Siguiendo dos resoluciones del Consejo de Seguridad, en marzo de 2011 la OTAN toma bajo su control todas las acciones militares en Libia en la denominada Operation Protector. El 25 de ese mes, coge el mando supremo el general de la fuerza aérea canadiense Charles Bouchard. Unos días antes, el 10 de marzo, había asumido la responsabilidad del componente marítimo el vicealmirante Rinaldo Veri. Fuera cual fuera su bandera, todos y cada uno de los buques de Unified Protector estaban a la orden de este oficial italiano. Pues bien, instancias como la Federación Internacional de Derechos Humanos, apoyadas en sólidos informes sobre el caso de la Oficina de Inmigraciones de la Comisión Europea y de la Universidad de Londres, dan crédito a los hechos siguientes:
El 27 de marzo de 2011, un avión francés divisa en las costas de Libia, entonces en plena guerra, una embarcación zodiac con numerosas personas a bordo, entre ellas mujeres, niños y hasta dos bebés, y extrae una foto de la misma. Horas después la embarcación tiene una avería y lanza un mensaje de socorro registrado por los guardacostas italianos, que lo relanzan a intervalos durante 10 días. El 27 de marzo hay en los parajes de Libia 38 navíos de guerra, muchos de ellos franceses, enmarcados en la evocada operación de la OTAN. Un helicóptero de la coalición se aproxima a la embarcación lanzando paquetes con víveres, un navío de guerra se limita a circunvalaciones de vigilancia. Los náufragos pierden todo contacto, su embarcación navega a la deriva durante más de dos semanas, y cuando finalmente encalla en las costas de Libia el 10 de abril, 63 personas habían perecido por inanición, sobreviviendo 11, dos de las cuales morirán después. Entre los varones, varios etíopes que habían encontrado trabajo en la Libia de Gadafi y que ahora intentaban huir de la pesadilla en que se había convertido su primer país de acogida.
Una querella es interpuesta en París, celébrándose dos juicios sucesivos. En el último, el pasado 6 de diciembre, se confirmó el veredicto del primero: los responsables del Ministerio de Defensa sostienen que ningún barco francés se hallaba en el entorno y la juez no ve razón para poner en tela de juicio su palabra. ¿Se trataba pues de barcos de otra nacionalidad integrados en Unified Protector? El pasado 23 de noviembre se interpuso asimismo una demanda al respecto en Bélgica, cuyo navío BNS Narcisse formaba parte de la expedición. Se ha hablado asimismo de la fragata española Mendez Núñez, por lo cual una demanda coincidente en fecha pero independiente de la francesa fue presentada ante la Audiencia Nacional en junio pasado. La responsabilidad va a seguir diluyéndose... mientras el sentimiento de abismo moral se incrementa.
No es la primera vez que entre las costas de Libia e Italia se asiste a casos de violación de elementales principios marítimos. El 23 de febrero de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condena a Italia por los hechos acontecidos en mayo de 2009 cuando, atendiendo a la feroz política inmigratoria del entonces ministro del Interior, el miembro de la secesionista Liga Norte Roberto Maroni, una embarcación con 200 personas de Somalia y Eritrea en busca de refugio, son trasbordados a un navío italiano, no para acordarles la ayuda que esperan sino para conducirlos, contra su voluntad y con métodos violentos, hacia las costas de Libia.
En el caso de Operación Protector no es en modo alguno creíble que el mensaje de socorro retransmitido por los guardacostas italianos no fuera captado por los potentes medios de la escuadra, y la obligación para un capitán de acudir “a toda máquina” en ayuda cuando reciba información de naufragio, “de la fuente que sea”, es artículo esencial de la Organización Marítima Internacional (IMO en Inglés). La ley escrita no hace en este caso más que recoger un imperativo profundamente anclado en la conciencia universal, de cuyas consecuencias caso de ser violado la gran literatura se ha hecho muchas veces eco.
Por desgracia para la causa de la dignidad intrínseca de todos los seres humanos no se dan hoy las condiciones sociales que permiten atender a estos imperativos no escritos. Se ha repetido ad nauseam que el discurso del “buenismo” es totalmente inoperante. Pero a la hora de gestionar algo tan tremendo como es el flujo de emigrantes huyendo de la guerra, la indigencia, el miedo, o todo junto, una cosa es que la poca disposición de los países potencialmente de acogida no permita el empleo de guantes blancos y otra muy diferente es que obligue a tener las manos inexcusablemente sucias.
Si algún navío (francés, belga, español u otro) integrado en la operación estuvo en condiciones de acudir en auxilio de una barca a la deriva y no lo hizo, el título mismo de Operation Protector se convierte en un sarcasmo. ¿Qué habría pues desviado de su obligación a los comandantes de los buques receptores del mensaje de auxilio? ¿No temían que la falta fuera severamente juzgada por el oficial responsable de la operaciones marítimas? La peor respuesta es que por su origen los náufragos no fueron en este caso considerados dignos de ser auxiliados. Pero ello obviamente no sería índice de la objetiva indignidad de los mismos, sino del deshonor de quienes así les juzgaron, deshonor en última instancia del vicealmirante al mando.
Víctor Gómez Pin es catedrático de Filosofía de la UAB.