Dinero anónimo

En noviembre de 1993, inmediatamente después de las elecciones generales, el director del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), Luis Aguiar, convocó a algunos diputados y profesores de Ciencia Política y Derecho Constitucional para un debate sobre la financiación de los partidos políticos, dentro del más amplio sobre regeneración democrática que el nuevo Gobierno socialista quería proponer. El CEC pidió a cuatro de los invitados que presentaran sendas ponencias: Enrique Álvarez Conde, Roberto Blanco, Pilar del Castillo (experta en el tema y luego ministra de Educación y Cultura con Aznar) y yo mismo. Me referiré a estas dos últimas ponencias porque expresan los dos principales sistemas de financiación de partidos que hay en los países occidentales.

La propuesta de Del Castillo miraba al modelo de Estados Unidos: basar la financiación de los partidos en las contribuciones privadas, liberalizándolas y desgravándolas fiscalmente. Por mi parte, propuse exactamente lo opuesto, es decir, el modelo europeo (continental) más extendido: financiación preferentemente pública, porque nadie da importantes sumas de dinero a cambio de nada, especialmente las grandes empresas. Y dije algo más. Destaco lo que fue mi propuesta número 5: “prohibición de toda aportación anónima” (CEC, Madrid, 1994, página 72). Y es que la Ley 3/1987, entonces vigente, y que se había aprobado en su día con unanimidad parlamentaria, permitía las donaciones a los partidos sin obligación de que fueran nominativas, dentro de unos márgenes. Así se mantuvo, desgraciadamente, hasta 2007.

El caso Filesa, de financiación irregular del PSOE —que empezó en 1991 y culminó judicialmente en 1995, y que se saldó con un alto precio político para la izquierda— había puesto de manifiesto que la democracia española necesitaba una ley de financiación de los partidos que estableciera algo básico: la publicidad de las contribuciones privadas, punto de partida esencial para evitar la corrupción. Sin embargo, los Gobiernos de Aznar (1996-2004) no quisieron modificar la ya inservible Ley 3/1987.

Creo que esa deficiente regulación —el anonimato de la entrega de dinero— es uno de los puntos que explican hoy el caso Gürtel y los llamados “papeles de Bárcenas”.

Los partidos conservadores, en España y fuera de España, han recibido tradicionalmente una importante financiación de los poderes económicos. Según ha señalado J. M. Irujo (EL PAÍS, 4-2-2013), el PP declaró al Tribunal de Cuentas haber recibido en donativos anónimos, entre 1992 y 2007, 28 millones de euros. Si lo sumamos a los ingresos por ese concepto de los partidos conservadores nacionalistas catalanes y vascos, resultan más de 80 millones de euros en ese periodo. Compárese con el PSOE + PSC: 7 millones de ingresos. No hay proporción. De forma natural, la financiación que nace de las corporaciones privadas se dirige muy mayoritariamente a los partidos del espectro del centro-derecha.

Pero el fondo de la cuestión es la relación patológica y estructural que se ha dado entre los intereses de una parte del sector de la construcción residencial y otros sectores económicos, y algunos dirigentes de la derecha política española. Una relación que se estrecha en los años de la burbuja inmobiliaria (que es, a su vez, la causa central de la gravísima crisis económica que sufrimos, y de millones de parados) y que da lugar al caso Gürtel. Todo ello aprovechando que la ley de 1987 no ponía dificultades a las contribuciones privadas, porque eran anónimas. Por su opacidad y secretismo, constituían una gran tentación para, en parte declararlas al Tribunal de Cuentas, y en parte no, como podría deducirse de los apuntes de la contabilidad atribuida a Bárcenas.

Esa contabilidad paralela, hecha pública por EL PAÍS, y que Rajoy ha sido hasta ahora incapaz de explicar, finaliza en 2008. Es precisamente la fecha en que acababa de entrar en vigor la nueva Ley 8/2007 de Financiación de Partidos, que estos días no ha sido citada y que es decisiva.

Esta ley, de la primera legislatura de Zapatero, realiza un cambio sustancial, que muestra que el Partido Socialista había aprendido la lección de su pasado: prohíbe las donaciones privadas anónimas a los partidos. Es una reforma legal que significaba el fin —o, al menos un obstáculo muy potente— para un modelo Gürtel o un modelo Bárcenas. Además, obliga a los partidos a abrir en las entidades de crédito cuentas específicas y exclusivas para ingresar todas las donaciones privadas.

No solo eso. La regulación de 2007 extiende el control del Tribunal de Cuentas, y la obligada transparencia de las contribuciones privadas, a las fundaciones de los partidos.

La Ley de 2007 no es perfecta, pero constituye un instrumento válido para evitar o para luchar contra la corrupción en la financiación de los partidos, porque dificulta la acción de los “corruptores”, los que suministran ilegalmente el dinero a los “corrompidos”. Esto es especialmente injusto para los militantes de los partidos, que desconocen las prácticas de unas pocas personas en las cúpulas.

A mi juicio, aún falta dar capacidad controladora al Tribunal de Cuentas para que pueda investigar también las cuentas de las personas jurídicas que hayan dado cantidades de cierta entidad a aquellos. Más aún. Creo que habría que prohibir las donaciones de las empresas a los partidos políticos. En realidad, solo se deberían permitir aportaciones por personas físicas. Este debate hay que abrirlo.

Pues bien, la ley que dio transparencia, por fin, a las donaciones a los partidos fue debatida y votada en el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 2007. ¿Saben qué votó el Partido Popular? El Partido Popular de Rajoy perdió una gran oportunidad y votó en contra. El único grupo que votó en contra.

Ese mismo día, el Congreso votó otra importante reforma legal del Gobierno socialista: la Ley del Suelo, que derogó la nefasta ley que había hecho posible la crisis inmobiliaria (la Ley del Suelo de Rodrigo Rato). ¿Qué hizo el PP cuando se puso a votación la derogación de la ley que había permitido la mayor especulación inmobiliaria de la historia de España? El PP votó en contra.

Diego López Garrido es diputado del PSOE y catedrático de Derecho Constitucional.

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