¿Digitalización de las áreas rurales? Sí, pero no a cualquier precio

¿Digitalización de las áreas rurales? Sí, pero no a cualquier precio
Shutterstock / supparsorn

España está haciendo una fuerte apuesta por la transformación digital. Es una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, reducir desigualdades, aumentar la productividad y aprovechar las oportunidades que derivan de las nuevas tecnologías. Además, se considera una estrategia clave para frenar la despoblación de la España vacía o vaciada. No obstante, para que esta digitalización sea una oportunidad para las áreas rurales hay que gobernarla y hacerla inclusiva.

Según Eurostat, en 2019 las diferencias en la UE-28 en el acceso a tecnologías de banda ancha persistían; un 10 % de las zonas rurales no tenían ninguna cobertura y 41 % solo tenían banda de 30 MBytes. También en el uso diario de internet entre los habitantes de las zonas rurales (70 %) y los habitantes de zonas urbanas (81%).

Las tecnologías digitales están reconfigurando las rutinas, normas, actores y aparatos que conforman los modelos de negocio, estilos de consumo y de compra, prestación de servicios, y también los procesos de aprendizaje e innovación. Por ello, además de ganadores, genera perdedores y oponentes que se resisten al cambio.

Una digitalización rural inclusiva

Para aprovechar los beneficios de la digitalización y minimizar sus costes, es necesario comprender las influencias mutuas entre la tecnología y las competencias sociales que permiten el acceso a la misma. El proyecto DESIRA, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, analiza los impactos socioeconómicos de la digitalización en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales en 18 países europeos.

Para hacer que la digitalización rural sea inclusiva, proponemos los siguientes principios rectores:

  1. Crear las condiciones básicas para el éxito de la digitalización en las zonas rurales. La infraestructura tecnológica no es suficiente. Hay que dotar a los habitantes de estas zonas de habilidades digitales. Además, la transformación digital debe conllevar beneficios económicos para ellos.
  2. Vincular la digitalización al desarrollo sostenible. Los procesos y estrategias deben estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La digitalización debe mejorar el capital territorial de las zonas rurales. Las soluciones digitales deben responder a las necesidades y expectativas de las comunidades y empresas rurales, al tiempo que abordan los retos de la sociedad europea.
  3. Adaptar la digitalización a los diferentes contextos mediante la participación de las partes interesadas locales. El proceso tiene implicaciones a distintos niveles por lo que debe considerarse desde una perspectiva multinivel y multiactor. Por ejemplo, la robotización puede salvar a la agricultura del declive en aquellas zonas en las que no hay relevo generacional y hay escasez de mano de obra. En otros contextos puede provocar concentración de explotaciones y desempleo. Cada zona rural tiene unos problemas diferentes. Su capital humano y sus competencias digitales pueden responder de forma diferente a los incentivos a la digitalización.
  4. Favorecer la inclusión digital de todos los ciudadanos evitando marginación y polarización. Incluso en igualdad de condiciones, la digitalización puede generar un desarrollo desigual. Los primeros en adoptar pueden tener ventajas competitivas con respecto a los últimos. Para garantizar la igualdad de acceso a las posibilidades, deben establecerse políticas activas de inclusión digital, escuchando e implicando a todos los grupos sociales y económicos del medio rural, especialmente a los más vulnerables y desfavorecidos.
  5. Desarrollar ecosistemas digitales locales que vinculen las necesidades locales con el conocimiento digital. La contribución de la digitalización al desarrollo rural implica integrar agentes, infraestructuras, aplicaciones digitales, datos y servicios. El desarrollo de ecosistemas de digitalización propicios necesita de conectores, o intermediarios, es decir personas y organismos que fomenten la transición digital a nivel local, seleccionando las mejores tecnologías y promoviendo el intercambio de datos y la interoperabilidad.
  6. Desarrollar modelos de gobernanza adaptados y adaptables. Existe una clara necesidad de cambiar los actuales modelos de gobernanza de la digitalización y desarrollar otros que aborden las especificidades del mundo rural de forma coherente y consistente. Estos modelos deben pasar de ser reactivos a ser proactivos, implicar a múltiples actores integrando a los representantes de la ciencia y la innovación con los responsables políticos, la sociedad civil y los ciudadanos, y generar procesos compartidos que equilibren los juegos de poder.También es necesario un conocimiento local profundo de las partes interesadas y su papel en la sociedad local, de las oportunidades y amenazas de negocio y de cómo adaptar la comunicación para diseñar y aplicar oportunidades de desarrollo digital sostenible adaptadas a la realidad rural.
  7. Diseñar instrumentos de política para la digitalización sostenible que apoyen a las comunidades locales en el desarrollo e implementación de planes de acción de digitalización. La digitalización sostenible implica un ambicioso programa de transformación social, que entienda cómo las tecnologías digitales pueden desencadenar la reconfiguración de las relaciones sociales y económicas. Es necesaria una nueva generación de políticas para las zonas rurales revisadas y diseñadas a la luz de las oportunidades y las amenazas que la digitalización supone para ellas.

La digitalización tiene profundas repercusiones en nuestras vidas, pero no puede ser entendida como un fin. La gobernanza de la digitalización ha de ser un proceso inclusivo que contribuya al desarrollo sostenible del mundo rural.

María del Mar Delgado-Serrano, Catedrática de Universidad en el Departamento de Economía Agraria, Universidad de Córdoba. En la elaboración de las investigaciones que dan lugar a este artículo han contribuido Gianluca Brunori (Universidad de Pisa), Lies Debruyne (ILVO), Antonio Brunori (FPC), Talis Tisenkopfs (BSC), Blanca Casares (AEIDL) y Enrique Nieto (AEIDL).

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