Una de las características más notables de nuestra esfera pública es el alineamiento político de los medios de comunicación, lo que ha llevado con frecuencia a la idea de que, en este país, más que confiar en los partidos, los votantes confían en los medios que los apoyan y que defienden su ideario respectivo. En los años de la crisis, esta situación se agudizó como consecuencia de que, por un lado, una de las primeras decisiones del PP nada más llegar al Gobierno (2012) fue someter a RTVE a control gubernamental, tumbando así la reforma de 2006 que tanto éxito había tenido en la despolitización de la citada televisión pública. En tanto que, por otro, la falta de sintonía entre el PSOE de Pérez Rubalcaba y La Sexta propició que esta última se dedicase a cultivar un nicho de audiencia a la izquierda del PSOE en el que floreció Podemos. De tal suerte que, en las elecciones de 2015 y 2016, ser televidente de La 1 de TVE era casi lo mismo que votar al PP, en tanto que ser televidente de La Sexta era la manera más fácil de identificar a los votantes de Podemos.
A decir verdad, hoy en día las cosas son un poco más complicadas, pero la dinámica sigue siendo parecida. De un lado, la radiotelevisión pública está asistiendo a una reconfiguración de sus órganos gestores que intenta recuperar el espíritu de la reforma de 2006, con el añadido de que los nuevos gestores han de pasar por un trámite de concurso público que garantice su idoneidad y competencia, tarea que le ha sido encomendada a un Comité de Expertos que hace ya tiempo que ha presentado la propuesta correspondiente. Todo muy loable si no fuera porque los recursos interpuestos y el bloqueo político en el que estamos sumidos están contribuyendo a la parálisis del procedimiento, al tiempo que se alarga el periodo de administración provisional otorgado a la nueva dirección de RTVE tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. De otro lado, el panorama de la izquierda se ha recompuesto en las elecciones de 2019 como consecuencia de que una parte de los votantes de Podemos de 2015 han retornado al PSOE, lo que ha discurrido en paralelo con el realineamiento de La Sexta, que ya no da a la formación morada la cobertura que le prestaba hace unos años.
En consecuencia, La 1 de TVE ha dejado de ser la televisión cuya audiencia se situaba más a la derecha del espectro ideológico (con Rajoy llegó a estar en el 5,5 de la escala ideológica), en tanto que ahora se desplaza lentamente hacia posiciones más próximas al votante medio (que está en el 4,8). A fin de cuentas, volver a situarse en las proximidades del votante medio sería el mejor indicador de que recupera su condición de servicio público. En tanto que, por otra parte, la audiencia de La Sexta atempera también su posición ideológica, al pasar del 3,5 en el que llegó a estar en 2015 al 3,7 en el que se situaba en octubre de 2019, según la encuesta preelectoral del CIS.
Conviene precisar, en este punto, que el CIS pregunta por las preferencias de los votantes acerca de su canal de televisión, su periódico y su cadena de radio preferidos a la hora de informarse sobre política, lo que nos permite establecer la relación entre los medios y los partidos. Es verdad que en esta relación influyen otras variables como la edad o el nivel de estudios, pero, si descontamos el efecto de estas otras variables, los resultados son muy reveladores: a) ser televidente de Antena 3 duplica la probabilidad de votar al PP o a Cs; b) ser usuario preferente de los medios de Prisa (prensa o radio) multiplica por 2,5 la probabilidad de votar al PSOE; y c) ser televidente de La Sexta multiplica por tres la probabilidad de votar a Unidas Podemos. El único partido nacional que escapa a esta influencia de los medios es Vox, por cuanto sus votantes no tienen un medio de referencia y se valen principalmente de medios no convencionales (redes sociales) a la hora de votar.
Por su parte, la 1 de RTVE tiene una audiencia mucho más repartida, toda vez que ser televidente de esta cadena afecta por igual a la probabilidad de votar PP, Cs o PSOE, lo que parece ser un primer indicio de que la televisión pública ha iniciado el camino de la despolitización. Para que esta andadura de RTVE llegue a buen puerto es fundamental que la reforma de sus órganos gestores se realice de la manera más escrupulosa y que el Congreso culmine de una vez el proceso de selección iniciado por el Comité de Expertos con arreglo a criterios de mérito y competencia.
¿Está la democracia española preparada para resolver este tipo de situaciones y devolver a la RTVE su condición de servicio público? La idea más extendida es que, tal como está de polarizada la situación política, la capacidad de la democracia española para regenerar sus instituciones es limitada y lo más que podemos esperar es un reparto de cuotas entre los partidos de la mayoría gobernante. Ahora bien, este resultado empeoraría el de la reforma de 2006, toda vez que la norma de 2006 requería una mayoría de dos tercios del Parlamento a la hora de nombrar el órgano rector de RTVE, en tanto que la norma actualmente vigente requiere tan solo mayoría absoluta, lo que quiere decir que la parte del espectro ideológico que puede quedar excluida del consenso es cada vez mayor. El problema es que si aumentamos el nivel de consenso exigible corremos el riesgo de bloqueo, tal como ocurre con la renovación de la cúpula del Poder judicial. Dicho en otras palabras, estamos condenados a elegir entre reparto de cuotas en un espectro ideológico cada vez más reducido o bloqueo institucional. Este es el resultado de la fragmentación y de la polarización como tendencias dominantes de la política española en los últimos años.
En ocasiones se supone que una democracia de audiencia es aquella que convierte a los votantes en espectadores pasivos del espectáculo descarnado e insustancial con que los medios construyen la política de nuestros días, pero la democracia de audiencia, en su sentido original, es una democracia al servicio de la audiencia, capaz de superar los estrechos límites de la partidocracia y, por lo pronto, de devolver a los medios financiados mediante impuestos su condición de servicio público. Ya sé que a este Gobierno no se le va a juzgar por lo que vaya a pasar en RTVE (a fin de cuentas, la actualidad está dominada por otros desafíos), pero este es el tipo de test que un Gobierno preocupado por la calidad de la democracia no debería eludir ni desvirtuar.
Juan Jesús González es catedrático de Sociología de la UNED.