas sufrieron el desequilibrio que el terror produce en las estructuras del Estado de Derecho y no siempre fueron capaces de encontrar la línea adecuada de comportamiento entre las contrapuestas demandas de libertad y seguridad cuando la ciudadanía se mostraba más que dispuesta a sacrificar parcelas de aquella para garantizar el goce suficiente de esta. Y así surgieron Abu Graib, y Guantánamo, y las cárceles secretas de la CIA, y los «procedimientos excepcionales» para los interrogatorios y toda la parafernalia de la «guerra contra el terror».

En ella seguimos. Pueden sentirse los americanos satisfechos de que en diez años hayan conseguido evitar lo que entonces encarnaba su peor pesadilla, la repetición de la barbarie, aunque lo consiguieran dejando en el camino jirones de alguna que otra libertad civil, pero los inspiradores del asesinato no cejaron en sus intentos, como lo mostraron en Madrid en 2004, en Londres en 2005 y en tantos otros lugares del mundo, preferentemente islámico, donde no hay prácticamente día en que la locura criminal de los fundamentalistas de la misma raíz no atente contra sus semejantes. Y cierto es que en nuestras sociedades, orgullosamente tenidas por occidentales, la democracia ha sobrevivido a los embates de la vesania del terror y lo ha sabido hacer con espíritu civil y coraje colectivo. No menos cierto es que el precio pagado en lo material y en lo espiritual ha sido y sigue siendo grande, y ciego resultaría negar su impacto. Vivimos en un mundo profundamente marcado por las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Diez años después sus alcances permean la cotidianeidad de nuestras vidas sin haber conseguido que desaparezca de nuestro horizonte el peligro de su retorno. La hidra sigue al acecho. La partida no está definitivamente ganada. Y reconozcamos con sobriedad el alcance de nuestra grandeza y de nuestra fragilidad: el daño que unos cuantos fanáticos desharrapados pueden causar en la fábrica social es incalculable. Mientras encontramos los caminos para arreglar sus mentes descarriadas resulta indispensable garantizar adecuadamente la defensa frente a sus fechorías. Cuyo último y declarado propósito es devolver la Humanidad a la Edad de Piedra. Ni más ni menos.

Por Javier Rupérez, embajador de España.

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